Otoño de 1977, hace 40 años. La España que intenta dejar atrás la dictadura legaliza a golpe de real decreto la Generalitat de Catalunya, disuelta tras la ocupación militar de Barcelona por las tropas franquistas en 1939. Y reconoce a su presidente, Josep Tarradellas i Joan, elegido en el exilio republicano en México en 1954, que reside entonces en el clos Mosny de Saint-Martin-le-Beau (la Turena, Francia).
Tarradellas, conseller de Finances de la Generalitat republicana y responsable de la Comissió d'Indústries de Guerra (CIG), que coordinaba la producción y el abastecimiento de armas al ejército de la República, es entonces un hombre de 78 años que tiene un sueño y una obsesión: volver a Catalunya como presidente de la Generalitat. De la ley a la ley: la misma legislación de los ganadores que lo echó le permitirá volver, hechos los correspondientes ajustes.
Todavía no hace dos años que el general Francisco Franco ha muerto, en la cama. Y apenas uno que Juan Carlos I, su sucesor a título de rey, y los sectores más aperturistas encabezados por el presidente Adolfo Suárez, han impulsado la ley de reforma política, que tiene que encarrilar a España hacia la democracia "desde la ley a la ley".
Las primeras elecciones desde el fin de la guerra de 1936-39 -constituyentes-, se han celebrado el 15 de junio. En Catalunya han ganado las izquierdas, los socialistas y el PSUC. Laureà López Rodó, exministro del régimen, solo ha obtenido un escaño, el suyo, encabezando las listas de AP, el partido con que Manuel Fraga ha intentado reagrupar el franquismo civil. El gobierno de la Generalitat provisional que presidirá Tarradellas, un ejecutivo de concentración de todos los partidos del catalanismo, sería el primero de Europa occidental con miembros del partido comunista desde desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
La Constitución tardará un año largo todavía en aprobarse (1978). Dos el Estatuto de Autonomía de Catalunya (1979), y pasarán casi tres (1980) antes que los catalanes puedan elegir de nuevo a su Parlament. Pero el retorno de Tarradellas, el 23 de octubre del 77, culminará en el unánimemente considerado como el único acto de "ruptura" operado en el marco de la transición española: la "legalización" de una institución de la época de la República, la única. Si bien, la Generalitat fue fundada en el siglo XIV: antes de Tarradellas había habido 124 presidentes. La Generalitat es preconstitucional, como también pre-republicana. Por eso, el real decreto-ley que la restableció, fruto de la llamada Operación Tarradellas, empieza como sigue:
"La Generalitat de Catalunya es una institución secular en la que el pueblo catalán ha visto el símbolo y el reconocimiento de su personalidad histórica, dentro de la unidad de España".
Número 1 del recuperado Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), con los decretos de restablecimiento de la institución y el nombramiento del president
El 40 aniversario de aquellos hechos coincide con un nuevo momento crucial de la historia de Catalunya. Las circunstancias han cambiado. Las leyes, también. ¿Pero por qué la ley democrática es ahora un muro levantado contra la reclamación de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya, una demanda mayoritaria entre las fuerzas políticas y la ciudadanía, según acreditan todas las encuestas, y entonces no lo fue la ley posfranquista para el restablecimiento de la Generalitat? ¿Por qué la "ley" es la principal arma ofensiva en manos del gobierno del Estado para "ilegalizar" el proceso independentista, o inhabilitar a sus promotores políticos, y entonces fue la herramienta para cumplir el mandato del pueblo expresado en las urnas?
La "legalización" de la Generalitat en los inicios de la transición fue un acto casi "revolucionario" amparado en el tránsito de la ley (posfranquista) a la ley (preconstitucional). Entre la ley de reforma política aprobada en noviembre de 1976 por las Cortes del régimen, y los reales decretos, dos de la jefatura del Estado y dos más de la presidencia del Gobierno, que materializaron el restablecimiento de la Generalitat y el reconocimiento de Tarradellas como presidente. Todos ellos se publicaron al primer número del Diario Oficial (DOGC) de la Generalitat provisional.
La "legalización" de la Generalitat en los inicios de la transición fue un acto casi "revolucionario" amparado en el tránsito de la ley (posfranquista) a la ley (preconstitucional)
No hay más: "de la ley a la ley". La legalidad española, cuando la transición todavía estaba en mantillas, se adaptó a las demandas del "pueblo catalán" -al cual se alude en el real decreto-ley 41/1977 de 29 de septiembre sobre restablecimiento provisional de la Generalitat de Catalunya- y a las de "la gran mayoría de fuerzas políticas" que concurrieron "en Catalunya" a las elecciones del 15-J del 77. El real decreto-ley incorporó así una lectura claramente plebiscitaria, y vinculante, del resultado de aquellos comicios a las Cortes constituyentes, en los que "la gran mayoría" de las fuerzas políticas defendió "la necesidad de restablecer a la Generalitat". Hay que subrayarlo: una lectura plebiscitaria hecha por Madrid del resultado en Catalunya de unas elecciones generales que sirvió para legitimar políticamente -y, ahora sí, democráticamente- la recuperación de la Generalitat.
¿Por qué entonces sí y ahora no? El historiador Jaume Sobrequés, que fue senador por Girona en al lista de la Entesa dels Catalans, integrada por casi toda la izquierda y el nacionalismo en las elecciones del 15 de junio del 77, y portavoz del PSC años después, cree que hay dos razones fundamentales: el "sentimiento unánime que sin resolver el problema catalán no era posible consolidar la democracia en España" y el hecho de que entonces, desde Catalunya, "sólo se pedía la autonomía, no la autodeterminación".
En opinión de Sobrequés, fue Suárez quien hizo posible la operación retorno de Tarradellas "de la ley a la ley", en plena España posfranquista, saliendo "de una dictadura feroz", y sin Constitución, destaca. La ingeniería política, y jurídica, le dio la cobertura legal. Los acontecimientos se precipitaron en un tiempo récord: entre el 27 de junio -primera entrevista, sin resultado, entre Tarradellas y Suárez a Madrid- y el 1 de julio -la segunda, con acuerdo; y con la manifestación "del millón" de la Diada del Onze de Setembre como factor que todavía aceleró más el proceso.
Los presidentes Suárez y Tarradellas el 22 de septiembre de 1977
En aquel momento, Madrid reaccionó de manera muy diferente ante el "Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia" que como lo ha hecho desde el 2012 ante las mucho más multitudinarias manifestaciones por la independencia. El mismo Sobrequés recuerda en el libro El triomf de la memòria. La manifestació de l'once de setembre de 1977, obra a seis manos con David Ballester y Manel Risques, que la manifestación del passeig de Gràcia dio fuerza a los parlamentarios que la habían convocado y al mismo Tarradellas, que pudo evidenciar el apoyo popular a sus propuestas ante Madrid. Pero también al propio gobierno Suárez ante los sectores más involucionistas "a la hora de hacerles comprender la necesidad de encontrar una salida controlada y con límites asumibles a las pretensiones de autogobierno del pueblo catalán".
Sobrequés: "Los que se sentían débiles después de la muerte de Franco ahora se sienten valientes"
Y es que la relación de fuerzas también era otra. "Los que se sentían débiles en el 77 después de la muerte de Franco ahora se sienten valientes. Y no sólo en el PP, también en el entorno del PSOE", explica Sobrequés a El Nacional. He ahí una de las claves del ayer y el ahora. En el 77, el relato hegemónico a la política española, del universo mediático y de la intelectualidad, era (cuando menos, en la superficie) otro: aunque gobernaba la UCD de Suárez, al fin y al cabo un partido de posfranquistas, la izquierda imponía el discurso en favor de la democracia y de los derechos, también el derecho al autogobierno de las "nacionalidades" -el PSOE admitía incluso la autodeterminación-. Y la prensa, la prensa "libre" después de 40 años de censura, y los intelectuales "progres", se lo hacían suyo.
Portada de Diario 16 del 12 de septiembre de 1977, después de la "Diada del milió"
El País del 13 de septiembre de 1977 elevó a millón y medio los asistentes a la Diada
Madrid era otra cosa. Por el camino, algo ha cambiado. La indiferencia de la mayoría de la clase política española ante actos como el asalto ultra a la librería Blanquerna, la sede de la delegación de la Generalitat en el 2014, o el "comité de recepción" del mismo estilo que el expresidente Artur Mas se encontró este martes a las puertas del Ateneo, en la misma capital española, donde participó en un debate sobre el proceso catalán con l'exministro José Manuel García-Margallo, son una prueba fehaciente.
Portada del diario El País del 12 de septiembre del 2016, el día siguiente de la última Diada independentista
En el 77 se podía traer de Francia un presidente de la Generalitat en el exilio a Madrid y si hacía falta -como sucedió con Tarradellas- se le hacía el pasaporte en Barajas. Ahora se lo inhabilita -cómo le ha sucedido a Mas- por haber puesto unas urnas de cartón en la calle. Manuel Milián Mestre, periodista, asesor del Foment del Treball y expolítico de AP y el PP, era desde los inicios de los años setenta uno de los hombres de Fraga en Catalunya y estuvo en todas las cocinas y cocinillas de la transición o bien cerca de ellas, entre las cuales, la del retorno de Tarradellas, a quien visitaba en el exilio y trasladó mensajes del gran timonel de la derecha y exministro de Franco. Milián cree que la operación fue posible, fundamentalmente, porque hubo "voluntad política". Este marco permitió, a su parecer, que Suárez, en la línea del camino abierto por Torcuato Fernández Miranda y asistido por hombres como el jurista y el ministro José Manuel Otero Novas, pudiera hacer "una interpretación laxa de la ley", que se pudieran "estirar las leyes del franquismo". "En aquel momento, la gente era muy adaptativa, porque se buscaban puentes para el futuro". Y fundamental fue la actitud de Tarradellas, explica, "con una posición dura pero flexible en su formalización".
Milián Mestre: "Hubo voluntad política para interpretar de manera laxa las leyes del franquismo"
"En realidad, el salto que se dio entonces era más grande que [el que se plantea] ahora," afirma un Milián para quien "todos los puentes están rotos", el título de su último libro, en parte por la "postura intransigente" que atribuye a Mariano Rajoy. Su oferta de infraestructuras -que el presidente español quiere anunciar en Barcelona el martes que viene- llega tarde y mal, avisa.
El 1 de septiembre de 1975, el historiador Joan B. Culla estaba entrevistando a Tarradellas en Saint-Martin-le-Beau. Culla hizo su tesis -y después primer libro- sobre el Partit Nacionalista Republicà d'Esquerra (PNRE), la escisión de ERC articulada en 1933 en torno al grupo de l'Opinió de la cual formó parte el mismo Tarradellas. ¿Por qué fue posible entonces, poco tiempo después de aquel primer encuentro de Culla con el presidente exiliado lo que ahora parece que no pueda serlo? El diagnóstico de Culla es que "era un momento de transición, de legalidad fluida, líquida. El gobierno no estaba sujeto a ningún marco constitucional y la ley de la reforma política era un apaño que daba mucha manga ancha a Suárez para hacer mangas y capirotes". "Nadie podía decir que el decreto de restablecimiento de la Generalitat era inconstitucional. ¿De qué Constitución"? He ahí la gran paradoja del momento. "La Constitución se ha convertido ahora en una jaula de hierro", concluye.
Joan B. Culla: "En el 77, nadie podía decir que el decreto de restablecimiento de la Generalitat era inconstitucional. ¿De qué Constitución?"
¿Salidas? Culla recuerda propuestas de encaje en la Constitución de una consulta en Catalunya como la formulada por el desaparecido jurista Francisco Rubio Llorente, expresidente del Consejo de Estado y uno de los hombres que más conocía los engranajes de la Carta Magna española. El historiador cree que sería posible un referéndum consultivo en todo el Estado con la condición que el resultado en Catalunya sea "determinante". Pero para llevar eso a cabo, avisa, hacen falta liderazgos como los de la transición. Como los de Suárez y Tarradellas. El historiador renovó su relación con el presidente a partir de 1980, cuando lo relevó Jordi Pujol a raíz de las primeras elecciones al Parlament, y la mantuvo hasta la muerte de Tarradellas, en 1988.
Montserrat Catalán: "El registro era diferente. Había voluntad de dialogar, de sentarse a hablar"
Otra de las personas que más cerca estuvo de Tarradellas desde su retorno a Catalunya fue su secretaria, Montserrat Catalán, exdirectora del Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià -el centro lleva el nombre de la hija del presidente- y ahora comisaria de los actos de conmemoración del 40º aniversario organizados por el Govern. Catalán cree que la química personal entre Tarradellas y Suárez hizo posible el retorno. Y un determinado clima que ahora no existe: "El registro era diferente. Había voluntad de dialogar, de sentarse a hablar. Tarradellas sabía ponerse en el lugar de su interlocutor. Y en Madrid había receptividad. Ahora, los puentes están rotos", lamenta. Pero sobre todo, afirma Catalán, el talante del mismo Tarradellas, su "alta calidad humana". "Siempre decía que él había perdido una guerra". La ley -las leyes- y los que las hacen y las interpretan.
Tarradellas en el Lincoln descapotable en el que llegó a la Generalitat el 23 de octubre de 1977