El presidente del gobierno Mariano Rajoy ha respondido a su homólogo Carles Puigdemont por carta pidiéndole antes del jueves una rectificación y el retorno a la legalidad constitucional, considerando que de forma contraria, sería "el único responsable" de que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Eso ocurre porque el Gobierno interpreta que el mandatario catalán no ha aclarado la situación con sus apelaciones al diálogo, y la no respuesta al requerimiento tendría el mismo efecto que un 'sí' de facto, sobre si declaró la independencia el pasado 10 de octubre en el Parlament.
Lo ha comunicado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia exprés en la Moncloa. "No era muy difícil decir sí o no. En un tema tan importante como este solo se pide claridad", ha denunciado la vicepresidenta, quien ha lamentado que no "se entendía la obstinación, la confusión y la perseverancia para tensar la confusión al límite", ha añadido. La cuestión es que Santamaría ha insistido sobre que Rajoy estaba ofreciendo una "oportunidad de rectificar y volver a la legalidad" previa al 5 de septiembre, antes de aprobar las leyes de desconexión.
Según fuentes del ejecutivo, Rajoy habría hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, antes de enviar la carta. En ella, pide a Puigdemont que en las horas que faltan hasta el jueves a las 10 h –el segundo plazo del requerimiento– abandone un proyecto que "solo favorece a los que pretenden liquidar la concordia cívica e imponer un proyecto radical y empobrecedor para Catalunya", en una alusión implícita a la CUP. Ahora bien, según la vicepresidenta, ya no se trata solo de aclarar la situación, sino de "revocar" la declaración de independencia y volver "al juicio".
En caso contrario, entraría en vigor el artículo 155 de la Constitución, que según Santamaría "no es para suspender el autogobierno, sino para que se ejerza con acuerdo a la legalidad, y la autonomía, y conforme a los parámetros constitucionales y estatutarios", ha zanjado. En caso opuesto, la misiva del presidente deja claro que Puigdemont sería "el único responsable" de que se implemente la medida –abriendo la puerta a las consecuencias penales–. Así las cosas, la número dos de Moncloa no ha adelantado medidas para no contentar a los "sectores más radicales" del independentismo.
Ante ese escenario, la posición del Ejecutivo es firme en cuanto a la interlocución a la que le insta la Generalitat, considerando que solo se podría hacer una vez que vuelva a la "legalidad constitucional". "No resultan creíbles sus llamamientos al diálogo en nombre del conjunto de Catalunya, cuando usted se niega a hablar con una parte de su sociedad a través de sus representantes", expone Rajoy sobre la oposición del Parlament. "Como usted sabe, representan a un número superior de ciudadanos en votos", dice sobre la suma de PSC, Partido Popular, Ciutadans y Catalunya Sí Que Es Pot.
En ese mismo sentido se ha pronunciado Santamaría, asegurando que el diálogo "no se exige, se practica". Aquí ha insistido sobre la negativa de Puigdemont hace unos meses a comparecer ante el Congreso para presentar su proyecto –con la condición que fuera sometido a votación, algo que el Govern descartó al querer una negociación bilateral–. Eso se suma al ofrecimiento del PSOE y el Gobierno sobre el hecho que el mandatario catalán asista a la comisión de la Cámara Baja donde se debatirá en el plazo de seis meses una reforma constitucional no definida todavía.
La vicepresidenta ha dado por imposible así toda reunión antes del jueves entre Rajoy y Puigdemont, pidiéndole que "dejara de enredar", pues tenía en su mano evitar medidas posteriores. El gallego completa su posición en la misiva, recordando que la Unión Europea "había expuesto la posición rotundamente contraria a la independencia", que el 1 de octubre no había sido "una consulta válida", y que no podía "aceptar" eso que se estaría denominando como "el conflicto histórico entre Catalunya y España", sino que los únicos conflictos serían de legalidad y "fractura social".