En la renovación del Tribunal de Cuentas sólo dos consejeros se salvaron de la purga: las progresistas Enriqueta Chicano y Dolores Genaro. En el nuevo organigrama la primera será la presidente de la institución. La segunda, estará al frente de la sección de fiscalización. Justamente Genaro fue la miembro del TCu que formuló un voto particular al informe de la acción exterior de la Generalitat, denunciando el sesgo que impregnaba aquel documento. Justamente la causa contra los 34 exdirigentes independentistas, a quienes han reclamado fianzas multimillonarias, será una de las grandes patatas calientes a la cual tendrán que hacer frente. De momento, sin embargo, impera la prudencia entre las defensas.
Sin ir más lejos, al frente de la poderosa sala de enjuiciamiento, que será la encargada de juzgar la causa, estará Rebeca Laliga, consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del Partido Popular. Por lo tanto, no cambiará de color. Rebeca Laliga ha sido hasta ahora subdirectora general del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia.
De la sección de enjuiciamiento y del mismo Tribunal de Cuentas salta la polémica Margarita Mariscal de Gante. Esta exministra de Justicia del gobierno de José María Aznar hasta ahora era la encargada de juzgar la causa contra el independentismo. Y no se ha marchado sin disparar por última vez: esta misma semana ha dado por cerrada la instrucción y ha notificado la apertura del procedimiento jurisdiccional con 54 dirigentes y exdirigentes independentistas acusados.
En cualquier caso, ahora se tendrá que formar un nuevo tribunal para juzgar la causa de la acción exterior. Según informa El País, tendrá mayoría progresista. Si bien Rebeca Laliga ha sido propuesta por el PP, la acompañarán los consejeros Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez, los dos propuestos por el PSOE. Fuentes de las defensas, sin embargo, prefieren ser prudentes.
¿Qué pasa con los avales?
También habrá que estar atento cómo acaba la cuestión de los avales. En las últimas horas, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha rechazado investigar al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) a los ex altos cargos del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas. En un auto, la sala de lo civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acuerda inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Cs contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Sin el aval de la Fiscalía todo hacía prever que las querellas no se admitirían trámite. El ministerio público dejaba constancia en su informe que "la mera articulación de un mecanismo de aval que, de manera provisional, garantice las exigencias cautelares de un procedimiento judicial o administrativo que involucre un funcionario o autoridad, no implica en sí misma que cause un perjuicio al patrimonio público ni, por lo tanto, un delito de malversación de fondos públicos".