La represión judicial por la organización del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya continúa bien presente en el mundo local, a medio año de cumplirse el quinto aniversario del 1-O. Además de ciudadanos que participaron en manifestaciones, una decena de alcaldes y alcaldesas de Junts, ERC y la CUP son todavía investigados por la fiscalía o están pendientes de juicio a raíz de la votación. Ahora, incluso hay quien tiene causas reabiertas por los recursos presentados por la fiscalía al haber sido absueltos en primera instancia. Actualmente, la mayoría ya no son los alcaldes de sus ciudades, menos los de ERC. Por ahora, todos son acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), que ordenó no realizar ninguna iniciativa de impulso del procés soberanista catalán. El delito implica inhabilitación a cargo público. Desde la fiscalía se había investigado si se les podría imputar por malversación de fondos, si se comprobaba la cesión de locales u otros gastos, pero ninguno ha fructificado.
De los 710 alcaldes catalanes que en septiembre de 2017 hizo perseguir el entonces fiscal general del Estado, el difunto José Manuel Maza, por haber dado apoyo al 1-O, convocado por el gobierno de Carles Puigdemont, al final menos de medio centenar fueron investigados. Las declaraciones de apoyo al 1-O que se aprobaron en los plenos municipales, a iniciativa de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), se evidenció que no podía ser perseguible penalmente, aunque se llevó a la Audiencia Nacional. No hay ningún recuento oficial sobre las causas abiertas contra las autoridades locales ni su estado. La Fiscalía Superior de Catalunya, que inicialmente centralizó toda acción sobre el 1-O, actualmente deriva a las fiscalías de área y provinciales para que informen sobre el estado de las causas que tienen abiertas a los alcaldes, mientras que el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) informa de las fechas de los juicios o del estado de los recursos. La imagen de los alcaldes con sus varas levantadas en la histórica y efímera declaración de Independencia de Catalunya, en el Parlament, el 27 de octubre de 2017, no se olvida.
Recursos
En la actualidad, la fiscalía no da el brazo a torcer en su persecución a los alcaldes y una muestra son los recursos que ha presentado contra sus absoluciones. Hay dos casos emblemáticos. Uno es el de la exalcaldesa de Roses, Montse Mindan (JuntsxCat), que fue la primera autoridad local juzgada por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). La titular del juzgado de lo penal 1 de Figueres dictó una segunda sentencia absolutoria en junio de 2021, después de que la fiscalía presentara recurso en contra de la primera absolución. Normalmente, la fiscalía presenta recurso porque no ve bien interpretadas las pruebas y solicita a la Audiencia, en este caso de Girona, que ordene rehacer la sentencia, con mejores valoraciones y argumentaciones, o que se repita el juicio con otro juez. El segundo caso es el del alcalde de Roquetes, Paco Gas, que fue juzgado en abril de 2021, y la jueza de Tortosa lo absolvió. La fiscalía, que le pedía 15 meses de inhabilitación y 11.000 euros de multa, presentó recurso de apelación a la Audiencia de Tarragona para que se repita el juicio, el cual está pendiente de resolución, según informa el gabinete de prensa del TSJC.
De los primeros condenados, está el exalcalde de Agramunt, Bernat Solé (ERC), que fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) porque entonces era conseller de Afers Exteriors. El alto tribunal catalán le condenó a un año de inhabilitación a cargo público y a pagar una multa de 18.600 euros, en enero de 2021. Solé anunció que presentaría recurso al Tribunal Supremo.
Un vecino con una urna por poder votar el 1-O. Foto: Sergi Alcàzar
Juicios para el 2023
Con respecto a nuevos juicios, el próximo 28 de octubre, el exalcalde de Argentona, Eudald Calvo (Unitat-Argentona per la República/ CUP), será juzgado en el juzgado de lo penal 1 de Mataró. La Fiscalía le pide 18 meses inhabilitación a cargo público y una multa de 15.000 euros. Además, ya hay juicios señalados para el 2023. Es el caso de la exalcaldesa de Figueres, Marta Felip (Junts), con juicio señalado para febrero de 2023 en el juzgado de lo penal 2 de Figueres. También el exalcalde Maties Serracant (Entesa por Sabadell) será juzgado en abril del año que viene en el juzgado de lo penal 1 de Sabadell. La fiscalía le pide dos años de inhabilitación a cargo público y una multa de 15.000 euros. El alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós (ERC), también ha de ser juzgado en el juzgado penal 2 de Tortosa, aunque todavía no hay una fecha de juicio, según el TSJC. La fiscalía le pide 1 año y 4 meses de inhabilitación a cargo público. En la Ràpita se vivieron situaciones de mucha ansiedad ante la actuación de la Guardia Civil en un polideportivo.
Además, la fiscalía de Barcelona informa de que también continúan vivas las causas contra el exalcalde de Molins de Rei, Joan Ramón Casals (JuntsxCat) y el alcalde de Collbató, Miquel Solà (ERC). Y la fiscalía de Girona detalla que la causa contra el alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell (ERC), está en trámite en el juzgado de instrucción 6 de Figueres. Finalmente, la fiscalía del área de Manresa, ha informado de que ha archivado la investigación al exalcalde de Capellades, Aleix Aubern (CUP).
El entonces alcalde de Mollerusa (JuntsxCat), Marc Solsona, fue el primero en ir a declarar a la Fiscalía Superior de Catalunya, al ser diputado, por su apoyo al 1-O. También fue el primero, a quien la fiscalía, en noviembre en el 2018, le archivó la causa por que no pudo demostrar que cediera locales para la votación, aunque el fiscal afirmó que consideraba "más que probable", que colaboró "materialmente" para que se pudiera votar en su municipio.
Así pues, vista la estrategia de la fiscalía, todo apunta que las causas contra los alcaldes por el 1-O continuarán vivas al menos un par de años más
El alcalde de Mollerussa y diputado por Junts, al ir a declarar a la fiscalía, en septiembre del 2017. Foto: Sergi Alcàzar