Tratando de no hacer mucho ruido, una tercera vía se ha ido abriendo paso entre la amnistía y el indulto, como solución para liberar o aflojar las condenas de los presos independentistas. Se trata de una reforma del Código Penal para atacar el delito de sedición que blinde el derecho de protesta y, de rebote, beneficie a los líderes del 1-O sentenciados por el Supremo. Se la ha bautizado como la vía Asens, ya que el líder de los comunes es su ideólogo original. El nuevo gobierno de coalición PSOE-Podemos parece haber asumido la propuesta, los partidos independentistas expresan sus dudas y el mundo sindical, a quien también interpela la reforma, está a la expectativa. Todos ellos han compartido su punto de vista con ElNacional.cat.

El artículo 544 del Código Penal afirma que "son reos de sedición quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales". Y fija penas de entre ocho y quince años para sus autores. Es el delito por el cual se ha condenado a los presos del 1-O. En el caso de Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, con el agravante de malversación.

La sedición no está tipificada como delito en los principales países europeos —en Alemania se abolió en 1970—, y los tipos que se parecen explicitan —a diferencia de lo que pasa en España—- que es imprescindible el uso de la violencia. De ahí las trabas que ha encontrado Llarena para poder extraditar a los exiliados. "Acompasar" y "homologar" la legislación española a los estándares europeos es el argumento al que se agarra el PSOE para promover la reforma en medio de las acusaciones de la derecha de querer "premiar el golpe de estado" y conceder "un indulto encubierto". El trabajo, los borradores y los contactos para tantear alianzas ya han empezado. Uno de los propósitos es trascender el debate independentista y presentar la propuesta como un avance social en la protección del derecho a protesta, para sumar así a los principales sindicatos y el activismo. El Gobierno tiene claro que el artículo actual "es más propio del s. XIX", cuando se temía por los tanques en la calle.

Derogación, redefinición o rebaja

La propuesta de partida dibuja tres escenarios posibles: la derogación total del delito de sedición, la redefinición del redactado especificando que para que se produzca es necesario el uso de violencia física contra las personas o la rebaja de penas -de los entre 10 y 15 años actuales a entre 3 y 5. El artículo segundo del Código Penal estipula que "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al preso, aunque haya sentencia firme". Esto implicaría, según sus impulsores, que Junqueras i compañía podrían beneficiarse y quedar libres de aquí a unos meses. 

Ya hace un año que Jaume Asens apuesta por esta idea. Una de las razones principales es que "a diferencia de la amnistía y el indulto, la reforma del Código Penal tiene la ventaja que mira hacia adelante, tiene vocación de futuro y puede beneficiar a otros colectivos, como activistas de la PAH o sindicalistas." Todos ellos, colectivos afectados por la reinterpretación que el Tribunal Supremo ha hecho del delito de sedición en la sentencia del 1-O y que abre la puerta a reprimir la disidencia.

Los comunes han defendido abiertamente que su opción ideal sería suprimir el delito de sedición del Código Penal pero son conscientes de los equilibrios y dificultades que implica para el PSOE una sacudida de este nivel. Asimismo, recuerdan en relación a la amnistía y el indulto que la primera no la quiere el PSOE y el segundo no lo contemplan los presos.

¿Cómo lo ve el independentismo?

Si en un punto hay consenso en el seno del independentismo es en reivindicar, sin fisuras, una amnistía. Preguntados sobre su posicionamiento en relación a la propuesta de reformar el Código Penal, los principales dirigentes de ERC, JxCat y la CUP dejan claro que el fin de la represión que reclaman sólo puede ser completo si pasa por una amnistía. En este sentido, recuerdan que hay centenares de otros represaliados en el marco del 1-O, desde los CDR a Trapero, pasando por los exiliados, los miembros de la sindicatura pendientes de juicio o los integrantes del gobierno procesados por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

A la espera de conocer los detalles de la propuesta, el entorno de Oriol Junqueras traslada a este diario que se lo miran con "recelo absoluto" y expresan su preocupación porque la medida no termine siendo una "cortina de humo". "Lo que no permitiremos es que los generales salgan y entre la tropa", afirman. Es decir, que no contemplan una medida que "sólo sirva para los presos y las caras visibles" y olvide al resto de encausados.

Desde la CUP, Mireia Vehí insiste también en esta reflexión, la de no dejar a nadie en la estacada, y añade que si la amnistía es la prioridad es también porque implica "asumir que la autodeterminación es un derecho". Con todo, los anticapitalistas no cierran ninguna puerta y verían con buenos ojos la posibilidad de derogar la sedición que "criminaliza la disidencia", una posición que sería compatible con seguir defendiendo la amnistía.

En una línea similar se manifiesta Junts per Catalunya, que se abre a negociar la reforma del Código Penal. Su diputado en Madrid, Jaume Alonso Cuevillas, comparte la necesidad de eliminar un "delito que no tiene sentido" en la actualidad. El abogado subraya, además, que es necesario tener en cuenta que algunos de los presos están condenados también por malversación y que, en caso de derogación de la sedición, el Supremo debería recalcular la condena -exclusivamente ya por malversación. El problema: que "las penas de malversación superior a 250.000€, como es el caso, pueden superar los 8 años de prisión". Por eso, concluye que esta alternativa "se podría volver inútil" si no se acompaña de una revisión de la malversación.

¿Y los sindicatos?

La estrategia del gobierno pasaría por aprovechar que se abre el melón de la reforma del Código Penal para tocar no sólo la sedición sino también otros puntos polémicos que son reivindicaciones históricas del sindicalismo. Sumar a UGT y CCOO al carro de la reforma sería un factor decisivo para ganar adeptos. Por eso, uno de los aspectos que se plantearán es la modificación del artículo 315, que impone penas de hasta tres años de prisión a los piquetes.

Desde la UGT explican a ElNacional.cat que ya les han contactado, pero que están "pendientes de ver la propuesta concreta". Destacan que siempre estarán a favor de "cualquier medida que suponga una mejora de derechos", pero son cautelosos a la hora de hacer más valoraciones. Recuerdan, eso sí, que ellos como organización ya han solicitado el indulto para Dolors Bassa, una petición a la que da apoyo también CCOO.

Todavía está por decidir qué vía se acaba escogiendo para entrar formalmente la propuesta de reforma del Código Penal, si a través de un decreto del gobierno o por la vía de los grupos parlamentarios. Eso podría hacer variar los timings. Los comunes son optimistas y creen que en otoño podría aprobarse. En cualquier caso, será necesaria una mayoría para poder validarlo. Es decir, que el concurso del independentismo volverá a ser determinante.