"La Generalitat está buscando arrastrar a los ciudadanos y crear una protesta social. Intentamos evitar eso, nuestra prioridad es impedir el referéndum con garantía de proporcionalidad, inteligencia y prudencia", decía un íntimo colaborador de Mariano Rajoy en los pasillos de la Moncloa. No habían pasado ni 24 horas del inicio de la campaña por el 'sí' al referéndum y la Policía Nacional había arrancado carteles y efectuado identificaciones e incautaciones de material por orden judicial. Pero en la otra punta de Madrid, en el Congreso, un miembro del grupo del PSOE se lavaba las manos: "Son acciones de la Fiscalía, ahí no podemos entrar"; como tampoco, decía, si el Tribunal Constitucional suspendía a políticos catalanes.

La afilada maquinaria del Estado ha encontrado bajo el rostro del Fiscal General, José Manuel Maza, la máscara idónea para estrechar el asedio a la celebración del 1 de octubre, sin que ni la ciudadanía catalana, ni el secretario general socialista, Pedro Sánchez, puedan señalar –directamente– como culpable a la figura de Rajoy. Ni por acciones como la Guardia Civil personándose en medios de comunicación para advertirlos sobre la publicidad del 1-O, ni por la incautación de 100.000 carteles. "Si uno cree en la independencia de los poderes", justificaba la fuente amiga del presidente.

La acción se insinuó la semana anterior, cuando la Fiscalía se querelló contra el Govern, y Rajoy se ahorró pedir –de momento– las suspensiones al TC. Y siguió esta semana con la carta de Maza enviada a los alcaldes catalanes avisándoles de posibles citaciones para declarar si colaboran con la puesta de urnas, bajo amenaza de detención si se niegan a ello. "Municipalizan el antirreferéndum", denunciaba el diputado del PDeCAT, Ferran Bel, desde el Congreso, para rechazar la acción del Ministerio Público, mientras presentaba una petición de comparecencia junto a ERC, En Comú y Bildu.

La cuestión es que el elenco de funcionarios del Estado no había reparado en "errores" estratégicos derivados de la medida, señalados en privado por miembros del Govern. Primero, que los ediles son los cargos más próximos a los ciudadanos, y embestirlos extendería el malestar como la pólvora. Segundo, las dudas de algunos catalanes sobre la acción de la Fiscalía, a raíz de la Operación Catalunya. Por eso, fuentes próximas a Rajoy volvían la cara acusando a la Generalitat de alentar un clima de revuelta. "No sería nuevo, Artur Mas tuvo que entrar en el Parlament en helicóptero", recordaban sobre los recortes de CiU.

De ese modo, en la Moncloa se distanciaban con el pretexto de que ya habían hecho su aportación la semana anterior, con los recursos contra las leyes de desconexión ante el TC. "El Gobierno preservará la concordia, no quiere debilitar más el maltrecho equilibrio social" en Catalunya, decía el portavoz Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros en el que el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, aprobó intervenir de facto las finanzas de la Generalitat.

A la sazón, la vía fiscal permitió al Partido Popular mantener la cohesión entre los "constitucionalistas", inquietos por las medidas que pudiera emprender Rajoy. Una fuente de la dirección socialista reconoció su "temor" si el Govern desobedecía, a la vez que desde Ciudadanos exigían más "firmeza" para no encontrarse el 1-O por la noche contando votos y el PNV advertía sobre retirar el apoyo a los presupuestos de 2018 –aunque fuentes populares descartan que suceda, debido a los acuerdos financieros y de infraestructuras con el Ejecutivo vasco.

Pero la contradicción fue más acentuada en las filas del PSOE. Las fuentes se abstuvieron de opinar por "respeto" a la decisión de los jueces, incluso si en el TC llegaban a suspender cargos. Eso, pese a que fue el mismo partido de Sánchez quien presentó hace semanas en el Congreso la petición de reprobación del Fiscal General del Estado por la Operación Lezo, y que el propio PSOE instó a derogar la ley que otorga al Alto Tribunal la potestad sancionadora. Sin embargo, este silencio se rompió cuando los periodistas preguntaron a la jueza Margarita Robles si le parecía oportuno suspender el acto en Madrid por el referéndum. Sucinta, dijo que siempre fue "una defensora de la libertad de expresión".

Sin embargo, en la Moncloa creen que la pugna entre legalidad y autodeterminación ha empezado ya. "El Estado de derecho tiene sus garantías, que ellos dinamitaron en el pleno de la semana pasada. Desde aquel pleno [leyes de desconexión], ya no hay garantías", decían, abriendo la puerta a cualquier acción que se pudiera emprender en Catalunya. Rajoy lo repetía en Barcelona: "Nos obligarán a hacer lo que no queremos hacer". Y es que "el Estado tiene su ritmo", justificaba una fuente del Gobierno sobre la lentitud aparente de los movimientos del "elefante".