El Estado español necesita más tiempo para responder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si ha vulnerado los derechos de los 9 presos políticos catalanes, condenados por sedición e indultados parcialmente por el gobierno de Pedro Sánchez. Es la segunda vez que lo pide. Inicialmente, la Abogacía del Estado tenía que responder a las denuncias de los políticos de Junts y de ERC el 12 de enero, después se aplazó a este lunes, 12 de febrero, y por segunda vez el tribunal ha permitido ampliar el plazo: hasta el 8 de marzo, según han confirmado fuentes implicadas en el pleito a ElNacional.cat. La petición de aplazamientos no es excepcional, según fuentes jurídicas, pero en este caso, el procedimiento es capital y especialmente con la negociación de la ley de amnistía por los hechos del procés, que nuevamente ha vuelto a la Comisión de Justicia por el voto negativo de Junts. Ahora, además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha calentado el debate político sobre un posible indulto al president en el exilio Carles Puigdemont.
No es la primera vez que el Estado español pide una ampliación de plazos para responder a la vulneración de derechos. El tribunal de Estrasburgo también le concedió dos prórrogas para responder sobre las vulneraciones de derechos denunciadas por los exdiputados de JuntsxCat Jordi Turull y Jordi Sànchez. Lo mismo pasó con el líder de ERC, Oriol Junqueras. El abogado Jordi Pina, en nombre de Turull y Sànchez, presentó la demanda en junio de 2020 contra el Reino de España, donde denunciaban que las autoridades judiciales españolas vulneraron su derecho político. Finalmente, la Abogacía del Estado ha presentado su respuesta y los demandantes, su réplica.
Contra Marchena
El TEDH unificó las demandas presentadas por los 9 presos políticos de ERC y de Junts en una misma causa. Una denuncia compartida por todos es que el Tribunal Supremo, con el magistrado Manuel Marchena al frente, no era el tribunal competente para juzgarlos. La mayoría eran aforados en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y una factura en una de las delegaciones en el extranjero fue la excusa del tribunal para asumir la competencia. El tribunal se amplió de 5 a 7 magistrados porque otra irregularidad denunciada es que no se les permite el recurso a una instancia superior, como en la mayoría de casos. Los votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional (TC) sobre que la condena por sedición del supremo (con penas de 9 a 12 años de prisión) fue excesiva es también clave.
Ley de amnistía
La Abogacía del Estado pidió la prórroga de la respuesta a la demanda de los presos políticos el enero pasado, y el tribunal se la concedió, según se ha sabido ahora. Hay juristas que afirman que la concesión de los indultos del gobierno de PSOE a los políticos catalanes (las penas de prisión, no la inhabilitación a cargo público) puede ser argumentado por gobierno español como una reparación del perjuicio causado. Y la futura ley de amnistía también se interpreta como una manera para evitar que TEDH estire las orejas, como en otras ocasiones, al Reino de España.