La diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, ha pedido usar como un "boomerang" contra el Estado español su proceso judicial por no responder a Vox en el juicio contra los líderes independentistas por el referéndum del 1 de octubre. El partido de extrema derecha Vox, se personó como acusación popular contra los políticos independentistas por la organización del 1-O. Ante las preguntas del partido ultra, Reguant se negó a responder por "dignidad democrática y antifascista". La diputada cupaire, además, durante el juicio, definió Vox como un partido "de extrema derecha, machista y xenófobo". Eso desembocó que los tribunales españoles le abrieran una causa por un presunto delito de desobediencia, donde la Fiscalía pide seis meses de inhabilitación y seis de prisión.
En un acto organizado por el grupo de soporte en Reguant llamado 'SFerma contra el Feixisme', celebrado en el barrio de Sant Antoni, Reguant ha agradecido a este colectivo que se hayan organizado para "utilizar de punta de lanza un proceso judicial que ejemplariza qué es la justicia en el Estado español y como la extrema derecha utiliza todas las herramientas que el Estado le ha puesto al alcance tener más presencia por todas partes". "La desobediencia es la mejor herramienta por plantar cara a los poderes que nos quieren en los márgenes", ha defendido a la diputada. Entre los asistentes al acto había los diputados de la CUP en el Parlamento Carles Riera, Dolors Sabater o Pau Juvillà, o la diputada en el Congreso Mireia Vehí. También la diputada Montserrat Vinyets, que ha augurado que la justicia "se inventará argucias legales para apartar Reguant de su escaño".
Los sindicatos, al lado de Reguant
Hasta 19 sindicatos de izquierdas de todo el estado español han mostrado su soporte a la diputada de la CUP Eulàlia Reguant y al exdiputado Antonio Baños por su causa contra Vox, cuando se negaron a contestar al partido de ultraderecha durante el juicio al procés. Aunque ya recibieron una multa, ahora Reguant tendrá que afrontar un juicio oral en el Tribunal Supremo por supuesta "desobediencia grave" y la Fiscalía pide para ella seis meses de inhabilitación y seis de prisión. Es en este contexto que los sindicatos han compartido un comunicado donde muestran su solidaridad y denuncian "el blanqueo del fascismo por parte de la judicatura del Estado", y este nuevo ataque a la soberanía nacional de Catalunya "que intenta trampear la voluntad popular expresada por el pueblo de Catalunya en las urnas".
En el escrito manifiestan preocupación de como, cada vez en más países, están apareciendo y se están consolidando fenómenos de extrema derecha, y mencionan Bolsonaro en Brasil o Marine Le Pen en Francia: "En este contexto están aumentando los ataques fascistas contra las mujeres y movimiento feminista, la comunidad LGTBI, organizaciones independentistas y de izquierdas," exponen
Acusación "popular"
El partido ultra presidido por Santiago Abascal irrumpió a la causa contra el procés como acusación popular. Vox tuvo que abonar 20.000 euros de fianza por personarse y usar el juicio de escaparate mediático. El partido de ultraderecha entró por la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y un mes después, por arrastre, acabó en el Tribunal Supremo. A través de una campaña de micromecenazgo recaudaron los 20.000 euros en tan sólo siete horas, gracias al amplio apoyo que tienen a las redes sociales. Vox fue admitido en el procedimiento que abrió el TSJC a raíz de la querella presentada por la Fiscalía contra la actuación de la mesa del Parlamento, presidida entonces por Carme Forcadell, donde se aprobaron las leyes de desconexión. El TSJC consideró suficiente la cifra de 20.000 euros, una cantidad que la valoraron de "proporcionada", basándose en el hecho de que se trataba de una causa de "trascendencia política" y teniendo en cuenta que se personaba un partido político.