En la Moncloa todavía cuelga el cartel de cerrado por vacaciones, y el equipo de Pedro Sánchez se niega, de momento, a hacer ningún tipo de valoración ni de adelanto sobre qué puede ofrecer el PSOE al independentismo catalán para conseguir los votos afirmativos de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana en una nueva investidura del líder socialista. Ahora bien, esta semana María Jesús Montero ha probado suerte lanzando un globo sonda en dirección a Barcelona para explorar qué cosas pueden conseguir que las formaciones de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras olviden su insistencia por el referéndum de autodeterminación y la amnistía: ha planteado una reforma del sistema de financiación autonómica.
La ministra de Hacienda en funciones es, junto con Félix Bolaños, la persona que Pedro Sánchez quiere que se siente a negociar con Junts per Catalunya un acuerdo de investidura. Estas negociaciones todavía no han empezado, y desde el PSOE insisten en que hace falta discreción. Ahora bien, eso no ha evitado que la ministra de Hacienda en funciones, sin decir abiertamente que plantea la cuestión de la financiación autonómica como intercambio para pactar con Junts, sí que haya dejado claro que puede ser un buen anzuelo para seducir al partido independentista y pescar sus votos.
Lo más sorprendente de la propuesta es que la misma ministra ha reconocido que esta reforma es "de obligado" cumplimiento y que hace falta sacarla adelante de forma "urgente", ya que el actual modelo está caducado desde 2014. Es decir, es dudoso ponerlo sobre la mesa como contraprestación si, al fin y al cabo, se tendrá que hacer de todos modos. Es más, se ha lamentado de que en la anterior legislatura ya lo quiso sacar adelante, pero que no fue posible porque "las comunidades autónomas tenían posiciones de máximos". Es, además, una propuesta que no resuelve la cuestión de fondo: el conflicto político entre Catalunya y España.
El PSOE no ha tardado mucho en recibir una respuesta proveniente de Palau. Pere Aragonès invitó a la ministra María Jesús Montero a ir olvidándose de una imagen en que el presidente de la Generalitat "fuera de la manita de Ayuso y de Page" a negociar una reforma del modelo de financiación autonómica que no implique un trato bilateral de España hacia Catalunya. El jefe del ejecutivo catalán le recordó a la número dos de los socialistas que el modelo actual ya hace una década que está caducado, y que hace cinco años que ella es ministra. "Si se quiere poner a ello, que se ponga", le espetó Aragonès.
PSOE y Podemos se habían comprometido en esta legislatura a reformar el modelo de financiación autonómica, pero la ministra de Hacienda ha acusado a las autonomías de ser las culpables de no poder sacar adelante esta reforma. Además, después de los resultados del 28-M, con el mapa autonómico absolutamente dominado por el PP, todo indica que un nuevo ejecutivo socialista todavía lo tendrá más difícil para llegar a ningún tipo de acuerdo.
¿Cómo funciona el sistema de financiación autonómica?
La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) fue creada en 1980, se reformó por última vez en 2009 y hay que revisarla cada cinco años. Hay dos modelos de financiación: el foral —en vigor en el País Vasco y en Navarra— y el común, que se aplica en el resto de comunidades autónomas; entre ellas Catalunya.
Estas comunidades autónomas cuentan con los impuestos compartidos, los cedidos y los fondos como fuentes de ingresos. Los compartidos incluyen el IRPF, el IVA y los impuestos especiales, una recaudación que se divide entre el Estado y la comunidad autónoma. Los impuestos cedidos —como patrimonio, sucesiones o donaciones— son recaudados directamente por las comunidades, y se les otorga control y capacidad normativa sobre estos.
Los fondos, paralelamente, son otra fuente importante de financiación. Y se dividen en tres: de garantía (recursos ajustados por número de habitantes, superficie, dispersión, insularidad, población protegida equivalente distribuida en siete grupos de edad, el número de población mayor de 65 años, y la menor de 16), de suficiencia global y de convergencia autonómica, que aspira a igualar las condiciones entre comunidades autónomas, pero que en Catalunya se acaba traduciendo en un déficit fiscal que conseller tras conseller del Departament d'Economia denuncia.
Un reclamo histórico de la Generalitat
Así lo hizo el pasado mes de septiembre Jaume Giró. Claro y alto, explicó que la diferencia entre el gasto que el Estado dedica a Catalunya y los ingresos que aportan los catalanes en las arcas del Estado se eleva hasta los 20.196 millones de euros. En otras palabras: el 8,5% del PIB. Y también hay otra manera de decirlo: cada catalán paga anualmente 3.153 euros y le devuelven 2.848. Es decir, que cada catalán pierde cada año 305 euros.
Giró, entonces conseller de Economía, denunció el maltrato económico "sistemático, endémico y desleal" que sufren los catalanes por parte de la administración española. Las quejas también han llegado por parte de la actual consellera, Natàlia Mas: "Es un modelo injusto y caducado, los catalanes pagan muy por encima de la media y reciben por debajo de la media".
Además, la Generalitat ha tenido que dar estos datos en los últimos años a partir de estimaciones. El Gobierno no facilita los datos oficiales desde 2016, de manera que los datos que se presentaron el año pasado, por ejemplo, se tuvieron que elaborar por un grupo de expertos por encargo del Govern; a partir de un flujo monetario y evaluando el impacto económico que genera la actividad del sector público en un territorio.