La Audiencia Nacional cierra la puerta a la denuncia de Podemos por presuntos delitos de genocidio y omisión de perseguir delitos por la circulación por aguas españolas del buque Overseas Santorini, que tenía destino Israel e iba cargado con combustible para la aviación militar del ejército israelí. El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, ha analizado si los hechos que denunció Podemos a finales de julio podrían ser constitutivos de complicidad o cooperación en el delito de genocidio o lesa humanidad en su modalidad de comisión por omisión (sea cual sea la autoridad española responsable) y ha decidido inadmitir la denuncia.
En un auto, el juez señala que, “aunque las aguas españolas quedasen cerradas sistemáticamente al tránsito de buques con suministros militares”, existirían “rutas alternativas que se usarían sin gran dificultad”, así que “lo máximo que se conseguiría sería variar las rutas marítimas de los suministros, eventualmente incluso modificarlas ligeramente”. Por lo tanto, “no puede afirmarse que no dificultar el tránsito marítimo de suministros sea relevante a los efectos de considerar la omisión como equivalente a la causación activa del delito de genocidio o de lesa humanidad”, esgrime. Es decir, argumenta que “no puede afirmarse que si las autoridades competentes hubiesen impedido el tránsito por aguas españolas del buque que transportaba suministros de combustibles para la aviación militar israelí se habrían detenido los ataques a la población civil no combatiente en Gaza ni la obstaculización de la ayuda humanitaria o suministros civiles para la población”.
“No existe por el momento una resolución jurídicamente vinculante de los organismos internacionales”
Además, el magistrado arguye que las autoridades españolas no tenían el “requisito del deber jurídico (no político o moral) de actuar” que cree para el Estado español la “posición de garante de la integridad, vida y libertad de la población de otro país”. Para ello, hubiera sido necesario que existiera una “decisión jurídicamente vinculante de los organismos internacionales competentes”. En este caso, tendrían que ser el Consejo de Seguridad de la ONU, el Tribunal Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional. “No existe por el momento una resolución de esta naturaleza, con carácter de decisión jurídicamente vinculante para todos los estados, ya que no existe una resolución de embargo general de armas o suministros militares”, remacha el auto. Lo único que existe son “dos pronunciamientos de medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas” en las que se imponen determinadas medidas cautelares, “únicamente al Estado de Israel”.
La Fiscalía también pedía inadmitir la denuncia
El juez, que comparte la opinión de la Fiscalía, que también solicitaba la inadmisión de la denuncia, señala que no hay motivos para pensar que “la no adopción de decisiones de prohibición de tránsito obedece a la voluntad de colaborar con la continuación del ataque a civiles no combatientes o con el desplazamiento forzoso de la población de Palestina”. Y sostiene que para que hubiera habido un delito de negativa a perseguir delitos, como apuntaba Podemos, sería necesario que el delito de genocidio o de lesa humanidad fuera “perseguible” por los tribunales españoles: “Y no se dan los requisitos necesarios para ello”, concluye.
Podemos lamentó la “complicidad” e “inacción” del Gobierno
Cuando los morados interpusieron la denuncia ante la Audiencia Nacional, denunciaron la “complicidad” y la “inacción” del Gobierno frente al “atroz genocidio que se sigue perpetrando en Palestina por parte de Israel”. El portavoz del partido, Pablo Fernández, condenó que el ejecutivo no hubiera “hecho absolutamente nada por detenerlo”. Unos días antes, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, había afirmado que la Moncloa tenía la “obligación legal” de “detener el barco e inspeccionar su carga” y, en caso de haber comprobado que iba con destino a Israel, evitar que continuara su trayecto. Ahora la Audiencia Nacional ha cerrado la puerta a la denuncia de Podemos.