Revuelta en el Poder Judicial español, en un enfrentamiento descarnado de los representados nombrados por el PP contra los del PSOE y el Gobierno. Ocho vocales del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) han solicitado formalmente este lunes la celebración de un pleno extraordinario que se celebrará el miércoles a partir de las 19.00 horas, para fijar una respuesta de este organismo contra su reforma. Los promotores del pleno consideran que le quieren restar atribuciones, entre ellas la de realizar nombramientos en la cúpula judicial. Piden que se acuda al Tribunal Constitucional y que se informe de la situación a la Comisión Europea, para cuando prepare su informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión.

La propuesta supera el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un pleno y la firman Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballester, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y Maria Ángeles Carmona, todos ellos designados a propuesta de PP.

En concreto, solicitan que el pleno debata la posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con requerimiento previo a las Cortes Generales, así como una petición al defensor del pueblo para que interponga recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que fue instada por PSOE y Podemos.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, también se pide que el pleno debata una respuesta a las preguntas que formuló al CGPJ la Comisión Europea en el marco de la preparación de su informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

PP y Vox, al TC

La semana pasada no se aventuraba un apoyo masivo dentro del órgano de gobierno de los jueces a la propuesta planteada en el pleno ordinario sobre la posibilidad de acudir al Constitucional, dada la dificultad de que este pueda prosperar por la jurisprudencia existente.

No obstante, el asunto ya está de hecho sobre la mesa en el tribunal de garantías, por iniciativa de partidos políticos en la oposición como Vox, que recurrió el texto del PSOE y Podemos la pasada semana. El PP, por su parte, recurrió el pasado mes de enero la tramitación 'exprés' de la reforma.

Con respecto al conflicto de atribuciones, se trata de una iniciativa muy poco habitual que se interpone cuando un órgano constitucional, como es el CGPJ, considera que otro de los órganos del Estado asume atribuciones que no le corresponden, y ha comunicado antes al "órgano invasor" —en este caso al Congreso de los Diputados— dentro del mes siguiente en que ha llegado a su conocimiento la actuación indebida, pidiendo que esta se revoque.

Si el órgano al que se dirige la solicitud afirma que actúa en el ejercicio de sus atribuciones, o si en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación no rectificara en el sentido solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones puede plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, especificando los preceptos que considera vulnerados y formulando las alegaciones que estime oportunas.

El trámite de este asunto prevé conceder el plazo de un mes a la otra parte para que pueda personarse en el procedimiento y formular alegaciones y, finalmente, la sentencia que resuelve el conflicto determinará a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarar nulos los actos ejecutados indebidamente.

Comunicación a la UE

Lo que puede concitar más apoyos es la remisión del informe a Europa, ya que el posible contenido ya fue encargado el jueves pasado a la vocal Nuria Díaz Abad, que es una de las firmantes de la convocatoria de pleno.

Se trataría de una comunicación a la Comisión Europea en el marco de la preparación del informe sobre el Estado de Derecho 2021, donde se podría incluir la postura del CGPJ español sobre su reforma. Este texto inicialmente estaba previsto que se llevara a la comisión permanente y posteriormente a un pleno, aunque parece que la discusión sobre su contenido se producirá el próximo miércoles.