El catalán, según José Manuel Albares, es "una cuestión de identidad nacional española". Así se ha referido el ministro de Exteriores a la lengua catalana este miércoles después de haberse reunido en Bruselas con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. El encuentro se ha celebrado para insistirle sobre la necesidad de poder utilizar en la Eurocámara el catalán, el vasco y el gallego. Pero la reunión ha terminado sin resultados ni calendario para hacer los próximos pasos en este proceso de normalización lingüística: "No hemos hablado de plazos; se trata de un tema que ya está sobre la mesa y llevará un trámite normal". Cuando ha salido de la reunión, Albares ha asegurado que le ha trasladado que hará "todos los esfuerzos posibles en sus manos" para que los eurodiputados españoles "sean del partido que sean" den apoyo a poder utilizar con normalidad las lenguas que son cooficiales con el castellano en el estado español.
En una declaración ante los medios de comunicación, el ministro de Exteriores se ha mostrado "dispuesto a hablar con quién haga falta". "Tengo la mano tendida", ha asegurado, y ha afirmado que "solicitará" reunirse con el Partido Popular Europeo para intentarles convencer. Sea como sea, ha insistido en que el Gobierno mantendrá sus esfuerzos "el tiempo que haga falta" para conseguir que el Consejo de la Unión Europea apruebe la oficialidad de la lengua catalana.
Oficialidad del catalán en la Unión Europea
Hace falta tener en cuenta que no es lo mismo la oficialidad de una lengua en la Unión Europea que permitir su uso en el Parlamento Europeo. Son dos cosas diferentes. Y en verano del 2023 el Gobierno se comprometió con Junts per Catalunya a conseguir la primera de las dos cosas a cambio de nombrar a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados. La oficialidad de este idioma situaría la lengua de los catalanes al mismo nivel que el castellano, el francés o el alemán en Europa: la legislación tendría carácter oficial en catalán y se aplicaría directamente en esta lengua, y detendría la discriminación actual contra la lengua catalana en los procesos para conseguir becas o pasar oposiciones a las instituciones europeas, en los que el conocimiento del catalán no da ningún punto.
La oficialidad del catalán, sin embargo, se tiene que decidir en el Consejo de la Unión Europea, y hace falta la unanimidad de los 27 estados miembros. Allí, la cuestión no se ha vuelto a abordar desde la primavera pasada, cuando la entonces presidencia belga lo planteó por última vez en un Consejo de Asuntos Generales. El Gobierno sostiene que volverá a llevar el tema en esta reunión cuando considere que es viable obtener la luz verde de los otros 26 socios comunitarios. El motivo que genera más desafección son los problemas que puede crear una futura ampliación de la Unión Europea, con la entrada de países de los Balcanes o Ucrania; con la multitud de idiomas que hay en estos territorios. Y hay otro elemento a tener en cuenta: PP y Vox presionan aquellos gobiernos europeos comandados por partidos de derecha y de extrema derecha para que se opongan.
Acuerdo administrativo por el uso del catalán en el Parlamento Europeo
Lo que pretende ahora Albares es alcanzar un acuerdo administrativo para que el catalán, el vasco y el gallego se puedan hablar en el Parlamento Europeo. En caso de conseguirlo, sería un paso, pero insuficiente con respecto al cumplimiento del acuerdo PSOE-Junts para convertir a Francina Armengol en la tercera autoridad del Estado español. Ya hace tiempo que Albares le pidió a Metsola, y entonces la presidenta de la institución pidió un informe sobre las consecuencias de sacarlo adelante. A estas alturas, el grupo de trabajo del Parlamento Europeo encargado de abordar el uso del catalán, vasco y gallego en esta institución todavía espera el informe de sus servicios técnicos. No obstante, Albares ha querido mantener igualmente este encuentro para tratar personalmente la cuestión.
El pasado mes de septiembre, el ministro de Exteriores envió una carta a Metsola reclamando que estas tres lenguas puedan utilizarse en la Eurocámara. La misiva desembocó en agendar una reunión entre los dos que se tenía que celebrar el pasado mes de noviembre. Pero la DANA valenciana obligó aplazar el encuentro, que se ha celebrado finalmente este miércoles en Bruselas.