Se agota el tiempo para dar respuesta a las fianzas de 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exmiembros y altos cargos del Govern. Sin embargo, y más allá de las gestiones para que el ICF avale las fianzas a través del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, se mantienen en marcha los últimos intentos de recurrir las exigencias económicas del órgano fiscalizador.

La defensa del expresident Carles Puigdemont ha presentado un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra la denegación de la ampliación del plazo para fiar las cantidades que este órgano reclama a raíz del procedimiento abierto sobre el uso de fondos de política exterior para la promoción el procés.

 

El recurso presentado por la defensa de Puigdemont ante la unidad de actuaciones previas de la sección de enjuiciamiento pide la ampliación de este plazo, que acaba en las próximas horas, y la suspensión de la resolución en que se denegaba la ampliación del plazo hasta que se resuelva el recurso.

Indefensión

Alega que en el escrito en que el Tribunal de Cuentas comunicó que rechazaba la ampliación del plazo no se les aporta las razones por las cuales no se acepta una prórroga y se considera 15 días como tiempo suficiente para depositar los 2.085.507 euros que se reclaman a Puigdemont.

"No nos queda sino entender que nos encontramos ante una resolución a todas luces inmotivada y desproporcionada y, sin duda, causante de indefensión", advierte el texto donde se denuncia que "se establece un plazo irracional que impide poder conseguir las cantidades, los avales o las garantías necesarias".

Falta imparcialidad

En el texto, la defensa de Puigdemont denuncia una vez más "falta de independencia e imparcialidad de la delegada instructora". Asimismo rechaza que este sea un caso de responsabilidad civil, dado que la supuesta víctima, que sería la Generalitat, niega que haya sufrido ningún daño. Por lo tanto, concluye que se trata de una acusación de naturaleza penal, ejercida, además, por el ministerio fiscal, y reclama las garantías inherentes a un proceso de carácter jurisdiccional.

El recurso insiste en que no se ha informado a Puigdemont sobre el procedimiento hasta prácticamente el momento de la citación a la liquidación provisional; se denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la vulneración del derecho a la defensa, en un proceso contradictorio y a la presunción de inocencia, así como vulneración del principio de igualdad de armas. Por todo ello, reclama la suspensión de las actuaciones previas y de las presentes diligencias.

Finalmente, denuncia la vulneración del principio non bis in idem, a raíz de la duplicidad de fianzas para asegurar la misma responsabilidad. "Materialmente se pretende sancionar doblemente unos mismos hechos", advierte recordando que el juicio en el procés que se celebró en el Supremo ya se tuvieron que presentar las cantidades que ahora se pretende reclamar.

 

En la imagen principal, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont / ACN