Irídia - Centre per la Defensa dels Drets Humans, conjuntamente con otras abogadas, ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) para denunciar las graves vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las infiltraciones policiales en espacios políticos y sociales de Barcelona y "la absoluta falta de investigación de los hechos".

Esta acción responde a la decisión de la justicia ordinaria de confirmar la inadmisión a trámite de la querella interpuesta el 31 de enero de 2023 por ocho personas afectadas contra el agente infiltrado D. H. P., sus superiores jerárquicos y el Ministerio del Interior. Una resolución que, según Irídia, supone un incumplimiento grave de la obligación del Estado español de garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, tal como establecen los estándares internacionales de derechos humanos. "Este incumplimiento pone en riesgo la protección efectiva de los derechos humanos y consolida la impunidad de las autoridades responsables de unas prácticas tan innecesarias como abusivas. Un caso que evidencia vulneraciones graves de derechos fundamentales", denuncia la entidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior ha insistido en que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado "garantizan la seguridad y el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los ciudadanos" cuando ejecutan sus tareas en el marco del artículo 104 de la Constitución Española. Fuentes de Interior han destacado que los agentes actúan dentro de los términos que marca la constitución "como corresponde a su función en el estado de derecho" y han añadido que lo hacen "en estricto sometimiento al ordenamiento jurídico".

Un infiltrado en Sant Andreu

Los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando un agente de la Policía Nacional se infiltró con una identidad falsa en diferentes espacios sociales y políticos del barrio de Sant Andreu de Barcelona. La infiltración siguió durando dos años hasta octubre de 2022. Esta infiltración se llevó a cabo mediante el establecimiento de vínculos sexoafectivos con varias mujeres activistas, que el agente instrumentalizó para obtener información política y personal bajo una identidad falsa, así como para mantener la confianza de otros colectivos y mujeres. Por estos hechos, se interpuso una querella por los delitos contra la integridad moral, abuso sexual continuado, descubrimiento y revelación de secretos, e impedimento del ejercicio de derechos cívicos, querella que fue inadmitida.

Vulneración de los derechos a la integridad moral

La ausencia de una investigación judicial de estos hechos, recuerda Irídia, implica una vulneración de los derechos a la integridad moral, la intimidad y la tutela judicial efectiva. "El Estado está incumpliendo con su obligación internacional de investigar de manera exhaustiva aquellos hechos que pueden constituir tortura o tratos inhumanos o degradantes, como exige el Convenio Europeo de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales", apuntan desde la entidad. De hecho, el TEDH ha condenado el Estado español en 13 ocasiones por no investigar debidamente casos de tortura. Es por estas vulneraciones que se ha interpuesto el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El recurso interpuesto ahora subraya la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los límites legales y éticos del uso de relaciones sexoafectives por parte de agentes policiales infiltrados, una práctica "todavía no resuelta" por la jurisprudencia en relación con la figura del agente infiltrado en estos casos. La organización ha destacado que el Ministerio del Interior los ha descrito como agentes de inteligencia, diferenciándolos de los agentes encubiertos y ha apuntado que esta práctica afecta gravemente a la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas, a la vez que criminaliza y limita los movimientos sociales.

Dispuestos a llegar a instancias internacionales

El equipo jurídico de Irídia ha afirmado que si el TC no garantiza la protección adecuada, llegará a instancias internacionales. Por otra parte, la entidad ha afirmado que este no es un caso aislado sino que desde junio del 2022 se ha conocido la presencia de nueve agentes infiltrados en movimientos sociales en Barcelona, Girona, València y Madrid. Con todo, ha criticado que el estado español se ha negado sistemáticamente a desclasificar el número de agentes policiales infiltrados en espacios de movilización social y política, amparándose en la ley "franquista" de secretos oficiales.