Desde el equipo de la ministra María Jesús Montero adelantan que en las próximos días, durante la semana que viene, tienen pensado abrir el melón: la reforma del sistema de financiación autonómica. El actual sistema tiene su fecha en 2009, hace doce años, y hace siete que está caducado. La ley establece que se tiene que revisar cada cinco años. Habría tocado en 2014 y en 2019. Una vez aprobados sus segundos presupuestos, el Ministerio de Hacienda cogerá el toro por los cuernos y dará a conocer su propuesta de población ajustada –los criterios y factores de corrección que se aplican- para empezar a trabajar. El acuerdo será muy complicado, si no imposible, aunque la ministra Montero aspire al consenso y prometa resolver el problema de las autonomías infrafinanciadas.

Lo que hay en juego son los 120.000 millones de euros que se reparten anualmente entre las quince comunidades autónomas que forman parte del régimen común (excluidos el País Vasco y Navarra por su régimen foral). Un dinero recaudado, entregado al Estado y que una vez repartido sirven para pagar los servicios públicos esenciales, para financiar el estado del bienestar, bajo los principios de suficiencia y solidaridad. La clave de todo es y será justamente la población ajustada que presentará el Ministeri de Hacienda. Se trata de cómo se reparte este dinero a partir del padrón. Pero aplicando factores de corrección, como el envejecimiento de la población, su dispersión, su geografía o el factor insularidad.

La afectación de estos factores se puede observar claramente en los resultados finales del actual sistema de financiación. Según el último informe anual del Institut d’Economia de Barcelona (IEB) Madrid, las Balears y Catalunya fueron, por este orden, las tres comunidades que más recaudaron por persona el año 2019. En cambio, una vez aplicada la nivelación, pasaron a ocupar, respectivamente, los puestos octavo, noveno y décimo. Lo mismo pasó con el País Valencià, que bajó de la sexta en la antepenúltima posición. Salieron ganando los territorios menos poblados: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León, Asturias y Galicia, que encabezaron el nuevo ránking. Por poner cifras: antes de aplicar los correctores, Catalunya tenía unos recursos de 3.122 euros per cápita; después, de 2.822 euros. Al contrario de lo que pasó en La Rioja, que pasó de 2.500 a 3.508 euros

Desde el País Valencià, uno de los territorios más perjudicados, hace tiempo que se denuncia la infrafinanciación, con el president socialista Ximo Puig al frente. También se ha denunciado reiteradamente desde Catalunya el déficit fiscal. El pasado junio, el conseller de Economía, Jaume Giró, lo cifró entre 18.000 y 20.000 millones de euros al año, que supone entre 2.400 y 2.600 euros anuales por persona. A eso, denunciaba, hay que sumarle los "déficits endémicos que sufrimos en materia infraestructuras".

Por eso la propuesta de población ajustada es la madre de todas las batallas. Con un dinero a repartir que es el que es, alguien sale ganando y otro sale perdiendo. Por eso se han ido formando bloques transversales. Por una parte, la alianza que está tejiendo el socialista Ximo Puig con Murcia y Andalucía, las dos comunidades gobernadas por el PP y que consideran que están infrafinanciadas. Por otra parte, las que han salido ganando con el modelo actual. El frente lo lidera el gallego Alberto Núñez Feijóo y se han sumado otros territorios de diferentes colores políticos: Asturias (PSOE), Cantabria (PRC), La Rioja (PSOE), Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE), Castella-La Manza (PSOE) y Aragón (PSOE). Alianzas en función de unos intereses determinados y difíciles de casar.

En medio de todo eso, Catalunya, que a pesar de desentenderse está presente en el debate en boca de otros. Ya hace meses que hay movimientos. Esta misma semana, este grupo de la España despoblada se reunió en Santiago de Compostela para firmar una declaración conjunta y enviar un aviso a navegantes: la reforma del sistema de financiación se tiene que negociar y decidir en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de forma multilateral. No quieren bajo ninguna circunstancia ninguna negociación bilateral del Gobierno. Lo dicen con la vista fijada en Catalunya, después de que el president Pere Aragonès haya reiterado su voluntad de hablarlo de tú a tú con el Estado. El socialista castellanomanchego Emiliano García-Page ponía voz a este frente el miércoles: "A quién le dé por tener embajadas por el mundo, considero que es un capricho que se tendría que pagar con sus propios impuestos, no del resto".

Paradójicamente, en la última reforma del sistema de financiación, la de 2009, Catalunya tuvo un papel protagonista con el conseller Antoni Castells al frente, consiguiendo incluso recursos adicionales. Eran otros tiempos. No se habían producido ni la sentencia del Estatut del 2010, ni el rechazo del pacto fiscal del president Artur Mas del 2012, ni la consulta del 2014, ni el referéndum del 2017 y todas sus consecuencias penales. Ahora la Generalitat, si tiene que negociar, quiere hacerlo por su propia cuenta. Y eso ha hecho resucitar de entre las cenizas el eterno frente territorial contra los "privilegios" a Catalunya. Como una especie de LOAPA del siglo XXI.