El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que trabaja para reformar el delito de sedición, un cambio que afectaría directamente a las penas de los presos políticos. Según han adelantado fuentes próximas del ejecutivo a El Confidencial, ahora mismo está sobre la mesa introducir un subtipo en la actual redacción del delito que atenuaría las condenas en los casos que el "alzamiento" no fuera violento. Eso, haría que la condena de los presos políticos se redujera a unos cuatro años.

La reforma de este delito podría tardar meses y se tendría que aprobar en una lectura única en un debate parlamentario. Según este diario, la idea del ejecutivo es mantener intacto la norma en casos más graves que impliquen el uso de armas, en que las penas podrían llegar a ser de entre 10 y 15 años prisión.

Una vez aprobada la reforma, esta seria de aplicación retroactiva, ya que favrece los que estan condenados por este delito, la cual cosa implicaria la reducción automática de la pena de los presos políticos. Además, en el supósito que los exiliados fueran extraditados para ser juzgados, también se podrian beneficiar de la reforma.

Sin embargo, en caso de que la reforma llegara a buen puerto, algunos de los presos seguirían condenados por los delitos de malversación. Es el caso de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva.

¿Qué piensan JxCat y ERC?

La noticia de una posible reforma del delito de sedición no ha sido recibida con los mismos ojos por las formaciones independentistas. Por una parte, JxCat rechaza esta propuesta y asegura que la sedición no se tiene que reformar sino que se tiene que derogar. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, asegura que "no hay ningún país de nuestro entorno inmediato que tenga tipificado el delito de sedición" e insiste en que la vía que permita la salida de los líderes independentistas de la prisión tiene que ser una ley de amnistía.

Por la otra, ERC se ha mostrado abierta a estudiar la propuesta del Gobierno para favorecer la situación de los presos, a pesar de considerar que es sólo una solución "parcial". Por eso, en la misma línea de su socio de gobierno, también apuntan a la ley de amnistía como posible solución. "La mejor propuesta para desjudicializar el conflicto es una amnistía, y una amnistía se aprueba mediante una ley, no es la modificación del código penal que el Gobierno dice que está trabajando", aseguró el vicepresidente Pere Aragonès.

Esta previsto que la reforma se apruebe en el Consejo de Ministros el segundo semestre, antes que acabe el año, ya que forma parte del Plan anual normativo 2020. De ser asi, la iniciativa conincidiria con la negociación de los presupuestos del Estado.