Pocas horas antes de que entre en vigor el decreto aprobado la pasada semana por el Gobierno con medidas de ahorro energético para reducir el consumo de gas, la ministra y vicepresidente en del Gobierno Teresa Ribera, ha descartado sanciones "inmediatas" a quien incumpla el plan. Una de las principales peticiones de la reunión que mantuvo el ministerio con los responsables de las autonomías era que la entrada en vigor de las medidas se retrasara para dar tiempo a los diferentes sectores de adaptarse, pero Ribera ya aclaró que el encuentro era para resolver dudas e informar, no para hacer modificaciones al decreto o incluso retirarlo, como exigía el Partido Popular liderado por Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en la Cadena SER ha admitido que los pequeños comercios pueden tener dudas sobre como los afecta al nuevo decreto y ha dicho que hay que dar un margen. En esta línea, ha insistido en que el objetivo no es sancionar, sino "favorecer el cumplimiento", tal como ya remarcó ayer después de la reunión con las autonomías. Al mismo tiempo, sin embargo, ha querido dejar claro que desde este mismo miércoles ya habrá medidas activas –como el apagón de luces de los escaparates o la limitación de la temperatura- y ha avisado que si detectan que a alguna comunidad autónoma hay un incumplimiento generalizado se pondrán en contacto "inmediatamente".

Ayuso y su preocupación por el comercio

Sobre esta cuestión, Ribera ha dicho que sería "una irresponsabilidad grande" que algún territorio decidiera desobedecer el decreto, como ya ha insinuado que hará la Comunidad de Madrid. La ministra ha dicho que espera "responsabilidad" de todas las comunidades porque "es importante aplicar el decreto". Justo después de la reunión, y hablando en representación del PP madrileño, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del gobierno autonómico, Paloma Martín, ya avanzó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético, ya que considera que "se está poniendo en cuestión las competencias propias" de su territorio, especialmente las que se ligan al comercio.

Esta es la gran obsesión de Ayuso, puesto que considera que el hecho de apagar la luz de los comercios a partir de las 22 horas puede ser perjudicial para ellos y les hará bajar la cifra de ventas. "Mañana por la noche, los únicos escaparates de Europa que estarán apagados serán los de España. El decreto va contra el comercio, el turismo y la sensación de seguridad. Una imposición sin diálogo que no mide su impacto económico e invade competencias. Lo recurriremos delante del TC".