El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha comparecido este jueves rodeado de todo su gabinete para anunciar que durante el Consejo de Ministros extraordinario se había dado la orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional las normas aprobadas por el Parlament y el Govern para convocar el referéndum independentista del 1 de octubre. "Se intenta imponer el referéndum de manera atropellada, chapucera e ilegal, y no se celebrará. No habrá referéndum de autodeterminación porque supone privar a todos los españoles del derecho a decidir su futuro", ha sentenciado Rajoy.

En concreto, el Gobierno impugna ante el Alto Tribunal la ley del Referéndum, el decreto de convocatoria firmado por el president Carles Puigdemont y todos los miembros del Govern, así como los decretos de normas complementarias para llevarlo a cabo y el acuerdo de la cámara catalana que designa la sindicatura electoral —el órgano equivalente a la Junta Electoral Central, que está formado por cinco personalidades ilustres. "Es un acto de claro de intolerancia y desobediencia de nuestras instituciones", se ha quejado el presidente.

Según han informado fuentes de vicepresidencia del ejecutivo central, cada uno de estos decretos lleva también la petición de suspensión —que paralizaría todo antes de la resolución.

Asimismo, Rajoy ha precisado que pedirá al TC que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y a los 947 alcaldes de Catalunya que tienen "el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa relativa a la organización del referéndum". (Consulta aquí la carta). A esta cifra se suman los responsables de los medios públicos catalanes (la corporación catalana, entre ellos, TV3 y Catalunya Ràdio), dicen fuentes del gabinete de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Las fuentes añaden que el Ejecutivo también ha enviado una carta a los secretarios e interventores —que son funcionarios— para ponerse a su "disposición" y darles "confianza y apoyo". Una misiva similar fue enviada desde Presidencia hace unas semanas, recuerdan las fuentes.

Desde la Moncloa insisten en que todas las autoridades y funcionarios públicos, aunque no sean notificados, se dan por advertidos una vez se hagan públicas estas peticiones en los boletines oficiales del Estado. En adelante, las cuestiones de procedimiento serán llevadas a cabo por la fiscalía: es decir, la investigación y posterior causa penal para desobedecer estas sentencias.

Rajoy ha comparecido manifiestamente molesto para denunciar la actuación de las instituciones catalanas este mediodía a las 14:15h. "Lo que no es legal no es democrático", ha insistido. La argumentación se ha basado en dos preceptos iniciales: el principio de legalidad, "como garantía de convivencia y libertad, al margen de cualquier legitimidad alternativa,", y la soberanía nacional, "que garantiza el derecho de todos los españoles a decidir su futuro". "Nuestro país no es el resultado de una ocurrencia de último minuto", se ha jactado.

El tercero de los argumentos residía en que la culminación del proceso soberanista suponía un "ataque a la dignidad de las instituciones" y ha agradecido tanto a la oposición del Parlament como a los mismos funcionarios que hubieran contribuido a poner trabas. "Perdieron una votación, pero obtuvieron una victoria política", les ha felicitado. El gallego ha cargado entonces de forma muy contundente contra el debate y la tramitación de la ley de referéndum este miércoles en la cámara catalana hablando de "naufragio institucional" y tildando el proceso "de espectáculo completamente deplorable".

Finalmente, Rajoy ha erigido al Ejecutivo como defensor de la Constitución y el Estatut, pidiendo al Govern y a los diputados de Junts pel Sí y la CUP en el Parlament que no siguieran "por est camino" y "no liquidasen sus propias instituciones", ha amenazado. "El Gobierno está defendiendo el autogobierno cuando se ataca la legalidad catalana, que se pretende derogar de un plumazo y sin ni la mayoría de dos tercios" ha afirmado. "Es uno de los golpes mayores que han recibido las instituciones catalanas" ha indicado, tras sentenciar que haría todo aquello al alcance para impedir el referéndum.