El próximo 9 de mayo finaliza el actual de estado de alarma. Y el Gobierno no tiene previsto prorrogarlo más, después de seis meses ininterrumpidos, como expresó este martes el presidente Pedro Sánchez. La Moncloa, que se ha negado a reformar la legislación ordinaria, argumenta que es suficiente con las reuniones del Consejo Interterritorial para adoptar decisiones para frenar el coronavirus. Pero no es lo mismo que opina el Consejo de Estado, que en un dictamen del pasado 23 de marzo le reclamaba la adaptación de las leyes para poder hacer frente a la pandemia sin el estado de alarma. El órgano consultivo considera que las normas estatales son "muy parcas".
Se trata del dictamen que el Consejo de Estado emitió a petición del Gobierno, para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Gallega de Salud. Entre otras cosas, la norma del presidente Alberto Núñez Feijóo convertía la vacunación en obligatoria, y por eso La Moncloa lo ha llevado al Tribunal Constitucional. Si bien les da parcialmente la razón en el recurso de inconstitucionalidad, el órgano consultivo, presidido por la exvicepresidenta socialista Maria Teresa Fernández de la Vega, recuerda la necesidad de modernización la legislación sanitaria. "No contiene seguramente los mecanismos adecuados para hacer frente a una crisis de esta envergadura", señala el dictamen.
El informe preceptivo del Consejo de Estado hace referencia a la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública. Recuerda como fue aprobada "hace casi cuarenta años", que "contiene una regulación en extremo genérica" y que la regulación de su núcleo orgánico no está "acabada". Así, esta norma "podría resultar insuficiente para hacer frente, de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia administrativa y seguridad jurídica, a las necesidades a las que se enfrentan las autoridades sanitarias competentes".
La legislación sanitaria estatal, insiste el Consejo de Estado, "presenta carencias por la falta de concreción de cuatro aspectos: las medidas susceptibles de ser adoptadas en estos casos; los requisitos exigibles para su adopción; el régimen sancionador aplicable, y los términos y alcance de la garantía judicial".
Por todo eso, el organismo presidido por Fernández de la Vega concluye "el contenido de la ley orgánica 3/1986 podría estar necesitado de una adecuación legislativa que le aporte más detalle y concreción, para proporcionar a las autoridades sanitarias competentes el mejor marco jurídico posible para afrontar las situaciones presentes y futuras de riesgo para la salud pública".
¿Qué ha dicho el Gobierno?
El Gobierno hace dos semanas que tiene este dictamen encima de la mesa. A pesar de todo, esta misma semana, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha defendido que existen los instrumentos suficientes para poder gestionar la pandemia sin el estado de alarma a partir del próximo 10 de mayo. Según dijo la dirigente socialista, a partir de entonces será el Consejo Interterritorial de Sanidad el órgano que acordará las medidas "de obligado cumplimiento" por parte de todas las comunidades.