El frenazo de la ley de amnistía por parte de Junts para sacar los delitos de terrorismo y traición -y justificada por el president Carles Puigdemont-, reactiva las causas penales contra los independentistas, algunas de ellas dormidas a la espera de su aprobación en el Congreso de los Diputados. Los primeros afectados son los republicanos Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natalia Garriga, que serán juzgados como organizadores del 1-O a partir del 10 de abril, tal como fijó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y sin la posibilidad de suspensión. Las defensas de los que eran los mandos de Oriol Junqueras en el 2017 ya no se plantean pedir al tribunal que suspenda el juicio por la inminente aprobación de la ley del olvido de los hechos del Procés. La tramitación de la ley de amnistía puede tardar tres meses más, cuando el juicio esté en marcha, ya que tiene 21 sesiones, hasta el 29 de mayo. Una posible sentencia condenatoria hasta ser firme puede tardar años, pero por ahora, nada es seguro.
Antes, el jefe de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, tiene que afrontar un juicio en la Audiencia de Barcelona, el 20 de febrero, en el cual la Fiscalía le pide 3 años de prisión por un viaje a Nueva Caledonia. Y, el juicio a los 12 CDR acusados de terrorismo en la Operación Judas se ha retrasado unos meses, sin embargo, la Audiencia Nacional solo le tiene que poner fecha. Aparte, el diputado de ERC Rubèn Wagensberg ha anunciado este miércoles que se ha marchado de Catalunya por estar encausado por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic, junto con el president Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras nueve personas más.
Condenados en peligro
Paralelamente a los juicios programados contra independentistas, hay activistas con condenas pendientes de los últimos recursos para esquivar su entrada en la prisión. Es el caso de Dani Gallardo, condenado por una movilización en Madrid, y Adrian Sas, condenado a 3 años y 6 meses de prisión por la celebración el 1-O del 2018, sentencia que el Tribunal Supremo tiene que revisar el próximo 12 de marzo; después quedará el Tribunal Constitucional, aunque no se le suspende automáticamente la entrada prisión. Hay una salida para ellos, según fuentes del movimiento independentista.
Hay más casos, como el del Oleksandr, el joven de Arenys de Mar condenado a 7 años y medio de prisión por haber tirado un artefacto pirotécnico (no localizado, ni definido en el juicio) y haber ocasionado lesiones auditivas a dos agentes de la policía española en una protesta contra la sentencia del procés, el 18 de octubre del 2019. Su abogada ya ha presentado un recurso a la sala de apelaciones del TSJC.
Juicios pendientes
Por ahora, los republicanos tienen que afrontar el juicio con la petición de prisión más alta. En concreto, la Fiscalía Superior de Catalunya pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para el actual diputado de ERC y presidente del Consejo Nacional de Esquerra, Josep Maria Jové; y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové.
Aparte, se podrían reactivar las causas dormidas a la espera de la amnistía, como es el caso de los excargos de los Govern para el 1-O y el gasto Exterior, que está en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, o también la repetición del juicio a los síndics del 1-O.