Un repaso jurídico. Es lo que ha hecho la sección 21 de la Audiencia de Barcelona al magistrado Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, al cual acusa de fraude de ley porque no cerró la causa del caso Volhov, tal como le ordenó. Además, la resolución, difundida este martes, ha dejado yerma la investigación de la supuesta trama rusa relacionada con el procés, que el juez Aguirre mantiene viva desde el 2019, sin encontrar ningún indicio delictivo, según la misma Audiencia.
La renovación de los magistrados de la sección 21 de la Audiencia de Barcelona, hace meses, ha sido clave para detener las" investigaciones prospectivas" del juez Aguirre - en palabras del tribunal- contra el president en el exilio, Carles Puigdemont, y el independentismo catalán, denunciado por todas las defensas. El veterano juez Joaquín Aguirre recibe este correccional jurídico al final de su carrera profesional, ya que ha pedido jubilarse el 15 de enero próximo. Lo mismo que le pasó al magistrado Manuel García-Castellón, que intento torpedear la ley de amnistía, y al final, se vio obligado a archivar el caso de Tsunami Democràtic, con una parte de los investigados que procedían del caso Volhov.
En la resolución, de 14 páginas, los magistrados María Isabel Delgado, Raquel Piquero y Joan Ràfols (ponente), dan una clase jurídica al juez Aguirre, además de detallar las irregularidades que ha cometido. Van de menos además. Recogemos las principales.
De subterfugio a opiniones personales
La sección 21 de la Audiencia de Barcelona afirma que el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona ha cometido un "subterfugio procesal" para crear la pieza de la injerencia rusa, cuando el tribunal le había ordenado, el mayo pasado, que cerrara el caso Volhov o pieza 2, al acabarse el plazo y sin ninguna novedad.
El tribunal continúa que el juez Aguirre, en su resolución, "deja con claridad meridiana" que lo desobedece y crea la nueva pieza a través de una intacta, Catmon-Igman. De la acción del juez también la tilda de "ardid procesal", al trasladar los hechos investigados en la pieza separada 2 a la pieza separada Catmon i Igman, "sobre la base de unos supuestos antecedentes que no se corresponden propiamente con aquella pieza". El tribunal confiesa que le "sorprende" que el veterano magistrado no haya hecho caso a sus "claras instrucciones impartidas".
También califica de "maniobra procesal" que el juez se haya escudado en el contenido del teléfono móvil de Victor Terradellas, que también era a la pieza de Catmon, para revivir el caso Volhov con un nuevo nombre.
Además, el tribunal desacredita la nueva recopilación del juez, elevada al Supremo. Y sostiene que realiza "divagaciones y opiniones puramente personales y su propia visión sobre la evolución histórica del denominado procés".
Finalmente, el tribunal eleva el tono y sostiene que el juez Aguirre al desobedecerlo ha incumplido la norma vigente sobre la firmeza de las resoluciones, así como la vulneración del derecho de defensa a los investigados. Le recuerda el ordenamiento jurídico vigente, y que las resoluciones solo se pueden revisar con recursos previstos por la ley.
"Es obligado cumplir las sentencias, otras resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución del resuelto", afirma el tribunal. Añade que "el juez instructor en tanto que integrante del Poder Judicial ejerce su potestad jurisdiccional como poder público sujeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico vinculado a los principios, derechos y libertades constitucionalmente reconocido, y que está sujeto a responsabilidad, a la interdicción de la arbitrariedad y sometido al imperio de la ley".
Después del repaso jurídico y procesal, la Audiencia recuerda al juez Aguirre que es bien conocedor, que tiene que cumplir las resoluciones de los órganos superiores. "Sin excusas. Y sin que pueda plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas propiamente en las leyes y que en definitiva se burlan la decisión previa del tribunal, lo cual constituye un fraude de ley".
Querella, pendiente
Después de esta estocada, el magistrado Aguirre tiene que saber si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acepta investigarlo o no por prevaricación, querella presentada por el president en el exilio Carles Puigdemont, el director de su oficina, Josep Lluís Alay, y su abogado Gonzalo Boye, hace ya más de cinco meses.
Paralelamente, casi todas las piezas abiertas y derivadas del caso Volhov son archivadas, como recientemente la de Villa Bugatti, que implicaba al exconseller de ERC Xavier Vendrell. Hace meses que también se archivaron las causas contra el exdirigente de Convergència David Madí.