El último cartucho para buscar una salida pactada al referéndum no ha durado ni veinticuatro horas. El tiempo necesario para enviar el correo electrónico con la oferta del president, Carles Puigdemont, a la Moncloa y recibir la respuesta con la negativa del jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy. El portazo no sólo ha fulminado literalmente el último intento de buscar una salida dialogada a la tensión institucional entre Catalunya y el Estado, sino que puede haber precipitado el tramo final de la hoja de ruta del procés.
La contundencia de Rajoy ha desencadenado un efecto no esperado por el ejecutivo español. El independentismo había diseñado un meticuloso recorrido para poder impulsar el referéndum con todas las garantías y el reconocimiento internacional y eso incluía agotar las vías del acuerdo. De repente, sin embargo, el escenario ha dado un giro acelerado. "La pista para el anuncio del referéndum ha quedado libre", admitía uno de los estrategas del procés consultado por El Nacional.
Cuando Puigdemont envió la carta al jefe del ejecutivo español el miércoles advirtiéndolo que había llegado "el momento imprescindible para que los dos gobiernos se puedan sentar a la mesa a dialogar", no hacía más que materializar uno de los movimientos de un programa preciso que tiene que marcar los últimos pasos del proceso. La propuesta se vio precedida por la recogida de 500.000 firmas en el marco del Pacto Nacional por el referéndum; la conferencia lunes en Madrid del mismo Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, y el conseller, Raül Romeva, en Madrid; y la aprobación en el consell executiu de este martes del acuerdo para plantear formalmente al Gobierno del Estado el referéndum, que se ha publicado este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat.
Era la primera vez que el ejecutivo catalán formalizaba su petición y la última oportunidad antes de dar por cerrada la posibilidad de una salida negociada. Desde Presidència no había intención de eternizar la respuesta, Puigdemont había apuntado públicamente un margen de un par de semanas. La espera, sin embargo, ha sido mucho más breve que la que preveía el Govern.
A media mañana de este jueves la carta de respuesta de Rajoy llegaba a la plaza Sant Jaume y se hacía pública, incluso a través de la cuenta personal de Twitter del presidente español. "Considero inexcusable volver a reiterarle no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional", advertía Rajoy, que ni siquiera ha querido aprovechar el tiempo que le permitía ganar el gesto del Gobierno.
Mi respuesta a la carta del president de la Generalitat. Diálogo en la ley y defensa de los derechos de todos los españoles. MR pic.twitter.com/zWjKczn3gO
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 25 de mayo de 2017
Para no dejar ninguna grieta de duda, la oficialización de este rechazo se ha visto precedido este miércoles por nuevas declaraciones de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el sentido de que el Estado está dispuesto a hacer lo que haga falta para impedir el referéndum.
Puigdemont no ha escondido la decepción. Ante una importante representación del mundo económico y financiero catalán reunido a la inauguración de la reunión anual del Cercle d'Economia de Sitges, el president ha asegurado que la propuesta del Govern era "honesta y ambiciosa" y ha admitido que la respuesta de Rajoy "no es la que esperábamos ni sirve para resolver o encauzar la situación". Ha explicado, además, a instancias del presidente del Cercle, Juan José Brugera, el rechazo a acudir al Congreso como propone el ejecutivo español -"tenemos que hacer las cosas diferente de como las hemos hecho hasta ahora y que no nos han permitido resolver la situación", ha argumentado.
El último intento de buscar una salida pactada al pulso de la Generalitat en el Estado ha durado incluso menos de lo que sus promotores más escépticos pronosticaban. El proceso entra ya -definitivamente- en una nueva fase. Y lo hace mucho más rápido de lo que estaba previsto, por decisión, esta vez, del Gobierno español.