El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha denunciado las presiones que sufrió el penalista de la Comisión de Venecia que redactó el informe de marzo pasado sobre la reforma de la ley del Tribunal Constitucional del gobierno de Mariano Rajoy, que otorga al Alto Tribunal la capacidad de inhabilitar cargos públicos, y en el cual le pedía que lo reconsiderara. La comisión también ha respondido recientemente por carta al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la cuestión del referéndum, aconsejando que lo pacte con el gobierno de Madrid.

El redactor del informe, un prestigioso penalista italiano, explicó a Ribó que "nunca había tenido tantas presiones por un informe". El síndic, que asistió a las reuniones de trabajo de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, lo reveló este lunes durante su comparecencia en la comisión del Síndic de Greuges del Parlament. Ribó presentó el informe "Retrocesos en materia de derechos humanos: libertad de expresión de los cargos electos y separación de poderes en el Reino de España".

(Vean a partir del minuto 06:00 las declaraciones de Ribó sobre la Comisión de Venecia)

Ribó señaló, en respuesta al portavoz de Cs Carlos Carrizosa, que él, que nunca ha dicho que "la democracia española sea como la turca", sintió "vergüenza" en su calidad de ciudadano español al ver que en el orden del día de los trabajos de la comisión, que vela por la democracia en Europa, el caso de España figuraba al lado de los de Turquía, Hungría y Polonia, países con gobiernos autoritarios y populistas.

Fundación Franco

Ribó también hizo referencia al tratamiento del franquismo por la democracia española, y en alusión a las subvenciones recibidas por la Fundación Nacional Francisco Franco se preguntó si en Alemania o en Italia podría haber "una fundación que se llamara Adolf Hitler o Mussolini y que recibiera dinero público. Estamos hablando del año 2017", dijo. "Eso es un clara regresión de las libertades democráticas", añadió.

Operación Catalunya

Además, también abordó la denominada Operación Catalunya, centrada en las maniobras policiales y judiciales contra los líderes independentistas. Ribó se preguntó "quién ha asumido la más mínima responsabilidad" por los informes de la UDEF en plenas elecciones y responsabilizó directamente al Ministerio del Interior, en alusión a la etapa de Jorge Fernández Díaz y las conversaciones con el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso. "Desde el departamento que recibe el depósito de confianza democrática de todos los ciudadanos para renunciar a la violencia se conspira con todos los instrumentos del Estado para combatir adversarios políticos", afirmó.

El informe del Síndic

El informe sobre retrocesos en materia de Derechos Humanos elaborado por la Sindicatura de Greuges, y que Ribó entregó a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell -imagen-, considera que en el reino de España "se detectan regresiones democráticas" en varios ámbitos. Éstas, "afectan a los derechos y las libertades fundamentales reconocidos tanto en el marco jurídico estatal como internacional", los cuales "tienen una incidencia especial en Catalunya".

Las citadas "regresiones" se originan en leyes aprobadas por el Parlamento español, entre las cuales el informe cita la última reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana o el Código Penal, "en la interpretación que se hace en sede judicial, en la vaguedad y la falta de concreción de algunos tipos penales y en la utilización del Código Penal como instrumento disuasivo".

El informe también destaca que desde varias instancias internacionales -GRECO, la citada Comisión de Venecia y el relator de las Naciones Unidas- se han pedido reformas a las autoridades españolas para "garantizar la separación de poderes".

Según el texto, en los últimos tiempos hay "claros exponentes que ponen de relieve un debilitamiento de la separación de poderes en España". "Uno de los más relevantes es la reforma de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que permite que el TC aplique medidas ejecutivas para obligar el resto de poderes a cumplir sus sentencias", señala el documento.