El Govern ha respondido con resignación la decisión del titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, Francesc Miralles, que ha decidido aplicar la amnistía a los 46 agentes de la policía española procesados por haber pegado y vejados votantes del 1-O en la capital catalana. "La ley es una ley aprobada y se tiene que aplicar guste más o guste menos. El Govern defenderá que se aplique en su totalidad", ha resuelto Patrícia Plaja, portavoz del Govern tras la reunión del ejecutivo de Aragonès. Esta afirmación choca de lleno con un comunicado que ha emitido Esquerra Republicana, partido del Gobierno, que a la vez que Plaja pronunciaba estas palabras, lamentaba la decisión de amnistiar a los policías: "Esquerra considera que las actuaciones policiales más graves tendrían que quedar fuera de la amnistía al tratarse de tratos degradantes y encajar plenamente en los delitos contra la integridad moral y torturas, que quedan explícitamente excluidos de la ley". Dos puntos de vista bien diferentes sobre un mismo hecho.

Acusan el Supremo de retorcer la ley

Cuando Plaja ha hecho referencia a aplicar la amnistía en "todos los casos" ha querido dejar claro que hacía referencia también a los que el Supremo ha descartado en las últimas horas. Este tribunal ha rechazado rechazar aplicar la ley a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, asegurando que el delito de malversación no se puede amnistiar, y también ha decidido mantener el orden de detención contra el presidente Puigdemont por el mismo delito. En este sentido, la portavoz ha acusado el Supremo de "retorcer" la ley de amnistía para evitar aplicarla a los dirigentes independentistas y ha rechazado que haya magistrados que "de forma desacomplejada" menosprecien Congreso de los Diputados y pretendan "aleccionar el poder legislativo".

Recurso de la ANC, Òmnium e Irídia

Por su parte, lo Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e Irídia recurrirán la decisión del juzgado de instrucción 7. Las entidades independentistas, que están personadas como a acusación popular e Irídia como acusación particular y popular, alegarán en sus recursos que el uso de la brutalidad policial perpetuada por los agentes contra la sociedad civil va en contra de lo que especifica el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y, por lo tanto, según denuncian amnistiarles "implica una vulneración de lo mismo por parte del Estado". En un comunicado conjunto, las 3 entidades han denunciado que la ley de amnistía no puede beneficiar, en ningún caso, a los responsables "de la violencia policial"