Un nuevo informe del Tribunal Constitucional contradice las intenciones de su propio presidente, Cándido Conde-Pumpido, que la semana pasada planteó la posibilidad de impedir que los jueces planteen una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el amparo concedido a los condenados por el caso ERE. Este informe de un letrado de la corte de garantías concluye que impedirlo “constituiría un grave atentado contra la independencia judicial”, según adelanta The Objective.
“La interferencia, injerencia, condicionamiento, impedimento u obstaculización por el Constitucional del planteamiento de cuestiones prejudiciales por los tribunales ordinarios nacionales constituiría un grave atentado a la independencia judicial de estos tribunales ordinarios que podría motivar la responsabilidad del Reino de España”, señala el informe que firma al letrado Ignacio Ulloa. Según su opinión, el propósito de Conde-Pumpido podría implicar una infracción de los artículos 258 y 259 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Según el letrado Ulloa, la normativa europea ofrece a los tribunales de los Estados miembros plantear una cuestión prejudicial delante del TJUE para dirimir una controversia entre la normativa nacional y la comunitaria. Ulloa sostiene que elevar la cuestión supondría paralizar la ejecución de las resoluciones absolutorias del TC, que obligan a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva decisión, que sostiene que el TC se ha “extralimitado” con sus resoluciones en el caso de los ERE.
Este pronunciamiento de la corte de garantías se produce después de que la Audiencia sevillana cuestionara que el amparo concedido por la corte española de garantías (TC) a condenados del caso ERE como los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves fuera del todo compatible con el derecho de la Unión Europea. La Sección Primera de la Audiencia pidió por eso opinión en las partes personadas (Fiscalía, acusaciones del PP y Manos Limpias y defensas) sobre si el Constitucional se extralimitó e invadió ámbitos reservados a los jueces, y planteó la posibilidad de una cuestión prejudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La posición de la Fiscalía
Por su parte, este miércoles, la Fiscalía Anticorrupción desaconsejó a la Audiencia de Sevilla acudir a la Justicia europea después de que este tribunal provincial consultara a las partes del caso ERE sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial a raíz del amparo concedido por el Constitucional a los principales condenados. En el escrito presentado ante la Sección Primera por los fiscales delegados en Sevilla de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, trasladan que en este caso puede resolver sus dudas conforme al derecho interno y que la corte española de garantías “no se ha extralimitado en anular una resolución judicial”.