La decisión de la Audiencia de Barcelona de decretar la libertad provisional para Dani Alves ha levantado polvareda. Como ya pasó con la sentencia, ha habido un goteo de reacciones, también desde el mundo de la política. Una de las primeras en pronunciarse ha sido la exministra de Igualdad Irene Montero. A través de las redes sociales ha apuntado: "Los hombres poderosos pueden comprar su libertad. Este es un peligroso mensaje de desprotección para todas las mujeres". La dirigente de Unidas Podemos hace referencia a la fianza de un millón de euros, que muchos usuarios en las redes también se han sumado a criticar. "Necesitamos que la justicia sea feminista e igual para todo el mundo", ha sentenciado la exministra.

Por otra parte, Sumar también ha acudido a las redes sociales para mostrar su rechazo hacia la decisión de la Audiencia de Barcelona. La plataforma liderada por Yolanda Díaz ha apuntado a la misma dirección que Montero: destacando que el capital de Alves le permitirá eludir más tiempo la prisión. "Dani Alves puede esperar en su casa la sentencia definitiva de una violación porque tiene un millón de euros. La justicia es patriarcal y clasista. Ya basta", ha afirmado en un tuit acompañado del hashtag #SeAcabó.

Una fianza de un millón de euros

El tribunal ha impuesto una cantidad de un millón de euros y la retirada del pasaporte brasileño y del español. También se le ha prohibido salir de España y acercarse o comunicarse con la víctima. Deberá presentarse de forma presencial cada semana a la Audiencia de Barcelona y las veces que sea reclamado. La decisión tiene el voto particular de un magistrado, y llega un día después de la vista para pedir la libertad que había reclamado su defensa. La Fiscalía y la acusación particular se opusieron. Alves fue condenado hace unas semanas a cuatro años y medio de prisión por violar a una chica en una discoteca de la capital catalana en diciembre de 2022.

En su auto, los dos magistrados que han tomado la decisión argumentan que la función de la prisión provisional "no puede ser en ningún caso la de avanzar los efectos de una hipotética pena". Así, dice que la privación de libertad tiene que ser objetivamente necesaria y que no existan otras medidas menos graves que se puedan adoptar, además de durar el mínimo tiempo imprescindible.