La jueza del Juzgado de Instrucción nº. 21 de València ha rechazado la querella presentada contra el policía infiltrado en el movimiento social de València, solo un mes después de que dos activistas la presentaran. Las dos mujeres, vinculadas al Moviment Popular Valencià, se querellaron contra el agente, tuvieron relaciones con quien afectivas durante los años 2020 y 2021 y también contra sus superiores jerárquicos y contra el Ministerio del Interior como responsable civil subsidiario. Hace solo unas semanas, el titular del Ministerio, Fernando Grande-Marlaska, defendía estas infiltraciones, asegurándose que se actuaba conforme la ley. Alerta Solidària ha informado sobre la decisión de la jueza Nieves Molina Gasset, que ha tildado de "rápido y terrible". "Con un auto inadmite la querella porque considera que no hay hechos delictivos, ni de torturas, ni de lesiones, ni de revelación de secretos", explican.
La abogada de las dos mujeres afectadas ya ha presentado un recurso de reforma ante la jueza, alegando que negar las mínimas diligencias de investigación frustran toda posibilidad de saber la verdadera figura jurídica del policía infiltrado, y si este contaba con la pertinente habilitación legal. Por otra parte, explican desde Alerta Solidària, la abogada "se reafirma en la argumentación de la tipicidad de los delitos, todo concluyente que corresponde abrir la fase de instrucción".
"Colectivos sociales, radicales y violentos"
Para rechazar la querella la juez valenciana se ampara en la resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona, que ratificó la inadmisión de la querella por el caso del infiltrado en el barrio de Sant Andreu. El de policía mallorquín que se hacía llamar Daniel Hernández fue el primer caso de infiltraciones policiales que se hizo público. Se le acusaba de delitos de agresión sexual, torturas, contra la integridad moral, descubrimiento y revelación de secretos y contra el ejercicio de los derechos cívicos. En la resolución, el tribunal sostuvo que no todo daño implica un delito y que no existía ningún indicio "de que el Estado ordenara o aprobara, o apoyara, que el querellado tuviera relaciones sexuales".
Molina Gasset va más allá de los argumentos de la Audiencia Provincial de Barcelona y asegura que la infiltración de este agente está justificado por su labor de recabar información de "colectivos sociales radicales y violentos". Desde Alerta Solidaria reprochan a la juez que no enumere "cuáles son los hechos que le permiten con tanta gratuidad atribuir estos adjetivos a entidades vecinales como Cuidem Benimaclet, el Centre Social l'Horta o el espacio de coordinación Entre Barris".