La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, acaba de recusar a los magistrados del Tribunal Constitucional por su falta de imparcialidad y garantizar su derecho a defensa. La iniciativa pretende paralizar cualquier procedimiento "de excepción" que pudiera plantearse el Tribunal Constitucional hacia el Parlament o las funciones de la presidenta.
Los magistrados del TC han sido parte en el procedimiento sobre la constitucionalidad de leyes votadas en el Parlament y, por lo tanto, quedan imposibilitados para tomar ningún tipo de decisión hacia la presidenta, tal como reconoce la legislación internacional que acredita que toda persona tiene derecho a un tribunal "independiente e imparcial", sostiene la presidenta.
Al escrito, presentado al TC, la presidenta recuerda que no existe en el ordenamiento jurídico español ningún procedimiento que genere tanta indefensión como lo que ostenta el TC. En el procedimiento penal hay muchas más garantías para el investigado e incluso en el Estado de Excepción no se restringen los derechos procesales.
Es por eso que la reforma de la ley orgánica del TC de 2015 ha sido criticada unánimemente por la comunidad jurídica, por la Comisión de Venecia, e incluso por algunos de los propios miembros del Tribunal.
Según fuentes jurídicas, mientras el TC no resuelva el escrito, no podrá emitir ninguna resolución contra Forcadell. La ley del TC no prevé exactamente cómo proceder cuando se pide la recusación de todos los magistrados. Si los recusados son una parte, resuelven los no recusados.