Reactivación final. La titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que desde el 2017 investiga excargos del Govern de Carles Puigdemont por haber organizado el 1-O, finalmente, ha aceptado acumular toda la investigación de Exteriores -abierta en el 2021, contra excargos de los gobiernos de Artur Mas y de Puigdemont-, que hasta ahora tenía la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona. Las dos fiscales del caso de Exteriors no se han opuesto a tramitar las dos causas de forma conjunta, tal como ordenó la Audiencia de Barcelona al considerar que investigaban lo mismo: la promoción de la independencia de Catalunya. Y la primera medida de la magistrada Alejandra Gil ha sido citar a declarar como investigado Aleix Villatoro, exsecretario de Acción Exterior y actual director del Consejo Catalán del Deporte, el próximo 27 de junio. El abogado del cargo de ERC, Ramon Setó, ha pedido su declaración, que quiso aplazar hasta que se aclarara la competencia de las dos causas.

Villatoro y el exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, son los dos excargos que habían pedido la unificación de las dos causas penales porque estaban en los dos procedimientos (como Teresa Prohías), y aseguran que están hechos conexos y juzgarlos por separado los perjudica. Royo, defendido por Judit Gené, también se acogió a su derecho a no declarar en el juzgado de instrucción 18 hasta que se aclarara la competencia del procedimiento. A pesar de la recta final de la instrucción, la magistrada tendrá que realizar una nueva resolución para enviar la causa del 1-O y a de Exteriores a juicio.

Unos 40 investigados

La causa del 1-O, con una treintena de procesados por los delitos de malversación de fondos, falsedad documental y desobediencia, se envió a la Audiencia de Barcelona para ser juzgado ahora hace dos años. Sin embargo, una vez cerrada esta investigación por la organización del Referéndum de Independencia de Catalunya, la Fiscalía presentó una querella contra una decena de cargos del gobierno de Mas, acusados de haber malversado cerca de un millón de euros en la promoción exterior del país, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre gastos del Govern del 2012 en el 2107, que provocó recursos de los investigados y el bloqueo de la causa del 1-O. El órgano fiscalizador también reclama a excargos del Govern el retorno de los mismos gastos por el 1-O, que se reclaman por la vía penal, y otros. La investigación de Exteriors recayó en la magistrada Carmen Garcia, que casi tenía la instrucción cerrada.

Un único gasto

Villatoro es investigado por haber aprobado un único gasto junto con el exconseller de Exteriores Raül Romeva: una subvención sin concurrencia pública de 40.000 euros en la Federación de Organizaciones Catalanas Internacionalmente Reconocidas (FOCIR) en el 2016. Romeva, que ahora es investigado en el juzgado del 1-O, ya declaró a la jueza de Exteriors que la subvención concedida era correcta porque todos los informes técnicos lo avalaban, incluidos dos que avalaban la no concurrencia, es decir, que no se había que hacer un concurso abierto porque las actividades subvencionadas solo las podía llevar a cabo la FOCIR, que no tiene ninguna entidad equivalente en Catalunya.

Información en Bélgica y Escocia

Además de la declaración de los investigados, la titular del juzgado de instrucción 18 de Barcelona aprobó, el año pasado, dos comisiones rogatorias, una a Bélgica y la otra a Escocia, para interrogar, como testigos, responsables de dos centros de investigación a quienes se les encargó un estudio sobre el estatus que podría tener en la Unión Europea una región que se independiza de un estado miembro. El coste total del estudio fue de 196.920 euros, en el 2016 que concedió el Diplocat de forma directa y sin concurso público. Los dos interrogatorios, finalmente, se han realizado por escrito y se tienen que aportar al juzgado.

En concreto, el estudio, bajo el título Fronteras, soberanía y autodeterminación nacional en la Unión Europea, fue adjudicado el 2 de mayo de 2016 a tres centros: el IBEI (Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales), que cobró 111.720 euros; el Centre on Constitutional Change de la Universitat de Edimburgo, que cobró 42.600 euros, y el Centre for Global Governance Studies de la Universitat de Lovaina (Bélgica), que también recibió 42.600 euros.

La fiscalía acusa al exsecretario general de Diplocat, Albert Royo, de haber hecho este encargo sin haber abierto un concurso público. En la querella, la fiscalía afirma que Royo "sostuvo que era conveniente de conceder estas subvenciones de forma directa, porque de forma mentirosa dijo que no era posible de otra forma objetivable promover la concurrencia pública atendida la presentación conjunta del proyecto, la ubicación de las entidades, el conocimiento del entorno inmediato, la experiencia y la relación entre ellas y el objetivo de la investigación". Royo, por ahora, no ha podido defenderse a estas acusaciones.

 

En la foto principal, Aleix Villatoro y Raül Romeva, al ir al juzgado, en noviembre de 2021 por la causa de Exteriors, acompañados por Oriol Junqueres y otros cargos de ERC. Foto: Sergi Alcàzar