La actividad judicial se reanuda este lunes después de las vacaciones de Navidad, que por primera vez han podido disfrutar abogados y procuradores, ya que el Gobierno decretó inhábil a efectos procesales del día 24 de diciembre al 6 de enero. Y, un año más, la represión judicial contra independentistas catalanes marca la agenda del 2023. A partir del 12 de enero, que entra en vigor la reforma del Código Penal, se comprobará si los exaltos cargos de la Generalitat procesados por el 1-O se pueden beneficiar de la rebaja de las penas del delito de malversación si no hay enriquecimiento personal, que ERC arrancó al Gobierno a última hora. Los republicanos Josep Maria Jové y Lluís Salvadó serán los primeros a saber el castigo que les pide la Fiscalía y la Abogacía del Estado por haber organizado el 1-O. Los juicios de este año, sin embargo, se centrarán contra alcaldes, acusados de desobediencia, y estudiantes y jóvenes, algunos de los cuales fueron encarcelados, de forma preventiva por las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo a los independentistas catalanes, en octubre del 2019 y los disturbios concentrados en la plaza Urquinaona. Para ellos no hay ningún beneficio pactado por los políticos.
Del calendario de la represión, el 15 febrero hay la primera cita: la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip (PDeCAT), defendida por el abogado Carles Monguilod, será juzgada en el juzgado de lo Penal 2 de Figueres por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al haber dado apoyo al Referéndum del 1-O. El exalcalde de Sabadell, Maties Serracant (CUP), tiene que ser juzgado en abril en el Penal 1 de Sabadell para el 1-O. El alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC), está pendiente de saber la fecha de su juicio al Penal 2 de Tortosa, como Salvi Güell (ERC), alcalde de Castelló d'Empúries. Hay otros exalcaldes que presentaron recursos a su condena. Precisamente, Eudald Calvo, exalcalde de Argentona por la CUP y actual candidato de Junts para las municipales de 2023, ha informado a ElNacional.cat de que finalmente ha presentado recurso a la Audiencia de Barcelona contra la condena de seis meses de inhabilitación a cargo público y una multa de 4.500 euros por desobediencia al TC, que le impuso a una jueza de Mataró el noviembre pasado.
Acusaciones de desórdenes y atentado contra la autoridad
Paralelamente, este año las audiencias de Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida volverán a juzgar a activistas, a quienes la Fiscalía sigue pidiendo altas penas por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por haber protestado contra la sentencia del Supremo a los líderes catalanes en el 2019, con los llamamientos de Tsunami Democràtic o en las manifestaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que el 16 de febrero cumplirá dos años sin libertad. La formación de la izquierda independentista Alerta Solidaria, que defiende a la mayoría de encausados independentistas y también de movimientos sociales, y con el apoyo económico de la Caja de Solidaridad, y de campañas de solidaridad constantes, informa de que el 28 y 29 de marzo se hará el juicio contra los encausados del corte de vías del AVE el 1 de octubre de 2018 en Girona, con el nombre 21 Raons; vista se había aplazado. Les piden 4 años de prisión a cada uno y una responsabilidad civil total de 72.000 euros.
Por su parte, la abogada Norma Pedemonte detalla que el 14 de junio tres jóvenes serán juzgados en Barcelona por el aniversario del 1-O de 2020, y a uno de ellos le piden hasta 10 años de prisión. Antes, el 31 de marzo, una persona será juzgada por quemar la bandera española, y en mayo serán juzgados siete vecinos del Raval por una protesta contra la presencia de Vox en el barrio barcelonés. El partido ultra pide hasta seis años de prisión para cada uno de ellos, mientras que la Fiscalía, multa de 7.200 euros por un delito de coacciones en concurso con uno leve de maltrato de obra con la agravante de discriminación ideológica.
Los jóvenes con prisión preventiva
Quedan bastantes juicios con la fecha pendiente, como la de los jóvenes vecinos de Parets del Vallès, David y Àlvaro, defendidos por Eduardo Cáliz, que estuvieron en prisión preventiva por los disturbios de la plaza Urquinaona de 2019 y a quienes la Fiscalía pide 6 años de prisión. Ellos también acusan a agentes. En Barcelona, también estuvieron en prisión preventiva de 15 días en un mes Xènia, Paula y Andrea, detenidas en los disturbios contra la sentencia del procés. Se prevé que el juicio de Andrea sea antes del verano. A Xènia, defendida por Benet Salellas, la Fiscalía, al final, le pide 2 años de prisión por desórdenes y la Audiencia de Barcelona ha señalado su juicio para el 2025 (!) ante el colapso del tribunal. Hay una cuarta chica, Laura Solé, que fue detenida por agentes de paisano y de forma violenta en Tarragona, con un vídeo que se hizo viral, como el caso de Xènia, que un agente de la Policía la cogió por el pelo y la arrastró por el suelo hasta subir-la al furgón policial. Activistas de Tarragona, Lleida y Girona también están pendientes del escrito de acusación de la Fiscalía o de la fecha del juicio y se mantiene su desazón este 2023. Por ejemplo, la Audiencia de Tarragona ha de fijar la fecha del juicio a Joel Muñoz, Xelj, de quien hace meses que se sabe que la Fiscalía le pide 18 años de prisión por delitos informáticos y revelación de secretos contra empresas, de las cuales el Ministerio público sostiene que nada tiene que ver con el 1-O.
Recursos para evitar la entrada a prisión
Por otra parte, este 2023 también se tendría que saber el resultado de los recursos presentados para evitar la entrada a la prisión de activistas anónimos. Por ahora, el marcador está a cero, pero Alerta Solidaria detalla que al menos conoce seis casos de personas en esta situación. Uno de ellos es Adrian Sas, el joven de Vilafranca del Penedès condenado a tres años y medio de por haber golpeado a un policía durante los disturbios del primer aniversario del 1-O, en el 2018 en Barcelona. La Audiencia de Barcelona lo absolvió de desórdenes públicos, pero no de atentado, resolución que mantuvo la sala de apelaciones del TSJC, que ha rebajado la mayoría de condenas a activistas independentistas, especialmente al rebajar o retirar el delito de desórdenes, pero no el de atentado si considera que hay pruebas. El abogado de Sas, el penalista David Aranda, presentó recurso de casación al Tribunal Supremo, y si es negativo presentará recurso de amparo al Tribunal Constitucional, el cual tendría que resolver si le suspende lo entrada a la prisión.
También vive con angustia Oriol Calvo, de 24 años y condenado a 4 años de prisión por la Audiencia de Barcelona por un delito de atentado agravado en concurso ideal con uno de desórdenes públicos durante la protesta del 15 de octubre de 2019 en Barcelona, contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas. Este año tendría que saber si la sala de apelaciones del TSJC acepta el recurso de reforma presentado por el Consell per la República, a través del despacho de Alonso-Cuevillas, y lo absuelve o rebaja su condena para que no entre a la prisión. Aparte, está el caso de William Aitken, el joven escocés condenado a cinco años de prisión por la protesta en apoyo a Hasél, y Víctor Verdejo, de Vilanova i la Geltrú, condenado a tres años de prisión por una protesta de Tsunami.
Por otra parte, los abogados de ERC, la CUP, la ANC y Òmnium tendrán que idear una nueva estrategia para que los juzgados de Barcelona salgan de la letargia actual y avancen en la investigación sobre las personas espiadas con Pegasus en el CatalanGate porque desde su denuncia nada se ha hecho.
En la foto principal, estudiantes en la huelga general y contra la sentencia del procés, en la Via Laietana el 18 de octubre de 2019. Algunos de los detenidos fueron cerrados en prisión preventiva. / Foto: Pau Venteo