El Gobierno se desentiende de la petición del presidente del Parlament Roger Torrent, quien se ha dirigido en una carta a Mariano Rajoy para abordar la investidura del cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont. Según avanzan desde la Moncloa, las "cuestiones judiciales" no son cosa del presidente del ejecutivo, sino de los juzgados. Esta respuesta llega después de que Rajoy adelantara tras el 21-D que no podía mediar para que Puigdemont volviera a España sin ser detenido o procesado, ya que era acusado por varios delitos y primero tenía que responder ante el juez.
Fuentes del ejecutivo han indicado que hasta el momento no se ha recibido en el Palacio de la Moncloa ninguna carta del presidente del Parlament de Catalunya. Rajoy, si bien, se encuentra este lunes inaugurando un tramo de AVE y ha ofrecido un discurso público, aunque no se ha pronunciado sobre la cuestión. Preguntados por El Nacional, en el Partido Popular consideran "muy cabal" que no se ceda a este diálogo. "No tiene por qué reunirse con presidentes de parlamentos autonómicos, ante una ilegalidad flagrante", ha dicho el portavoz de comunicación Pablo Casado en la rueda de prensa de este lunes.
Aun así, como adelantó este medio, Rajoy tiene el recurso de inconstitucionalidad a punto para abortar cualquier intento de investir al cabeza de lista de JxCat a distancia.
También preguntado por este diario —sobre si negarse al diálogo era una forma de no reconocer la voluntad de los 70 escaños independentistas— Casado ha respondido que no creía en "mandatos populares", ya que "adjetivar la democracia era poco demócrata". Aquí se ha vuelto con el argumento de que el político gerundense compareciera ante la Justicia. "La ley nos iguala a todos y nos protege. El último Parlament fue disuelto por no cumplir la ley. La respuesta no se tiene que dar a través de investiduras ilegales. [Torrent] se tiene que ocupar de coser heridas y no infringir el reglamento, no de la comunicación epistolar con el Palacio de la Moncloa", ha zanjado.
El mismo Torrent, si bien, había anunciado que la situación era "anómala" en la Cámara catalana, ya que Puigdemont se encuentra de momento en Bruselas –aunque hoy ha viajado a Dinamarca para una conferencia sobre el conflicto soberanista. Sobre eso, Casado ha denunciado que el president del Parlament comenzase con "mal pie proponiendo a un prófugo de la Justicia" como candidato, al par que le ha advertido de delito posible de malversación si va a Bruselas a verle.
La cuestión es que los populares se resignan ante la negativa del juez Pablo Llarena de reactivar la petición del ministerio público sobre la euroorden para detener a Puigdemont, con motivo de su viaje a Dinamarca. "Nosotros lo respetamos. Las motivaciones jurídicas corresponden a los jueces, aunque ha sido muy acertada la petición de la Fiscalía, y conforme a derecho", ha respondido el dirigente del PP. Ahora bien, fuentes populares descartan que eso sea un nuevo fracaso del Estado: "Es él quien lleva casi tres meses en Bélgica", se jactan sobre el catalán.