El rey emérito Juan Carlos I y las infantas Elena y Cristina de Borbón han sido denunciados como presuntos autores de un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales por la Asemblea Republicana de Vigo, que esta mañana ha presentado una denuncia en la Fiscalía de la Cidade da Xustiza de Vigo. Este organismo ha decidido esta medida con motivo del reciente anuncio por parte del rey emérito de crear una Fundación con sede a Abu Dabi para la gestión de “fondos millonarios ocultados en la hacienda española”, según afirma la organización republicana en un comunicado. Según trascendió el pasado 9 de septiembre, Juan Carlos I, de 87 años, asegura la herencia de sus hijas con la creación de esta fundación para centralizar su fortuna en el extranjero y dejarla en herencia a las infantas. Esta fundación está presidida por él mismo y sus hijas, Elena y Cristina, constan como miembros de su patronato.
Capital escondido a la hacienda española
La Asemblea Republicana de Vigo considera que la constitución de esta fundación demostraría que este capital ha sido escondido a la hacienda española, incluso después de haberlo regulado fiscalmente. La denuncia va dirigida a la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria (AEAT) por considerar que el rey emérito y sus hijas han cometido presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales y en esta, recuerda que el emérito realizó hasta dos regulaciones fiscales. La primera, en diciembre de 2020, por valor de 678.393 euros y otra, dos meses después, por un importe de 4,4 millones de euros, por lo que ambas suman más de cinco millones de euros. En la denuncia, la Asemblea Republicana recuerda que, según el testimonio del propio Juan Carlos, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para convencer a la Agencia Tributaria de que no tenía dinero. “A pesar de esto, ni por el concepto ni por la cuantía quedó regularizado su patrimonio oculto en el extranjero”, argumentan los denunciantes. Según la prestigiosa revista Forbes, el rey emérito tiene una fortuna estimada que supera los 2.000 millones de euros.
En cuanto al papel de las infantas Elena y Cristina, la organización considera que “la pertenencia al Patronato de una institución sucesoria opaca, nutrida con fondos defraudados en la Hacienda Pública y de origen probablemente ilícito convierte a las infantas en encubridoras de uno o varios delitos fiscales y autoras de un delito de blanqueo”.
Estupor entre la ciudadanía
Los denunciantes sostienen que este tipo de movimientos está generando “estupor” entre la ciudadanía y que, por ello, deciden presentar una denuncia “ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria. Sin embargo, la denuncia de la Asemblea Republicana de Vigo insiste en que “la ciudadanía española queda nuevamente atónita con las conductas de la anterior casa real. La estupefacción que causan estas recurrentes noticias no tiene comparación con otros casos de corrupción pública. Ambas administraciones interpeladas “tienen el deber jurídico de aclarar y perseguir las conductas que se puedan deducir de los hechos informados. Se trata de un deber terminante, de una cuestión de legalidad insoslayable, pero también de moralidad pública, políticamente perturbada por la indecencia de estas conductas”, termina la denuncia de la Asamblea Republicana.
¿Por qué denuncia y no querella?
Según ha explicado Antonio Beiras Cal, uno de los denunciantes junto a Celso Pazos, la asociación republicana ha presentado la denuncia en Vigo porque es donde esta entidad tiene su sede, y cree que otras asociaciones están pensando en hacer lo mismo. Sin embargo, advierte que queda poco tiempo para que las acciones jurídicas contra la declaración complementaria del 2021 prescriban. “Los próximos pasos para que no se duerma la denuncia serán contactar con todos los grupos parlamentarios de la investidura para que presionen al gobierno para que las actuaciones de investigación empiecen lo antes posible”, dada la proximidad de la fecha en que prescriben las complementarias presentadas por el emérito, ha explicado Beiras a las puertas de los juzgados. Beiras también ha explicado que han presentado una denuncia, porque se puede rechazar investigar una querella, mientras que el juez está obligado a realizar pesquisas si se trata de una denuncia. Según recoge la Voz de Galicia, Beiras ha calificado los hechos como “un escándalo”, resaltando que Hacienda deja pasar de largo 2.000 millones de euros y luego persigue con multas a un ciudadano modesto”.