Desde el primer momento en que se anunció que se reformaría el delito de sedición y que este se substituiría por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados, Junts marcó muchas distancias con esta propuesta de Pedro Sánchez que contó con el apoyo de ERC. En las últimas horas, los republicanos han presentado una serie de enmiendas sobre el delito de malversación, pero también sobre los desórdenes públicos agravados, pidiendo que se castigue con penas de uno a cinco años de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo. Ante este cambio en la posición de Esquerra, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha salido a recordar a las redes sociales cuál ha sido, desde el primer momento, la posición de su partido. "Junts denunciamos que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados atacaba el ejercicio de derechos fundamentales por arbitrario. Se nos dijo de todo. Ahora nos dan la razón y solamente intentan matizarlo. Menos años de prisión a cambio del riesgo de más gente en la prisión no es ninguna solución", ha escrito a las redes.
Este mensaje de Turull es parecido al que publicó Carles Puigdemont este viernes, después de que se hiciera pública la enmienda de ERC a los desórdenes públicos agravados, que todavía ha sido más duro contra ERC por no haber reconocido lo que él considera un error. "Cuando se denunciaba que la reforma de la sedición propuesta era un error, algunos pusieron el grito en el cielo. Los juristas y opinòocratas habituales pontificaban sin atender razones. Tanta faramalla para anunciar el acuerdo, y ahora tanta sordina para admitir que era una propuesta deficiente", escribía Puigdemont, un tuit que cuenta con centenares de retuits y me gustas.
¿Qué propone exactamente ERC?
La propuesta del Gobierno pasa por reformar el delito de sedición, que se convertiría en el de desórdenes público agravados. Este contempla penas para las autoridades de tres a cinco años de prisión, una reducción importante respecto de los 10-15 del Código Penal actual, así como una inhabilitación de 6 a 8 años, cuando actualmente es también de 10 a 15. Semanas después de que se anunciara, ahora los republicanos sugieren rebajar a un año la pena mínima, a fin de que "la pena propuesta sea coherente con la gradación de penas previstas en el capítulo, ya que es criterio habitual que les deleitas agravados no empiezan a partir de la pena máxima del tipo básico". Además, también quieren intentar dar un margen más amplio a los jueces para adaptar la pena a las circunstancias concretas de cada caso.
Una de las principales críticas que han hecho Junts, la CUP y las entidades independentistas es que este delito de desórdenes públicos agravados ponía en peligro el derecho a la manifestación y criminaliza la disidencia política. Ahora, con esta enmienda, ERC asegura que se modifica el texto propuesto con "la voluntad de mejorar la adecuación de los preceptos recogidos en esta reforma a los principios democráticos y evitar la criminalización de los derechos de reunión y manifestación con una interpretación sesgada por parte de los tribunales, limitando así una eventual voluntad de entenderlos como un delito de peligro".