¿Una propuesta de corta duración? La idea del PSOE de retirar los restos mortales de Francisco Franco han chocado ya con la primera voz discordante dentro del ejecutivo del socialista Pedro Sánchez: la ministra de Indústria, Reyes Maroto, ha asegurado que no hay "ninguna decisión" tomada sobre la cuestión, lo que ha enfriado la expectativa —43 años después de la muerte del dictador— de que se puedan trasladar sus restos.
"No hay tomada ninguna decisión, en el ámbito del Gobierno no hay tomada ninguna decisión", ha insistido hasta dos veces la ministra este domingo, después de una visita ordinaria a Soto del Real.
"Como socialistas hemos defendido que sea así, supongo que se retirarán", ha dicho Maroto, que ha precisado que la decisión final sobre la proposición legislativa se determinará "en función de la oportunidad". Cabe precisar que Maroto no forma parte de la ejecutiva del PSOE, por lo que ha alegado desconocer las pretensiones de los socialistas.
Una propuesta polémica
Un anuncio del PSOE esta mañana ha desatado alegría y rechazo. El secretario de Justicia del PSOE, Andrés Perelló, ha anunciado que este mismo lunes se propondría una nueva ley de Memoria Histórica (la última pertenece a la época de José Luis Rodríguez Zapatero), que permita —una de sus medidas estrella— retirar los restos mortales del dictador.
Según ha avanzado el PSOE, la nueva ley recogerá varias medidas, como la eliminación de fundaciones como la de Francisco Franco, que todavía es legal en España; las exhumaciones pasarán a ser políticas públicas, se planteará la nulidad de todos los juicios del franquismo y se prohibirá la apología del franquismo y del fascismo, como ya ocurre en otros países con un pasado dictatorial, como Alemania.
La actual ley de Memoria Histórica
La ley actual de Memoria Histórica fue aprobada en la primera legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque se han producido múltiples incumplimientos de la ley, la normativa permitió el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Una de las grandes carencias de la ley fue que no garantizaba la apertura de las fosas comunes de las víctimas del conflicto y de la dictadura, uno de los puntos que ha sido más criticado.