El destino ha dejado un calendario muy metafórico del momento político que atraviesan Catalunya y España. Este martes, el Tribunal de Cuentas ha citado a una cuarentena de dirigentes independentistas para reclamarles una fianza multimillonaria por la acción exterior de la Generalitat. Algunas voces dentro del Gobierno admiten que se trata de "piedras en el camino". No en balde, también este martes, el presidente Pedro Sánchez recibirá al president Pere Aragonès en el Palacio de La Moncloa en la reunión protocolaria que quiere reactivar el diálogo truncado por la pandemia ahora hace un año, cuatro meses y tres días. Un diálogo que estará plagado de obstáculos, como demuestra la persecución patrimonial. Y también estará marcado por posiciones muy alejadas, que corre el riesgo de convertirse en un diálogo de sordos. En todo caso, al menos el calendario se va cumpliendo: primero indultos, después encuentro de presidentes.

¿Cómo llega Pere Aragonès a la reunión? Sin abandonar las dos principales demandas del independentismo: la ley de amnistía y el referéndum de autodeterminación. Lo ha reiterado por activa y por pasiva, basándose en los consensos de la sociedad catalana expresada en las urnas y en las encuestas. Para el resto de cuestiones ya existe una comisión bilateral Estado-Generalitat. No se trata sólo de nueve presos. Ni tampoco de un nuevo Estatut que ya no compra el catalanismo político. Va mucho más allá, y la persecución del Tribunal de Cuentas —cuestionada desde dentro del mismo organismo— confirma su teoría.

¿Y cómo llega Pedro Sánchez? Con vetos y líneas rojas. Sobre el papel, en el diálogo Catalunya-Espanya se podrá hablar de todo. Pero como aquellos miembros que se sientan en una mesa con voz pero sin voto. El Gobierno deja claro, en público y en privado, que ni hablar de la amnistía ni de la autodeterminación. Tampoco habrá al principio ningún gesto hacia los exiliados, a pesar de la posibilidad del indulto anticipado admitida por el mismo ministro de Justicia. Y este lunes el presidente del ejecutivo central cerraba filas con el Tribunal de Cuentas. A pesar de los gestos que pide el independentismo, Sánchez descartaba cualquier tipo de instrucción a la Abogacía del Estado, que está poniendo más piedras que sacándolas. Todo esto, con fracturas internas: Podemos ha defendido públicamente el regreso libre de los exiliados y que se "eliminen" las causas del Tribunal de Cuentas.

Los dos presidentes tienen incentivos para que el diálogo funcione. En el caso de Aragonès porque ERC lo ha fiado todo a esta apuesta estratégica e incluso ha comprometido un horizonte de dos años para empezar a ver si acaba dando frutos. De aquí todos los gestos de Oriol Junqueras, empezando por la carta que acabó de allanar el camino hacia los indultos. El éxito del diálogo será el éxito de los republicanos, y el fracaso será responsabilidad suya. En La Moncloa también tienen interés para que funcione la interlocución. La alternativa supuestamente centrista de Ciudadanos ya no es una alternativa, y el independentismo sí que lo es para Sánchez. También confían en una "pacificación" hasta agotar la legislatura. Para eso habrá que cumplir. Son conscientes de la posición de Junts y la CUP y admiten preocupación por que se acaben imponiendo otras vías. Ya se ha dado un primer paso: los indultos parciales y condicionales. Pero es eso: un primer paso.

Se ha resuelto sólo la situación de nueve personas que estaban en la prisión. Sobre la mesa de diálogo se cernirá, sobre todo, la situación de los exiliados, que no pueden volver a Catalunya sin ser detenidos, a pesar de la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín. Aquí podría jugar un papel la reforma de la sedición, que sigue sin calendarios establecidos. También habrá que ver cómo se mete mano en el Tribunal de Cuentas, que se ha convertido en un chiringuito de los dos grandes partidos con acusaciones de parcialidad y nepotismo. Todo esto, a la espera de que el Tribunal Supremo no decida revocar la medida de gracia. Desde las instituciones europeas observan todo lo que ocurre. Y también desde Sant Jaume. Cada frente judicial abierto puede hacer tambalear los cimientos de la mesa.

¿Mesa en septiembre?

La mesa de diálogo no se reúne desde el 26 febrero del año pasado, la primera y única reunión de constitución en La Moncloa. Todavía falta por concretar los detalles de su reactivación –en principio, sobre el papel, tocaba en Barcelona y sin presidentes– pero las dos bandas ya admiten que probablemente ya habrá que esperar a septiembre, pasadas las vacaciones de verano. Será año y medio después. Y previsiblemente sin Oriol Junqueras, vetado educadamente por el propio Sánchez. Antes habrá otra cita, a finales de julio en Salamanca: una conferencia de presidentes autonómicos para hablar de los fondos de recuperación europeos. Este año ya llegarán 19.000 millones de euros de Bruselas. Habrá que ver cómo actua Aragonès: si acude o no.

La derecha lo enfanga todo

Mientras tanto, como era previsible por otra parte, las filas conservadoras se dedican a enfangar el terreno de juego. Después del segundo Colón, no se podía saber, la extrema derecha vuelve a llevar la batuta de la oposición. Como tradición ya de septiembre, Santiago Abascal amenaza con una nueva moción de censura contra Pedro Sánchez y sobre todo contra Pablo Casado. Y el líder estatal del PP vuelve a ir a remolque, con escenas dantescas contra los empresarios y los obispos. Y autoproclamándose víctima del "terrorismo" de los CDR porque supuestamente buscaron su nombre en Google. Ni la Audiencia Nacional le ha considerado víctima. De tanto dar virajes sobre si mismo, la peonza de Génova ha acabado perdiendo el centro de gravedad.