"El derecho es el sentido común codificado", reflexionaban fuentes próximas a Mariano Rajoy en un encuentro informal en la Moncloa este martes, en alusión al posible intento de Carles Puigdemont de ser investido desde Bélgica. Siguiendo este razonamiento, el Gobierno tiene el recurso de inconstitucionalidad escrito desde hace días para abortar la investidura del cabeza de lista de Junts per Catalunya, según ha podido saber El Nacional. En el texto se alega que la sesión y toma de posesión de un presidente es un "acto personal" –es decir, que no se podría hacer ni por medios telemáticos, ni a través de la delegación de poderes.

La incógnita en estos momentos para Rajoy es cuándo utilizar el recurso –y hacerlo a la mayor rapidez. Para poderse presentar, hay que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, con previa petición del informe preceptivo al Consejo de Estado y elevar la petición al Tribunal Constitucional –que una vez lo admitiera a trámite, generaría la suspensión inmediata, prerrogativa que sólo tienen los recursos del Ejecutivo español.

La primera posibilidad sería presentarlo antes de la sesión de investidura, tal que esta no se llegara a celebrar. El precedente existe: y es relativo al recurso de amparo que presentó el PSC ante el Alto Tribunal para impedir un pleno donde Junts pel Sí y la CUP querían dar cumplimiento al resultado del 1 de octubre –y que el TC suspendió de forma cautelar. Así las cosas, para que en la Moncloa puedan aplicar esta vía, tendrían que conocer ex ante que durante la sesión se utilizarán medios telemáticos –una petición que se tiene que hacer de forma expresa por acuerdo de la Mesa antes de convocar la sesión.

El hecho es que el Ejecutivo español espera no llegar a ese escenario, confiando en que el nuevo presidente de la cámara, Roger Torrent, se sienta disuadido por la posibilidad de sufrir consecuencias penales, como pasó con la expresidenta Carme Forcadell, el resto de la mesa independentista y los consellers del antiguo Govern. "La ley se mantendrá para todos aquellos que la vulneren, también ante los tribunales", avisaba el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, tras el Consejo de Ministros.

Por ahora, en la Moncloa no las tienen todas consigo de que no vaya a suceder un nuevo 1-O y las fotografías del pleno llenen los diarios. Si el martes se pronunciaban tajantes en privado que no habría investidura de Puigdemont, a lo largo de la semana encontraban dificultades a la hora de responder qué garantías tenían para que eso no ocurriera –el portavoz no contestó la pregunta de El Nacional al respecto, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. La justificación sobre la falta de respuesta es que el Ejecutivo no quiere difundir información para que Puigdemont no encuentre la rendija por donde salirse con la suya.

La cuestión es que, si la foto no se evita, el Gobierno intentará de todas las formas paralizar la sesión de investidura –que dura habitualmente más de un día– y que esta no finalice con la votación a favor del candidato de JxCAT en Bruselas. Es más, la misma oposición en el Parlament podría hacer descarrilar la sesión, ya que fuentes jurídicas consultadas por este diario consideran que la jefa de la oposición, Inés Arrimadas, o cualquier otro cabeza de lista, se podría negar a responder al presunto plasma –impidiendo que la sesión concluyera satisfactoriamente.

Por otra parte, el Gobierno cree que serán los propios partidos independentistas los que acaben por frenar los anhelos de Puigdemont. "Puigdemont está cada vez más solo" decían personalidades del Ejecutivo, quienes añadían que el PDeCAT podría llegar a "resquebrajarse" si él persiste en su voluntad de ser president desde el extranjero. 

Pero más allá de la investidura, en la Moncloa tienen otro as en la manga. "La toma de posesión es personal, no se puede hacer telemáticamente", consideran las fuentes. Aquí, el gabinete ministerial recuerda de forma insistente que el artículo 155 solo decae cuando se forma gobierno –es decir, se nombran consellers–, algo que Rajoy confía que no llegue a pasar. Y mientras haya un vacío de poder, la intervención de la Generalitat seguirá siendo efectiva e irá prolongándose ante la "vulneración de la legalidad".