Catalunya ya no es un polvorín independentista a ojos de las instituciones del Estado español, sin embargo, la desconfianza siempre está presente. La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene que iniciar la renovación de los cargos de fiscal jefe de Barcelona y de fiscal superior de Catalunya, al cumplirse cinco años de su mandato. Una vez se publique en el BOE, se formalizará la apertura de presentación de candidaturas, en los dos cargos, y la FGE tiene un dilema: uno será de su afinidad y otro no. A pesar de definirse como organismo imparcial, el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue nombrado por el Gobierno del PSOE, y dentro del Ministerio Fiscal se apuesta por promocionar miembros de la asociación afín, que en este caso es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), mientras que cuando gobernaba el PP, se impulsa a candidatos de la Asociación de Fiscales (AF), definida como conservadora y que predomina entre los miembros de la carrera fiscal. El Consejo Fiscal, órgano consultivo de la FGE, renovado en septiembre de 2022, es dominada por el AF, con 6 miembros, enfrente de 2 de la UPF y, por primera vez, un miembro de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
En concreto, la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón, de la AF, ha dejado su cargo por jubilación a efectos de 3 de abril, aunque antes se cogió unos días de vacaciones pendientes para ir a su querida tierra y disfrutar de las Fallas de Valencia y de su pasión por tirar petardos. Desde enero del 2018 hasta el último día, Talón ha sido una buena jefa de equipo: ha dejado trabajar a los fiscales, y ha defendido elevadas peticiones de penas para castigar independentistas catalanes por el 1-O, mientras al mismo tiempo ha rehecho puentes rotos por el Referéndum con los Mossos y otras instituciones catalanas. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya ha acordado concederle una distinción por su profesionalidad y dedicación. En su mandato, Talón, además, ha defendido y ejecutado la transparencia de las actuaciones de la Fiscalía de Barcelona con los medios de comunicación, sin favoritismos ni filtraciones parciales e interesadas, tan arraigado en la capital española; la filtración de la sentencia de los independentistas catalanes desde el Tribunal Supremo es el paradigma.
Caso Negreira, bajo control
La prensa deportiva española desinformó cuando aseguró de que la fiscal jefe de Barcelona dejaba el cargo en medio de la crisis por el caso Negreira. La jubilación se tiene que pedir con meses de antelación y Talón lo hizo en noviembre de 2022. Y, con discreción y mano de hierro, lo controló todo hasta que la denuncia de la Fiscalía contra expresidentes del Barça y el club azulgrana se presentó en un juzgado de Barcelona, el 10 de marzo pasado. Al día siguiente se marchaba a disfrutar de la jubilación.
Con respecto al fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, que no está adscrito a ninguna asociación, quiere continuar en el cargo cinco años más, e inicialmente no tiene competidores. Talón y Bañeres fueron propuestos, después del mismo Consejo Fiscal, del 17 de enero de 2018, con Julián Sánchez Melgar de fiscal general.
Los candidatos a Barcelona
El procedimiento para renovar plazas en el Ministerio Fiscal es reglado: ahora se han de anunciar las vacantes y los requisitos de los candidatos, se abrirá u un plazo de presentación de candidaturas, y el fiscal general del Estado presentará su propuesta al Consejo Fiscal, que vota los candidatos, y finalmente se eleva a la propuesta para que lo apruebe el Ministerio de Justicia, y se publica en el BOE. Para ocupar el cargo de fiscal jefe de Barcelona,- si no hay cambios, habría dos candidatos: El primero es Gerardo Cavero Forradellas, fiscal desde 1987, con destino siempre en Barcelona, que fue coordinador del servicio especial de Menores, y desde el año 2000 es delegado de la Fiscalía Especial Antidroga y coordinador de Delincuencia organizada en la Fiscalía de Barcelona.
La segunda candidata es Neus Pujal Sánchez, con 32 años en la carrera fiscal y los últimos 14 años ha sido fiscal jefe del área de Sabadell. La FGE aprobó en marzo de 2022 que Pujal ocupara una plaza en comisión de servicio como fiscal de refuerzo en la Fiscalía superior de Catalunya, destacando que ha estado 18 años trabajando en una "fiscalía tan compleja como la de Barcelona, además de su versatilidad, y especialización en materias como cooperación internacional, ciberdelincuencia y Medio Ambiente". Es por eso, que Neus Pujal intervino como fiscal en el reciente juicio a la consellera de Asuntos Exteriores, Meritxell Serret, en el TSJC. Fue incisiva y clara y aceptó cambiar su intervención en lengua catalana a la castellana a petición del abogado de la defensa de la republicana, Iñigo Iruín.
Los dos fiscales son muy experimentados, pero Pujal, además, es del UPF y su nombramiento mantendría la cuota femenina en cargos del Ministerio Público. Por el Día de la Mujer, la FGE informó que las mujeres nombradas como fiscal de sala, jefe superiores, jefe provincial o jefe de área ha pasado del 38% en el 2019 al 48% en el 2022.
Bañeres, firme y conciliador
Por su parte, Francisco Bañeres, fiscal desde 1983, y especializado en delitos económicos, no es de la cuerda del actual fiscal general del Estado. Sin embargo, hay una norma no escrita que si el mandato del fiscal jefe de una comunidad autónoma (cómo insisten en recalcar) no ha sido conflictivo, se respeta que repita un segundo mandato. Y este es el caso de Bañeres, hombre firme, pero conciliador. Es el dilema de la FGE: no podrá cambiar a todos sus representantes a su gusto.
Bañeres pasó la prueba de fuego no por el 1-O del 2017, sino por la consulta del 9-N del 2014. Hacía un año que era teniente fiscal en la Fiscalía Superior de Catalunya, y acompañó el entonces fiscal José María Romero de Tejada, en el 2015 a Madrid para explicar al entonces fiscal general, Eduardo Torres Dulce, que los nueve fiscales de TSJC no veían jurídicamente correcto presentar una querella contra el presidente Artur Mas por el 9-N, al asegurar que no se cumplían ni siquiera los requisitos del delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), ya que no fueron requeridos previamente, jurisprudencia que el Tribunal Supremo rompió con la causa catalana. La FGE impuso una querella al Govern de Mas por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos; los dos últimos delitos decayeron desde la misma Fiscalía, y al final el TSJC, los condenó por desobediencia a inhabilitación, y el Tribunal de Cuentas, a devolver unos 5,2 millones de euros. Con la muerte de forma repentina de Romero de Tejada, Bañeres asumió el cargo, hasta ser nombrado en enero de 2018.
En estos cinco años, Bañeres no ha concedido entrevistas (todavía escuece el precedente del fiscal superior de Catalunya Martín Rodríguez Sol, forzado a dimitir por unas declaraciones sobre el derecho a decidir, en marzo de 2013), y en Madrid todo lo que tenga relación con el procés de independencia de Catalunya se magnifica. Con todo, Bañeres, como Talón, mantiene una política de transparencia en la comunicación de las investigaciones que realiza la Fiscalía Superior de Catalunya, así como en la difusión, sin filtraciones, de los escritos de acusación a autoridades, una vez presentadas a los tribunales. Bañeres tampoco rehúye de los periodistas, a quienes explica de forma didáctica procedimientos o cambios legislativos, como el caso de la malversación de fondos. Pero nada de ruedas de prensa o declaraciones que se pueden girar como un calcetín.
Ningún cambio por el 1-O
En sus intervenciones en el Parlament, en la presentación de la memoria de la Fiscalía, Francisco Bañeres se expresa en catalán sin ninguna dificultad. Y tampoco le tiembla la voz al afirmar que las elevadísimas penas que la Fiscalía pide a manifestantes independentistas, son las que marca la ley y reclama al Govern más recursos para los fiscales, o que los Mossos tengan una unidad específica de policía judicial, como hacen en Menors, para trabajar más coordinados y blindar filtraciones. Bañeres tampoco ha pedido que se archiven las causas contra alcaldes por el 1-O, al contrario: no ha puesto pegas que ciertas fiscalías territoriales presenten recursos contra los archivos en primera instancia.
Nada se ha templado, a pesar de la mesa de diálogo entre el PSOE y ERC. Eso sí, con la modificación del delito de desórdenes públicos, la Fiscalía ha empezado rebajado alguna petición de castigo. Y, el teniente fiscal Pedro Ariche no ha estado corregido por la FGE en el escrito de acusación redactado contra los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a quien les pide 7 y 6 años de prisión por el 1-0. Para la Fiscalía General del Estado, el 1-O se produjo una malversación agravada de fondos públicos, afirmación compartida en la Fiscalía de Catalunya, enfrente de la opinión del Gobierno y ERC, que crearon una malversación atenuada para que fuera aplicada a excargos del Govern pendientes de juzgar por la organización del Referéndum.
En la foto principal, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón. / Foto: Carlos Baglietto