La querella de Òmnium Cultural contra el rey emérito Juan Carlos I tendrá diferentes efectos legales para la Corona. La sola apertura del procedimiento judicial que "necesariamente" se tendrá que producir provocará, según se subraya en la querella, que el caso pase en la Sala Segunda del Supremo y deje de estar en manos de una investigación "en solitario" de la fiscalía. Además, la querella interrumpirá el plazo de la prescripción de los hechos investigados, algunos de los cuales se remontan a 9 o 10 años, por lo cual están a punto de prescribir.
Estas son algunas de las razones que han empujado a Òmnium a presentar la querella, según explica en el texto presentado hoy ante del Supremo, "para erradicar cualquier sombra de impunidad de una de las más altas instituciones del Estado". Esta querella y la petición a Suiza para que bloquee las cuentas de Juan Carlos I forman parte de una campaña jurídica e internacional impulsada por Òmnium contra los poderes del Estado.
Ampliar la investigación
La querella criminal pide que se investigue al Rey emérito por soborno, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, delito contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. El texto recuerda que la investigación actualmente en marcha por parte de la fiscalía del Tribunal Supremo no para el periodo de prescripción de los delitos, y que ha limitado el alcance de la investigación y ha dejado fuera del caso hechos por los cuales sí está investigando la fiscalía de Suiza.
Además, el hecho de estar en manos de la fiscalía no permite a otras partes que intervengan en la investigación del caso.
La denuncia, que recuerda que el actual monarca, Felipe VI ha reconocido la existencia de estos fondos ilícitos en el patrimonio de su padre dado que ha manifestado la voluntad de renunciar a la herencia, utiliza la sentencia contra Iñaki Urdangarin por el caso Noos y la implicación de la infanta como muestra que la figura del jefe de Estado puede ser utilizada como instrumento de enriquecimiento ilícito y como ascendencia ante actores políticos y económicos que se relacionan.
Por lo que respecta a la inviolabilidad del rey, recuerda que esta figura ha evolucionado y que pretender mantener este régimen de manera total y absoluta trasladaría "nuevamente a concepciones absolutistas de la monarquía que en nada pueden contabilizarse con sistemas formalmente democráticos".
La querella de Òmnium contra Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón-Dos Sicilias recuerda la intervención del rey emérito como comisionista en la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank en el 2003 por 39 millones de libras esterlinas, y las revelaciones al respeto de Corinna Larsen, "conocida amiga personal" del rey, y las conversaciones con el excomisario José Villarejo.
Así mismo, enumera los 100 millones de dólares que recibió del ministro de Finanzas de Arabia Saudí a través de la Fundación Lucum de Panamá, y que posteriormente irían a parar a manos de Corina, y recuerda que la Fundación Lucum hasta el 2019 situaba al Rey Felipe VI como beneficiario en caso de muerte de Joan Carles I.