Òmnium Cultural ha celebrado que 45 policías españoles vayan a juicio por el 1-O y su presidente, Xavier Antich, ha avisado de que "no nos detendremos hasta acabar con la impunidad". "Gracias a la fuerza de la sociedad civil, 45 policías se sentarán en el banquillo de los acusados. A pesar de los obstáculos de la fiscalía y contra un Estado que vulnera derechos fundamentales", ha añadido Antich en un tuit de este miércoles. También ha lamentado que el 1 de octubre acabó con "más de 1.000 heridos", pero todavía sin "ningún policía condenado" después de cinco años. Consultado por TV3, el presidente de la entidad ha dejado claro que esto solo se trata de un "paso previo" y que la celebración de verdad llegará cuando llegue la condena.
El magistrado de Barcelona Francisco Miralles ha ordenado sentarse en el banquillo de los acusados a 45 agentes por las intervenciones violentas que llevaron a cabo contra los votantes en las escuelas, después de cinco años investigando las cargas policiales del referéndum del 1 de octubre en la capital catalana. Sin embargo, ha decidido archivar el procedimiento contra veinte agentes más. Es en este contexto que en Òmnium, como acusación popular, han asegurado que no pararán "hasta conseguir que todos los agentes que participaron paguen por el daño hecho al pueblo de Catalunya". "¡Basta de impunidad!", ha reclamado la entidad, que antes ha celebrado haber conseguido que "algunos policías españoles vayan a juicio por la violencia del 1-O".
La reacción de Irídia al juicio de 45 policías
Quien también forma parte de la acusación popular es Irídia, centro para la defensa de los derechos humanos. "Es una gran noticia para acabar con la impunidad", ha manifestado la entidad en Twitter. Su codirectora y portavoz, la abogada penalista Anaïs Franquesa, ha añadido en una valoración posterior que la decisión del juez "responde al trabajo de la sociedad civil que puso en servicio imágenes, fotografías y experiencias vividas para poder identificar a los agentes". Pero también ha denunciado que ha sido "muy difícil" conseguir información por parte de la policía española, cosa que evidencia que "faltan mecanismos externos de control y fiscalización" de las actuaciones policiales. Es decir, que "en muchas ocasiones" el cuerpo respondía que no disponía de la información que se les requería desde los juzgados o que no tenían de actuación ni directrices claras en el uso de la fuerza. De la misma manera, ha lamentado en TV3 que "los autores intelectuales (de las cargas policiales) no están en esta resolución" y que solo hay "algunos de los responsables que estaban en el terreno".
Esto no es todo, ya que la ANC es otra entidad que se personó como acusación popular después de que el Ayuntamiento de Barcelona fuera expulsado. En un comunicado, la organización independentista ha avanzado que ahora estudia presentar un recurso al auto con tal de obtener más imputaciones. Y es que en la capital catalana hubo 27 escuelas afectadas y más de 300 denuncias por heridos a raíz de las cargas policiales. "La Assemblea, como entidad promotora del referéndum de autodeterminación, mantiene su compromiso con los derechos fundamentales y la defensa de las personas agredidas por la policía en su ejercicio del derecho a la autodeterminación, y seguirá actuando con tal de que se llegue a la condena de los responsables de aquella agresión contra votantes en el referéndum de independencia", ha añadido la entidad.
Según el juez instructor, los policías imputados pudieron incurrir en los delitos previstos de los artículos 174 y 175 del Código Penal: torturas y delitos contra la integridad moral — además de "delitos leves o menos graves de lesiones". Ahora, la fiscalía y las acusaciones que representan los heridos tienen cuarenta días para que presenten los escritos de acusación en contra de los 45 agentes.