Ahora sí. El Congreso de los Diputados empieza a investigar la operación Catalunya. Esta mañana se pone en marcha la comisión de investigación que pactaron Junts y el PSOE para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. De hecho, es una reactivación después de que acabara precipitadamente la pasada legislatura. Y el pistoletazo de salida será pedir explicaciones a Francisco Martínez, que fue número dos de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Seguridad, y a Eugenio Pino, que fue Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española. Son dos los responsables de la policía patriótica que creó el PP para perseguir a los rivales políticos y, en especial, al independentismo. Las primeras comparecencias llegan diez meses después de que ElNacional.cat publicara los Papeles de la operación Catalunya, que incriminaban al Gobierno presidido por Mariano Rajoy en la persecución a políticos y empresarios catalanes.
👤 La cúpula de la operación Catalunya: todos los nombres
Ambos comparecientes tienen la obligación de acudir a la cita en la Carrera de San Jerónimo y el mandato de decir la verdad: en caso de mentir, el Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a un año (aunque es difícil llegar hasta este extremo). Sin embargo, las personas que están siendo investigadas por los tribunales, como es su caso, pueden acogerse a su derecho de no responder a las preguntas para evitar declarar en contra suya. Esto es, por ejemplo, lo que hizo Koldo García en abril en el Senado. De hecho, hay precedentes de Martínez y Pino queriendo esquivar algunas de las preguntas de los diputados escudándose en su condición de investigados por la justicia española. Y es que no será la primera vez que dos de los responsables de la policía patriótica sean interrogados en el Congreso: comparecieron en 2021 en el marco de la investigación parlamentaria sobre la trama Kitchen y, previamente, Pino también había sido citado en 2018. En la pasada legislatura, después de encallarse con los nombres de los comparecientes, la comisión de la operación Catalunya acordó citarlos a los dos, pero doce días después de aprobarlo Pedro Sánchez disolvió las Cortes Generales para convocar elecciones el 23 de julio.
Actualmente, Francisco Martínez y Eugenio Pino están imputados en tres causas. En primer lugar, en el caso Kitchen, a la espera de fecha para el juicio (en el que tendrá que comparecer la cúpula del PP de Rajoy como testigo), por la presunta operación de espionaje contra Luis Bárcenas (extesorero del PP) para robarle documentación sobre altos cargos del partido. En segundo lugar, en el marco de una presunta trama de extorsión por presionar a Javier Gómez de Liaño cuando era abogado de Bárcenas para evitar que se hicieran públicas informaciones sobre la caja B del PP. En tercer lugar, por el uso de las cloacas del estado contra Podemos. En este último caso, están citados a declarar como investigados el próximo 28 de octubre. En cambio, no hay ninguna causa en ningún juzgado por la operación Catalunya, ya que todas las querellas han sido archivadas, como las que presentaron Sandro Rosell o Jaume Giró.
🔍 Toda la investigación de ElNacional.cat sobre los Papeles de la operación Catalunya
En este contexto, ERC y Junts asumen que puede ser que los dos responsables de la policía patriótica intenten evitar dar explicaciones. “No sería la primera vez que un compareciente no responde las preguntas”, señalan fuentes de ERC consultadas por ElNacional.cat, que reconocen que “existe la posibilidad de que se acojan a su derecho a no declarar”. Desde Junts, el diputado Josep Pagès también verbaliza que esto puede ser una “excusa que utilicen”, pero subraya que habrá que “exigir que expliquen lo que saben”. En declaraciones a este medio, recuerda que, en la comisión de investigación de la trama Kitchen de la pasada legislatura, introdujeron la operación Catalunya en los interrogatorios “como complemento”, aunque era una “parte fundamental de la guerra bruta del Ministerio del Interior del PP”. “Ahora, han aparecido cosas nuevas y es el tema central, así que esperamos sacar información importante para que se sepa todo”, remacha. Asimismo, anticipa que él mismo preguntará por los audios que publicó ayer ElNacional.cat que revelan que José Grinda, un fiscal investigado por pedofilia, fue protegido por acusar a CDC: “Preguntaremos a Francisco Martínez si conocía esta investigación. Dice que la acusación desapareció y esto nos lleva a preguntarnos «¿A cambio de qué se le liberó de la investigación?»”.
¿Quiénes son Francisco Martínez y Eugenio Pino?
Francisco Martínez fue la mano derecha de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Seguridad entre enero de 2013 y noviembre de 2016 y nexo entre la cúpula política del ministerio y el comisario José Manuel Villarejo, que lo informaba de todas las acciones de la operación Catalunya. Las conversaciones que grabó Villarejo lo corroboran: los dos pasaban lista sobre las diferentes acciones para controlar a Bárcenas y hablaban de la rivalidad entre Maria Dolores Cospedal y Soraya Sáez Santamaría, de contactos con los confidentes en Catalunya y de las acciones en Andorra. Según explicó ElNacional.cat, Villarejo aseguró en 2016 que Francisco Martínez le tenía pánico porque estaba convencido de que disponía de información sobre las actividades que habían compartido y que eso lo podría llevar a la prisión. Martínez negó en una entrevista en RAC1 que la operación Catalunya haya existido, pero aparece repetidamente en los audios sobre la guerra sucia contra el independentismo como uno de los principales interlocutores con Villarejo. En 2012, como jefe de gabinete de Fernández Díaz, fue autor del documento secreto que informaba a Mariano Rajoy sobre las operaciones que la policía patriótica tenía en marcha para parar a los pies al independentismo.
Eugenio Pino fue Director Adjunto Operativo (DAO) de la policía española entre enero de 2012 y junio de 2016. El comisario, ahora jubilado, fue uno de los responsables de dar el pistoletazo de salida en 2012 a una brigada de agentes de la policía española contra rivales del PP y también contra políticos e independentistas catalanes. De momento, es el único condenado por la operación Catalunya: en 2022 fue condenado a un año de prisión por un delito de revelación de secretos, a pagar una multa de 7.200 euros y a indemnizar a Jordi Pujol Ferrusola con 2.000 euros por haber entregado entregar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y al CNI una memoria USB con datos bancarios del hijo del expresident obtenidos de forma ilegal. Pino está estrechamente relacionado con el excomisario Villarejo, que era su subordinado, y el pasado mes de enero negó la operación Catalunya y la catalogó de “cuento chino”.
¿Se pueden negar a declarar?
El artículo 76.2 de la Constitución impone la obligación de comparecer en las comisiones de investigación del Congreso y del Senado a todas las personas que sean citadas, a diferencia de las que impulsan los parlamentos autonómicos, en las que no hay el mandato imperativo de acudir. Sin embargo, la Carta Magna también reconoce el derecho a no declarar contra sí mismo. Y esto es, precisamente, lo que trajo a colación Francisco Martínez en junio de 2021 en la comisión sobre el caso Kitchen. Citó el criterio de la Fiscalía, que, en el marco de un recurso de amparo que resolvió el Tribunal Constitucional en 2018, defendió que no hay “ninguna norma jurídica que imponga específicamente el deber de declarar” o que “sancione expresamente su incumplimiento”, a diferencia de lo que “ocurre con el deber de comparecencia o con el deber de veracidad”. “El convocado ante una comisión de investigación no puede perder sus derechos fundamentales y especialmente el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pero tampoco el derecho al honor personal y familiar o el derecho al secreto profesional”, esgrimía el Ministerio Fiscal. Y concluía que un compareciente tiene derecho a “no declarar sobre aquellas cuestiones que puedan perjudicar” su propia situación jurídica.
Por estos motivos, y como consecuencia de su situación procesal (imputado por el juez Manuel García-Castellón por su posible implicación en la operación Kitchen), Francisco Martínez anunció a los diputados que respondería a sus preguntas “dentro de los límites” que “se deducen” de la doctrina constitucional y de los informes del propio Ministerio Fiscal. “Les ruego, y no es más que un ruego, que comprendan que ejerceré mi derecho a no declarar sobre cuestiones que puedan comprometer mi propia situación jurídica procesal”, subrayó. Y en su intervención inicial, antes de las preguntas de los diputados, quiso negar “de forma contundente y sin ningún matiz” que durante el ejercicio de su cargo como secretario de Estado de Seguridad “participase o tuviese conocimiento directo o indirecto de cualquier forma de utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas o anular pruebas inculpatorias”.
Eugenio Pino aseguró en 2017 que lo haría “todo” por España
Tampoco será la primera vez que Eugenio Pino se someta a las preguntas de los diputados. En su caso, tiene dos experiencias pasadas. La primera fue en julio de 2017, todavía con Mariano Rajoy en la Moncloa y tres meses antes del referéndum del 1 de octubre. En aquel momento, se negó a dar información sobre la llamada operación Catalunya a pesar de la insistencia, especialmente, de Gabriel Rufián. “¿Ha pagado alguna vez algo con fondos reservados en relación con la operación Cataluña?”, “¿Cree usted que hay periodistas al servicio de la guerra sucia contra Catalunya?”, “¿Cree que ha habido policías que han actuado de forma negligente respecto a la situación política en Catalunya?” o “¿Cree que es una amenaza lo que está pasando en Cataluña para la seguridad del Estado?”, preguntó el diputado republicano durante su intervención.
Sin embargo, la pregunta que dio pie a uno de los momentos más recordados de esa comparecencia fue si Eugenio Pino era el “jefe de la brigada patriótica reclutada para investigar y difamar a políticos con disidencia política en Catalunya”. “Defíname patriótica”, replicó Pino. “¿Usted es un patriota?”, interrogó Rufián. “Sí, sin duda además”. “¿Qué haría por España?”. “Todo”. “¿Qué es todo?”. “Todo”, reiteró Pino. “¿Todo es lo que le estoy preguntando?”, insistió Rufián. “No voy a dar más respuestas”, concluyó Pino. Hoy, siete años después, Gabriel Rufián volverá a interrogar a Eugenio Pino.
En ese momento, el diputado del PP José Alberto Martín-Toledano le preguntó si había existido una operación Catalunya como “estructura planificada contra los separatistas catalanes” y Pino respondió brevemente: “No”. Desde el PSOE, David Serrada quiso saber si Pino “encargó alguna vez al señor Martín-Blas que investigara parte del caso Pujol y, en concreto, lo relacionado con el Banco de Andorra”. “Como usted sabe, tengo una causa judicial al respecto y no le voy a contestar a la pregunta”, replicó Eugenio Pino. Cuatro años más tarde, en mayo de 2021, también en el Congreso, Eugenio Pino negó que existiera la operación Kitchen o la operación Catalunya. Sin embargo, en aquella ocasión, las conclusiones de la comisión de investigación del caso Kitchen aseguraban que se había creado una “estructura policial” en el Ministerio del Interior “por orden” de Eugenio Pino, y que actuaba “bajo su dirección”, destinada a “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción” del PP y a la “persecución de adversarios políticos”. Ahora el Congreso de los Diputados pone la lupa en la operación Catalunya.