El relator especial de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Forst, concluye que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, están acusados de rebelión y sedición por las manifestaciones pacíficas del 20 y 21 de septiembre. El informe anual del relator critica el uso excesivo de los antidisturbios contra manifestantes pacíficos y la represión contra los defensores del derecho a la autodeterminación.
El relator advierte al estado español que tiene que garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica porque son una parte fundamental del derecho a participación en cualquier sociedad democrática y que está garantizado por los tratados internacionales. En su informe anual (página 483), pide al estado español que respete estos derechos, sobre todo en el caso de los disidentes políticos.
También pide que implemente controles estrictos del uso de la fuerza policial durante las manifestaciones y dice que tiene que asegurar que las víctimas de la fuerza policial desproporcionada tengan mecanismos transparentes y efectivos de denuncia, reconocimiento y compensación.