El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, se ha convertido de nuevo en uno de los protagonistas del debate en el Parlament sobre el informe de la sindicatura -el del 2019. Su cargo está pendiente de renovación desde hace casi dos años y los partidos de la oposición han reclamado su relevo o la dimisión, y en el caso de Vox, la supresión de este cargo. Pero ha sido el propio Síndic quien ha planteado el tema ante el hemiciclo.
Esta es una polémica recurrente cada vez que comparece, y hoy tan pronto como ha tomado la palabra ha recordado que está pendiente de renovación los órganos de la sindicatura y el titular de la institución, es decir, él, desde el 1 de marzo del 2019. Ha explicado que ha enviado "varias cartas oficiales" al anterior president del Parlamento, Roger Torrent, y a la actual presidenta, Laura Borràs, "pidiendo por favor que active los grupos parlamentarios para que pongan en marcha el mecanismo correspondiente". "Ahora depende de todas y todos ustedes", ha advertido.
Ribó renovó su cargo en enero del 2010, después de un primer mandato como Síndic de Greuges. Poco antes se había reformado la ley y se aprobó prorrogar el mandato de 5 a 9 años, con lo cual concluyó el 2019. No obstante, la elección de este cargo requiere tres quintas partes del pleno del Parlament y la polarización de la Cámara provocada por el procés independentista ha impedido consensuar un sustituto, al igual que ha pasado en otros órganos que dependen del Parlament, como los miembros de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales o la Sindicatura de Cuentas.
Contra la sentencia del 1-O
Además, Ribó ha asumido un destacado protagonismo los últimos años, denunciado repetidamente la violencia policial del 1-O o la existencia de presos políticos, lo cual ha provocado que se convirtiera en objeto de las críticas de algunas de las formaciones de la Cámara.
En el informe que ha presentado hoy, entre otras cuestiones, ha insistido en describir la condena de los presos del 1-O como "una de las mayores injusticias que se han cometido desde la muerte del dictador", ha considerado que las penas impuestas son "absolutamente desproporcionadas" y ha insistido en reclamar la amnistía para superar el conflicto.
La oposición pide el relevo
En las intervenciones de los grupos posteriores a la exposición del informe, la diputada socialista Marta Moreta le ha recordado que lleva diecisiete años en el cargo, le ha acusado de actuar sin objetividad e independencia, defendiendo al Govern y no a los ciudadanos. "Ya tendría que haber dimitido", ha reprochado.
También el cupaire Carles Riera ha lamentado que no se haya renovado el cargo y ha reclamado que se haga de manera urgente, a pesar de hacer una valoración positiva de su trabajo.
Juan Carlos Gallego, en nombre de los comuns, ha reclamado buscar el más amplio consenso de los grupos para renovar el cargo, junto con el resto de órganos pendientes, y ha reprochado que Catalunya no puede depender de la buena o mala relación entre ERC y Junts para sacar adelante eso.
Blanquear el separatismo
Desde Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, le ha acusado de eternizarse al cargo y ser un síndico "de la parte de la ciudadanía que profesa la fe independentista".
La popular Lorena Roldán ha ironizado que "como blanqueador del separatismo es más efectivo que la lejía. Es el Mr. Proper del separatismo".
Sergio Macián de Vox le ha tildado de correa de transmisión del Gobierno independentista y ha defendido suprimir la figura del Síndico por considerar que provoca duplicidad con la de Defensor del Pueblo español.