La reyerta de la diputada díscola de Vox contra Ignacio Garriga continúa. Hace unas dos semanas, Isabel Lázaro denunció al secretario general del partido ultra delante de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) por cargar al grupo parlamentario gastos personales —entre los cuales figuran la cuota de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del colegio de sus hijos, tintorerías, peluquerías y numerosos repartos de comida a domicilio—. Ahora, la diputada le ha reprochado que las cuentas del grupo parlamentario de Vox no están ni fiscalizados ni auditados por el Parlament.
La cosa es que Garriga aseguró que la denuncia de Lázaro es "una campaña más de estas que intentan silenciar el mensaje político de Vox" y que las cuentas del grupo parlamentario están auditadas. "Nunca nos han recriminado ni nos han planteado la modificación de cualquier tipo de error. Si lo hubieran hecho, por descontado que lo habríamos corregido", dijo en una entrevista publicada el fin de semana, donde también reiteró que los gastos están perfectamente justificados y que está muy tranquilo. Pero la diputada le ha indicado este miércoles que las cuentas no están auditadas, de manera que el Parlament no dispone ni de las facturas ni de los justificantes de pago.
#EnDefensaPropia@Igarrigavaz, las cuentas del Grupo Parlamentario de VOX, no están auditadas por el Parlamento, "...ni fiscalizadas ni auditadas".
— Isabel Lázaro (@IsabelLazaro_) April 25, 2024
"Un político que miente debería dimitir", @vox_es
Para que VOX vuelva a ser VOX. pic.twitter.com/SkgVNBf4UK
Ante esto, Lázaro le ha pedido la dimisión: "Un político que miente tendría que dimitir. Para que Vox vuelva a ser Vox". Y es que la diputada defiende que el objetivo de su reyerta contra Garriga es conseguir que el partido ultra vuelva a ser lo que era. Un usuario de Twitter la ha acusado de atacar más a Vox que al PSC y a los independentistas, y Lázaro ha respondido que ella no ataca su formación: "Defiendo a Vox y defenderé las ideas de la libertad de su manifiesto fundacional siempre".
La diputada difundió un comunicado la semana pasada en el cual aseguraba que la denuncia contra el secretario general del partido ultra no era fruto del "rencor" ni "de una rabieta", sino que respondía a "una situación de degradación de los principios y valores" de la formación. También aseguró que seguiría luchando para "dignificar" el proyecto de Vox y que vuelva "a la esencia de su manifiesto fundacional": "Me preocupa que todo el esfuerzo que hemos desarrollado tantas personas durante tantos años sea destruido por estas personas que han venido a servirse y no a servir". Según relató, Vox prescindió de ella en las listas electorales del 12-M después de haber solicitado las cuentas del grupo parlamentario de Vox. "Sin duda, ha sido una represalia por haber cuestionado las cuentas económicas del grupo", dijo.