Mariano Rajoy ha presentado el recurso contra la ley de Presidencia para impedir la investidura a distancia del líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, acuerdo aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario de este miércoles a las 11h en la Moncloa. En segundo lugar, el Ejecutivo pide al Tribunal Constitucional que impida a los órganos colegiados de la Generalitat reunirse en el extranjero, o "por medios telemáticos". Tercero, Rajoy impugna que la reforma de la ley se tramitara en lectura única, como hizo el Parlament el viernes pasado.
El efecto inmediato es que convocar el pleno de investidura a distancia podría suponer delito de desobediencia para la Mesa y el presidente de la cámara, Roger Torrent, como ha avisado el portavoz Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior. "Se intenta impedir cualquier fraude de ley" ha excusado, tras los más de 25 recursos que Rajoy ha presentado en causas relativas al proceso. Cuando estas peticiones de recurso sean admitidas a trámite por el Alto Tribunal, la ley quedará suspendida, en virtud del artículo 161.2 de la Constitución.
No se esperaba que la decisión se comunicara a través de una rueda de prensa, pero ante la escalada de tensión con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, esta mañana en el Congreso, la Moncloa ha convocado los medios a las 13h. Rivera ha anunciado que su apoyo al 155 quedaba suspendido, y sobre los efectos de la jugada, De Vigo ha apelado a la "lealtad, la responsabilidad y la madurez" de la formación naranja, así como ha pedido mantener el acuerdo de investidura entre Partido Popular y Cs por "la estabilidad", la recuperación económica, y para garantizar la continuidad de las "políticas de Estado".
La cuestión es que la Moncloa ha registrado el recurso a la Ley sobre las 13: 45h, y horas más tarde que el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), también controlado por Rajoy, la publicase esta madrugada, tras el aval del Consejo de Estado y el aviso del Consell de Garanties Estatutàries. El objetivo del ejecutivo es tumbar "determinados preceptos" en palabras de De Vigo, y que ningún candidato pueda defender su programa de gobierno "sin estar presente", algo que garantizarán "con todos los mitjans jurídicos al alcance".