La reforma del Código Penal relacionada con los delitos de rebelión y sedición sigue sin ser una prioridad para el Gobierno, aunque el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió a aprobar esta modificación en 2020, en el marco de las propuestas del gobierno de coalición progresista. Dos años después continúa atascada, los partidos independentistas aseguran que no hay ninguna propuesta, y tampoco se abordará en la mesa de diálogo que se reunirá esta misma semana con el objetivo, según la parte catalana, desjudicializar la política y avanzar en la resolución del conflicto político acabando de una vez por todas con la represión contra el movimiento independentista.
Este mismo lunes la portavoz del PSC, Èlia Tortolero, ha asegurado que su partido da apoyo a reformar el delito si existe "consenso", una excusa que está sirviendo para ir posponiendo sine die esta iniciativa que sobre todo abanderan los comunes. "Siempre hemos dicho que estamos a favor de la reforma de la sedición. En el momento en que haya un consenso por parte de diferentes grupos y que pueda seguir avanzando, estoy segura de que el Gobierno la llevará al Congreso y podrá salir adelante", ha dicho en rueda de prensa.
Quien sí abandera firmemente esta reforma son los comuns, artífices de la iniciativa. Este lunes el portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha urgido a ERC y socialistas a pactar la reforma en la próxima reunión de la mesa de diálogo donde sus representantes de Unidas Podemos también participan: "Pedimos explícitamente a ERC y al PSC que salgan de una vez por todas de la zona de confort y acepten una propuesta que ellos mismos saben que es la mejor para seguir avanzando en la desjudicialización del conflicto", ha remachado.
Pero a pesar de estos llamamientos que se repiten del PSC y comuns a que los partidos independentistas se sumen a la reforma de la sedición, estos no ven que se esté apostando por desencallarlo. Este lunes también la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado que no hay "sobre la mesa" una propuesta por parte del Gobierno para reformar el delito de cara a la reunión de la mesa de diálogo: "Se habla mucho, pero la propuesta por parte del Gobierno no está encima de la mesa", ha dicho Vilalta, que ha insistido en que la solución para el independentismo tiene que pasar por la amnistía.
Desde Junts per Catalunya no se han referido este lunes a la reforma, pero sí que han hablado una vez más de la mesa de diálogo que rechazan porque consideran que no es una "negociación real". El portavoz Josep Rius ha insistido así en dar por agotada la mesa y ha llamado al resto de fuerzas independentistas a consensuar "una nueva etapa basada en la confrontación democrática que fuerce una negociación real" sobre la autodeterminación.
Aplazamientos indefinidos
La reforma del delito de sedición ya lleva más de un año y medio de retraso. El anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se comprometió a aprobar la reforma antes del 31 de diciembre del 2020. Esta promesa no llegó y a lo largo del 2021 el Ejecutivo español fue evitando poner fecha, si bien desde el ministerio se apuntaba que llegaría más pronto que tarde. Fue a finales de agosto del año pasado cuando el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, aparcó la reforma para el año siguiente, una vez los presos políticos ya se encontraban en libertad después de que el Ejecutivo acordara indultarlos. En 2022 empezó de nuevo evidenciando que esta reforma no entraba dentro de los planes del Gobierno, ya que no se incluyó en la hoja de ruta de este año, aplazando de nuevo una medida que podría beneficiar a los exiliados políticos, pero que no llega nunca.