Con toda probabilidad la de este jueves, después de 17 años, ha sido la última intervención del actual Síndic de Greuges, Rafael Ribó. La candidata que le tomará el relevo, propuesta por PSC, ERC y Junts, Esther Giménez-Salinas, tendrá que comparecer ante la comisión del Síndic de Greuges para que este envíe un dictamen, y después tendrá que ser votada en un pleno del Parlament. La comparecencia de este miércoles de Ribó en sede parlamentaria ha sido presentar su informe del año 2021, de casi 400 páginas. No se ha detenido a dar datos sobre el qué recoge el documento, sino que más bien ha hecho pinceladas de varias cuestiones y ha querido dejar un mensaje claro, en referencia a la represión del estado: "No es normal. Para este Síndic es indignante que haya cargos electos con causas pendientes ante los tribunales. Es indignante también cuando el Consejo de Europa está diciendo que se tiene que acabar. Es que no se lo inventa el Síndic, es la asamblea parlamentaria europea".

Durante los últimos años Ribó ha hecho múltiples informes criticando la persecución contra el independentismo. Más allá de la cuestión nacional, en su intervención de este miércoles ha hecho mención a un nuevo récord de quejas que recibió en el ejercicio pasado el Síndic, un hecho que ha considerado preocupante porque las cifras tendrían que ir disminuyendo. También ha subrayado como desde su equipo han aumentado el número de informes librados a la Cámara, y han acortado el periodo de respuesta a las quejas de la ciudadanía, aunque ha asegurado que este acortamiento no es suficiente. Ha censurado que el Govern esté lejos de haber alcanzado una igualdad en la educación, ha reivindicado más acompañamiento a las personas mayores, más presencia de vivienda social, y preservar el territorio.

Las respuestas de los grupos han sido diversas. ERC, Junts, CUP y Comuns han aprobado la gestión del Síndic mientras que el PSC, Vox, Ciutadans y PP han decidido suspenderlo. En el bloque de los que han reconocido su trabajo, la diputada republicana Najat Driouech ha señalado que los informes que ha hecho la Sindicatura han sido de una "utilidad muy grande" para todos los diputados y diputadas, y ha compartido algunas de las preocupaciones expresadas por Ribó especialmente en el ámbito social, ya que ha asegurado que el objetivo del actual Govern es mejorar el bienestar de todas las personas del país. Desde Junts, Joaquim Jubert ha compartido muchos de los incumplimientos que el informe del Síndic recoge en materia de la gestión de la Generalitat, pero ha asegurado que muchas de estas cuestiones no se pueden desarrollar porque Catalunya recibe poco recursos del estado, un estado que no cumple con sus "compromisos con el territorio".

Desde la CUP, el diputado Carles Riera ha recuperado las reivindicaciones del Síndic especialmente en materia social, y así, ha aprovechado para recordar que los desahucios han aumentado, que la pobreza energética está en aumento, como también lo está la violencia machista, el racismo institucional y el crecimiento de la extrema derecha; por todo ello, ha recordado que "el problema estructural es el capitalismo", y ha pedido que las instituciones sean "muros de defensa de los derechos ante el régimen del 78". Joan Carles Gallego de los comuns, por su parte, ha asegurado que el informe es útil porque recopila agravios y anuncia respuestas, y que da ideas y elementos a los diputados para hacer actividad política, por eso ha querido felicitarlo por el buen trabajo y ha instado a que la siguiente Síndica tome nota.

En el bloque del no, los cuatro partidos, PSC, Vox, Ciutadans y PP, han cargado contra el Síndic por representar los intereses independentistas. Óscar Aparicio (PSC) le ha criticado el sesgo independentista y le ha reprochado una Sindicatura "muy cerrada en sí misma que no tenía en el centro el ciudadano". El ultra Sergio Macián ha dicho que la Sindicatura "huele a naftalina ideológica con dosieres en defensa de Puigdemont, Torra, Junqueras y compañía". Desde Ciutadans Nacho Martín Blanco le ha criticado no haber condenado ataques contra los partidos constitucionalistas y le ha pedido que no se marche contento de su trabajo, mientras que finalmente Lorena Roldán del PP le ha dicho que cuando "los no nacionalistas" necesitan amparo, tienen que acudir al Defensor del Pueblo.