El exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, ha asegurado que la decisión de externalizar la gestión pública del servicio del agua que hacía Aigües Ter Llobregat (ATLL) fue una decisión exclusivamente económica.

En este sentido se ha pronunciado en su intervención en la comisión de Territorio y Sostenibilidad donde también ha apuntado que, en aquel momento, era necesario conseguir recursos económicos para ''cumplir con los objetivos de déficit''.

El exconseller también ha advertido que revertir esta decisión no sólo tendría un coste económico sino que habría uno ''alto'' coste de imagen y confianza en términos de seguridad jurídica para el país.

La comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad discutía la idoneidad de modificar la ley 10/2011 que permitiría recuperar la gestión del ATLL. Una opción que Recoder -que lideró el proceso que acabó con la adjudicación de la gestión a un consorcio liderado por Acciona- descarta.

Necesidad de líquido

El exconseller ha reiterado que los motivos que llevaron al Govern a externalizar la gestión de esta empresa pública fueron "exclusivamente económicos".

"No teníamos mucho margen y nos desprendimos de una de las joyas de la corona", ha subrayado, después de recordar que en el 2011 la compañía arrastraba pérdidas de unos 34 millones de euros cada año y una deuda de 700 millones, además de deber 95 millones a proveedores.

"Necesitábamos los recursos. No fuimos entusiastas de la decisión. ATLL funcionaba, con una gestión que era excelente, no en el ámbito económico-financiero, pero faltó la valentía y la decisión de subir el precio del agua", ya que su precio de venta estaba por debajo del coste de producción, según ha denunciado Recoder.

El contexto

El Gobierno catalán adjudicó la gestión de ATLL a final de 2012, días antes de las elecciones catalanas, a un consorcio liderado por Acciona  i el banco de inversión brasileño BTG Pactual.

Posteriormente, Agbar impugnó la adjudicación, cosa que derivó en una batalla judicial en la cual el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acabó anulando el procedimiento de concesión, en una decisión que tanto la Generalitat como Acciona y sus socios han recurrido al Tribunal Supremo.