Los exdiputados de la CUP Eulàlia Reguant y Antonio Baños alegarán ante el juzgado de Madrid que los investiga por un presunto delito de desobediencia al no responder a las preguntas de VOX en el juicio del procés que ejercieron el "derecho a la objeción de conciencia".

Los dos exdiputados han comparecido hoy en una rueda de prensa conjunta y han explicado que acudirán en fechas diferentes a declarar en fase de instrucción ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, que investiga los hechos después de que el Tribunal Supremo le remitiera la negativa de todos dos a contestar a los letrados de Vox en el juicio a los líderes independentistas.

Reguant acudirá al juzgado el día que está citada para hacerlo, el próximo día 25 de febrero; y Baños lo hará por videoconferencia más adelante, el 18 de marzo, por el hecho de que no puede acudir el día previsto por "motivos laborales", según ha explicado él mismo en la rueda de prensa.

"Negarnos a contestar VOX fue hacer frente al fascismo y lo consideramos un ejercicio de objeción de conciencia en el cual basaremos nuestra defensa", ha explicado Reguant en su intervención.

No obstante, la legislación española no prevé la posibilidad de la objeción de conciencia en el momento de declarar en un juicio, ya que el artículo 31 de la Constitución sólo permite objetar de hacer el servicio militar y de practicar abortos, en el caso de los médicos.

Para los dos políticos, la negativa a contestar VOX era necesaria para poner de manifiesto la vinculación entre el sistema judicial español y la ultraderecha: "Consideramos que la presencia misma de VOX vaciaba de toda legitimidad el juicio". El partido antisistema ha anunciado en la rueda de prensa que aprovechará la citación judicial del día 25 de febrero para organizar una manifestación antifascista en Madrid, en el marco de la declaración de Reguant.

El incidente ya provocó hace meses la imposición de una multa en todos dos de 2.500 euros por parte del Tribunal Supremo, que se pagó con lo que recogió la caja de resistencia del partido. Después de la multa, "la CUP hizo un llamamiento a sus simpatizantes para que contribuyeran a sufragar la sanción y en pocas horas recibieron 40.000 euros", ha relatado a la exdiputada de la CUP.

Preguntados por si se plantean extender la desobediencia a una posible condena, Reguant y Baños han expuesto que la falta de antecedentes penales en su haber al lado de la posible pena que prevé el Código Penal por desobediencia -de 6 meses a un año de prisión- los hace no plantearse este escenario porque, previsiblemente, la pena de prisión quedaría suspendida y no tendrían que cumplirla.

"Sólo conocemos un precedente de alguien que se negara a declarar", ha explicado Reguant, el del director general de la Policía en el juicio del 11-M. "Pero no lo hizo por objeción de conciencia sino para considerar que no podía dar información confidencial, por lo que en realidad no hay jurisprudencia de ningún caso como el nuestro", ha concluido