Es un patrón habitual de La Moncloa. La semana ha empezado con lo que parece un globo sonda. El que publicaba la portada de El País este lunes: "El Gobierno se abre a reducir a la mitad la pena de sedición". El diario explicaba, a través de fuentes monclovitas, que "Sánchez sólo impulsará la reforma del Código Penal si ERC, cuyos votos necesita, no exige la eliminación del delito". Una vez lanzada la bomba, este martes, fuentes del ejecutivo central aclaran que no hay ninguna "negociación abierta", que no se ha concretado "ninguna propuesta", que están "abiertos a adaptar" la legislación "a las democracias más avanzadas" pero ahora "no se dan" las mayorías necesarias para sacarlo adelante. Desde el Senado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, también ha avisado de que la modificación "no se hará en caliente" y que tiene que alejarse de "casos concretos". Mientras Madrid enfría expectativas, la Generalitat presiona para llegar lejos.
Las conversaciones entre los gobiernos español y catalán, y entre el PSOE y ERC, sobre la modificación del delito de sedición han existido desde que la mesa de diálogo acordó el pasado julio avanzar en reformas legislativas para "superar la judicialización del conflicto político". Incluso desde antes. Y, según los republicanos, las mayorías parlamentarias también pueden existir. Todo depende del alcance que tenga la reforma, si es una simple reducción de penas, una nueva redacción del tipo penal o una supresión del delito. Por eso la presión llega por todos lados.
ERC hace frente a la negociación de la sedición en la soledad parlamentaria evidenciada los últimos días, después de la ruptura del Govern de la Generalitat. Hay la necesidad de exprimir su fuerza en Madrid. Fuentes próximas al equipo negociador admiten que tienen la presión de Junts per Catalunya y la CUP encima del cogote y por eso no quieren ningún paso en falso. Los exsocios y los anticapitalistas han situado el listón mínimo en la supresión del artículo. Desde Calabria y desde Palau evitan especular públicamente con propuestas, pero presionan para que sea "exigente". Los mensajes tanto de Marta Vilalta como de Patrícia Plaja son los mismos: "El Estado ya sabe qué tiene que hacer". Esperan algún tipo de concreción en la reunión de la mesa de diálogo que se tendría que celebrar antes de que acabe el año, todavía sin fecha. Las mismas fuentes reiteran que el fin de la represión no llegará sólo por la modificación o supresión de este delito, sino que hay que ir mucho más allá.
En cambio, los socialistas afrontan este debate con presiones para no ceder. Lo hacen en plena negociación de la renovación de la cúpula judicial con el Partido Popular, recuperado en las encuestas bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Los populares no pondrán las cosas fáciles al Gobierno. Este pasado domingo, desde Lleida, el jefe de la oposición y líder del PP advertía al presidente Pedro Sánchez que, de llevarse a cabo, sería "el mayor atentado contra la igualdad y la libertad en España". El ambiente en la capital española se convierte en irrespirable cada vez que aparece Catalunya en el mapa.
En este contexto de presiones, las dos partes se han conjurado en dialogar desde la más absoluta discreción, instalados en un bunker. Por su delicadeza y complejidad política, la reforma de la sedición es un compromiso largamente aplazado por La Moncloa, desde los tiempos en que Carmen Calvo era vicepresidenta del Gobierno y el ministro Juan Carlos Campo prometía llevarla al Consejo de Ministros antes de que acabara el año 2020, un plazo que se fue postergando hasta acabar enterrado. Hasta ahora, en plena negociación de los presupuestos del Estado.
Estándares europeos
Después de los reveses de la justicia europea a la española, y de los avisos de instancias internacionales, los dos Gobiernos defienden que el Código Penal se tiene que adaptar a los "estándares" de otros países europeos. En muchos de estos Estados ni siquiera existe este delito. En otros tienen similares, pero que exigen el uso de la violencia y que comportan penas mucho más bajas. En Suiza, los delitos contra la Constitución o el Estado tienen condenas de entre menos de un año y tres años en caso de alzamiento. En Francia se castiga con dos años de prisión si es individual y tres si es en grupo. Y en Italia, el delito de resistencia se mueve entre los seis meses y los cinco años de prisión.
Alcance limitado
Desde de Esquerra Republicana insisten que la reforma de la sedición es necesaria pero no es ninguna panacea. Podría beneficiar a su secretaria general, Marta Rovira, que sólo está acusada por este delito. Pero no tendrían la misma suerte el resto de exiliados, como el president Carles Puigdemont, que también es acusado por malversación. Ni otros cargos republicanos en manos de tribunales ordinarios, como Lluís Salvador o Josep Maria Jové, a quien el juzgado número 13 de Barcelona acusa de malversación, desobediencia y revelación de secretos por su papel en la organización del referéndum del 1-O. Por eso reclaman más pasos en la desjudicialización.