En un fin de semana de nuevas movilizaciones contra el Govern, el sábado para reivindicar una escuela pública de calidad y el domingo para reclamar que se abandone la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, el diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Carles Riera (1960), nos atiende en el Ateneu Barcelonàs, donde para llegar hay que esquivar calles llenas de turismo como no se habían visto desde antes de la pandemia. Después de un inicio de legislatura donde la CUP fue clave para la investidura de Pere Aragonès y un supuesto socio prioritario para el Govern, un año después las cosas son bien diferentes. La formación anticapitalista ya no se quiere situar como socia de ERC y Junts, sino como la alternativa, porque considera que todo lo que se pactó se ha incumplido, y más ahora que los tribunales están atacando con más fuerza que nunca la inmersión lingüística en el país y no se están dando alternativas para combatirlo. Riera lo tiene claro: Pere Aragonès tiene que someterse a una moción de confianza lo más pronto posible, la respuesta al CatalanGate está siendo insuficiente, la mayoría del 52% no trabaja para la autodeterminación y, si no hay voluntad de desobedecer a los marcos que impone el estado, a la CUP no la encontrarán en la gobernabilidad de Catalunya. Al acabar la entrevista, bromea que es una de las más largas que le han hecho nunca, y es que hay que aprovechar cuando alguien está dispuesto a explicarse con tiempo y profundidad...
Un día antes de presentarse la reforma de la ley de Política Lingüística la CUP presentó su propia propuesta, due planteaba establecer el catalán como "única" lengua vehicular. Es una propuesta que si se llegara a aprobar, el Tribunal Constitucional la tumbaría. ¿Por qué la propusieron a pesar de saber eso?
Sabemos que nuestra propuesta nos confronta con el TSJC y con el TC, pero no estamos aquí para hacer que el Parlament acate la represión, sino para defender los derechos sociales, civiles y políticos de la gente de nuestro país. Tenemos que asumir el conflicto y la confrontación que implica defender el catalán en la escuela como un derecho fundamental. La propuesta de la CUP es que la respuesta a la sentencia del 25% se tiene que acordar con la comunidad educativa y el movimiento en defensa de la lengua, y todo aquello que no esté consensuado con la comunidad educativa y la sociedad civil no lo avalaremos.
Una vez Junts se ha desmarcado de la reforma de la ley de Política Lingüística, han instado en ERC, Junts y Comuns a sumarse a su propuesta, vetando al PSC. ¿No quieren a los socialistas en el consenso por la defensa de la inmersión?
Hay un gran consenso social a favor de la inmersión y en todo caso la crítica que hay que hacer es en las políticas educativas que se han hecho en el país en los últimos años, en los que la inmersión no se ha aplicado porque no se han dedicado bastantes esfuerzos políticos ni recursos educativos. Lo que no se puede hacer es obtener un consenso mayoritario en el Parlament que vaya en contra del consenso social mayoritario. La Generalitat tiene que llegar a un acuerdo con la comunidad educativa y trasladarlo al Parlament, y los partidos, incluido el PSC, tendrán que decidir si están con los consensos sociales o en contra de estos.
¿Cree que ahora que Junts se ha desmarcado, ERC seguirá con la reforma?
El acuerdo se hizo de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad civil organizada en defensa de la lengua. Es un acuerdo muerto, de pasillos, de despachos y partidos que por más que tengan mayoría en el Parlament, va en contra de la mayoría y el consenso social. Es una proposición de ley que compra la tesis principal de la sentencia del TSJC: que el castellano se vuelva vehicular. Ya no es sólo el TSJC que se carga la inmersión, es la Generalitat que pretende acabar con el modelo de la inmersión acatando en contra de los consensos sociales. Es obvio que la propuesta no podrá llegar a buen puerto porque es un despropósito político y jurídico. Tenemos que hacer valer la respuesta que ha hecho la comunidad educativa y el movimiento en defensa de la lengua, que han hecho traquetear y resquebrajar el acuerdo, hasta el punto de que Junts se ha descolgado. Confiamos en que ERC, PSC y Comuns den por acabada esta propuesta y acuerden con la comunidad educativa una respuesta para blindar la inmersión en los centros educativos.
¿Por qué cree que ERC y Junts quisieron cocinar esta reforma?
Es lo mismo que están haciendo en el conjunto de la legislatura desde que se inició. Las políticas que desarrollan son de consensos con el estado y las grandes patronales, con macroproyectos como los Juegos Olímpicos de Invierno, políticas macroeconómicas, el debilitamiento progresivo de los servicios públicos y ningún tipo de agenda para la autodeterminación y la independencia. No están haciendo ninguna actuación política que plante cara al estado y a la represión. Lo hemos visto con la vivienda y ahora lo vemos con la lengua, por eso optan por adaptarse a la sentencia y no confrontarla. Nos hemos quedado solas defendiendo que el catalán sea la única lengua vehicular.
Si tuviéramos la Conselleria de Educació, asumiríamos todas las responsabilidades políticas, jurídicas e institucionales contra la aplicación de la sentencia del 25%
Josep Gonzàlez-Cambray ya ha avisado que posiblemente dé orden a los centros de cumplir el 25% para salvarlos de cualquier ataque represivo, ya que el TSJC, más allá de ir contra la Conselleria, también ha avisado de que actuará contra los centros.
Sin duda, lo que haríamos nosotros si tuviéramos la Conselleria de Educació es aplicar la inmersión en todo el territorio a fin de que el catalán sea un derecho para todo el mundo. En segundo lugar, daríamos instrucciones a las escuelas de no aplicar la sentencia del 25%. Tercero, aportaríamos a las escuelas todos los recursos económicos, organizativos y educativos necesarios para poder desarrollar de manera óptima la inmersión y el aprendizaje de las lenguas. Cuarto, dialogaríamos y negociaríamos con la comunidad educativa y el comité de huelga para revertir los recortes y dotar a las escuelas y profesorado de los recursos necesarios para hacer su tarea. Y, en quinto lugar, asumiríamos todas las responsabilidades políticas, jurídicas, institucionales y judiciales que eso derivara, porque es una instrucción que daríamos nosotros. Hay mecanismos jurídicos que permiten que en un momento dado la Conselleria asuma responsabilidades de las direcciones de los centros, y eso es lo que pedimos. Lo que no podemos tolerar es que la Conselleria de Educació acabe dando instrucciones a las escuelas, no sólo obedeciendo la sentencia, sino aplicando a la política lingüística de Ciudadanos. Todo eso tiene que ir acompañado de una movilización nacional.
Lo que se hizo en las Illes Balears con la huelga docente es un ejemplo a seguir. Sólo desde la lucha popular y social conseguiremos bloquear la represión lingüística del estado
Hacen llamamientos a la movilización, pero a estas alturas sólo se han producido jornadas concretas de huelga que no han conseguido el efecto deseado. ¿Hace falta una respuesta más potente, como por ejemplo fue la huelga indefinida de docentes de las Illes Balears contra el trilingüismo de José Ramón Bauzá?
Lo que se hizo en las Illes Balears es un ejemplo a seguir y un referente. Nosotros estamos poniendo todos los esfuerzos y la capacidad política y organizativa al servicio de la comunidad educativa, las asociaciones de familias y los sindicatos de profesorado y de estudiantes, para que en los días que vienen empiecen a aparecer iniciativas nacionales y locales de respuesta a esta sentencia. Es imprescindible que sea todo el país el que se movilice para construir unidad popular enfrente de las políticas de represión lingüística del estado. Sólo desde la lucha popular y social conseguiremos bloquear la represión lingüística del estado, el despropósito del acatamiento de la Generalitat y crear las condiciones para desarrollar una política de defensa del catalán en la escuela.
Vamos del Catalán al CatalanGate. Se ha puesto en marcha una respuesta conjunta del independentismo con querellas y exigencia de asunción de responsabilidades. ¿Esperan resultados?
Del estado no esperamos nada. Sin embargo, tenemos que seguir señalando, acusando, denunciando y exigiendo responsabilidades.
¿La Generalitat está siendo lo bastante contundente en la respuesta?
No. Es más, observamos con mucha preocupación un progresivo rebajamiento del tono en la Generalitat y ERC a partir del relevo al frente del CNI. No podemos aceptar de ninguna manera que el Govern considere que los derechos fundamentales que han sido vulnerados sean una moneda de cambio para las negociaciones de sus intereses políticos con el gobierno del estado. Los derechos básicos no son negociables. El CatalanGate ya ha enterrado la mesa de diálogo, pero si vamos más allá, hay que suspender todas las relaciones políticas e institucionales con el estado español. ¿A cambio de qué están negociando nuestros derechos? Si lo están haciendo, que sepan que no nos representan. Como mínimo, no en el nombre de las personas espiadas.
Otro tema de actualidad que estallará de aquí poco en el Parlament es la apertura del juicio oral a la presidenta Laura Borràs por la causa de la Institució de les Lletres Catalanes. La CUP todavía no ha decidido si blindará su escaño o si hará cumplir el reglamento de la Cámara. ¿A qué esperan para pronunciarse?
Esperamos a la apertura del juicio oral para conocer el fondo de la cuestión, la naturaleza y los elementos de la acusación y la defensa. Desde los principios del no a la represión y el no a la corrupción, tomaremos la decisión que pertoque.
Nunca el hecho de ser independentista puede dar ningún tipo de aval o legitimización ante posibles infracciones en la gestión de los recursos públicos
¿Pero entonces, cuando se abra juicio oral, defenderán preservar o cancelar su escaño, de acuerdo con el artículo 25.4 del reglamento del Parlament que su grupo incorporó a la norma de la Cámara?
No renunciamos ni renunciaremos a la existencia de este artículo, sin embargo en el caso de Borràs puede haber elementos de persecución política pero es evidente que los hechos por los cuales se pretende juzgarla no son de naturaleza política, sino que tienen que ver con la gestión pública, y eso da complejidad al caso. Queremos esperar a que se abra el juicio oral. Lo que tenemos claro es que no podemos avalar ninguna forma de represión al independentismo, ni tampoco de corrupción o de infracción en la gestión de los recursos públicos. El hecho de ser independentista nunca puede dar ningún tipo de aval o legitimización.
También su compañera Eulàlia Reguant tiene una causa abierta para no responder a Vox durante el juicio al procés. El intento de preservar el escaño de Pau Juvillà acabó causando un fuerte malentendido entre los tres partidos independentistas, cómo se tendría que actuar si Reguant acaba siendo inhabilitada?
El caso de Juvillà nos da muchos aprendizajes y tenemos que aprender las lecciones. La unidad del independentismo contra la represión fue débil a la hora de responder al caso de Juvillà, y ahora ante cualquier nuevo ataque represivo tendremos que mejorar esta unidad política, pero también social. Queremos llevar el caso de Reguant hasta las últimas consecuencias políticas con la doble voluntad de denunciar el fascismo y también los déficits democráticos del estado, pero no lo tenemos que hacer con medidas individualistas o partidistas, sino con medidas colectivas. En este caso, actuando bajo el antifascismo, poniendo al estado delante del espejo y alcanzando la máxima unidad y consenso posible.
¿Cuándo se llegará a un acuerdo para resolver la anomalía de las dietas del Parlament?
Somos el único grupo que ha propuesto la reducción de las retribuciones, ya que siempre hemos defendido la reducción de entre un 15 y 20% del salario de los diputados, que son excesivos. Sugerimos que en el apartado de dietas y desplazamientos sólo se cobre presentando un ticket que lo justifique, y que la retribución que se cobra por representación política pase a la nómina y tribute debidamente. Una tributación que tendría que pagar el diputado, no el Parlament. Estamos solos a la hora de hacer la propuesta, lo hemos formalizado y registrado en la Mesa y el resto de partidos se han negado a discutirlo, porque nos dicen que no es una propuesta de consenso y que están trabajando otras en un grupo de trabajo que supuestamente se reúne desde hace meses, pero del cual no sabemos ninguna propuesta.
¿No forman parte de este grupo de trabajo?
Nadie nos ha convocado a ninguna de sus reuniones, no conocemos ni la agenda de reuniones ni los resultados de los trabajos, a pesar de ser el único grupo que ha registrado una propuesta. La verdad es que no existe voluntad de los partidos para solucionar esta situación.
Borràs aseguró que había trasladado una propuesta antes del verano, pero que son los grupos los que tienen que acordarla...
Nosotros no conocemos ninguna propuesta de nadie, más allá de opiniones personales. Ninguna propuesta. Sí que sabemos que Borràs ha dicho que ha renunciado a sus dietas por desplazamiento. Nosotros hemos preguntado en dos ocasiones a los servicios jurídicos del Parlament cómo proceder para valorar la posibilidad de renunciar a estas dietas, la última vez con un correo electrónico enviado el 20 de abril, pero no tenemos respuesta. Sea como sea, la solución no es que Borràs o nueve diputados de la CUP renunciemos. Lo que hace falta es una solución institucional que la mayoría de partidos del Parlament no quiere asumir.
Esta es una de las batallas de la CUP en la Mesa del Parlament. ¿Qué otros objetivos se fijan ahora que forman parte de este órgano rector por primera vez?
Estamos en la Mesa para asumir todas las consecuencias represivas que implique. Desde un primer momento dijimos que íbamos a la Mesa para que en el Parlament esté garantizado que se puede debatir de todo, sin restricciones. También, para facilitar la tramitación de todas las medidas de defensa de derechos sociales y políticos, aunque choquen con la legislación del Constitucional o con las sentencias que los tribunales españoles quieran hacer en contra del ejercicio de derechos. Y finalmente, para poner transparencia, luz y taquígrafos, luchando contra los privilegios de los diputados y altos cargos. Hay que poner ética a la cámara.
¿Cree que se ha notado la presencia de la CUP por primera vez en la Mesa en este primer año?
No dejamos de picar piedra y de insistir persistentemente. Es una piedra que cuesta mover, porque chocamos con una cultura política muy contraria a nuestros planteamientos y ciertamente no es fácil, pero seguiremos picando piedra para ir deshaciendo la roca y, si podemos, desplazarla. Los partidos mayoritarios del Parlament y el Govern lo que están haciendo es gestionar el statu quo, la autonomía, y mantener sus intereses, negocios y agendas por encima de aquello que tendría que ser una agenda de cambio y transformación. Seguiremos insistiendo para romper dinámicas como la que acabamos de vivir, donde ERC, Junts y PSC se han repartido más de 100 cargos institucionales a la vieja manera del pujolismo.
Nuestra fuerza en las instituciones siempre está directamente relacionada y vinculada a la fuerza y la capacidad de las luchas y de los movimientos sociales
Dice que chocan con una cultura política muy contraria a que cuesta cambiar. La CUP decidió llevar la militancia de las calles a las instituciones, y de esta decisión seguro que han de lidiar a menudo con contraadiciones internas. ¿Cómo las gestionan?
Afortunadamente en estos momentos tenemos una respuesta no sólo mayoritaria, sino bastante unánime dentro de nuestro movimiento político, y es que estamos en las instituciones y en el Parlament para generar un gran cambio que nos lleve a la autodeterminación y la independencia, a políticas de izquierdas y de justicia social, que permitan combatir el capitalismo en nuestra casa y avanzar hacia el proyecto de los Països Catalans independientes, socialistas, ecologistas y feministas. Sabemos, sin embargo, que nuestra fuerza en las instituciones siempre está directamente vinculada a la fuerza y la capacidad de las luchas y movimientos sociales. Nuestra misión es llevar estos objetivos y luchas al Parlament y las instituciones. Sabemos que cuando eso encaja bien, podemos tener victorias y generar cambios. Es difícil y lento, pero sabemos que nuestra lucha tiene mirada a largo plazo, y que los cambios no serán de hoy para mañana. Confiamos en la fuerza de la gente. Somos el caballo de Troya dentro de una institución que ha traicionado la propia investidura y ni avanza hacia la autodeterminación, sino que aplica las políticas de siempre. Nosotros somos la alternativa, la única fuerza política que plantea una alternativa social.
Los Comuns están teniendo una posición muy moderada con el CatalanGate. Parece que para ellos eso no es motivo suficiente para impugnar al estado y el régimen
Algunas de las luchas que plantea también caracterizan en los Comuns. ¿Por qué no colaboran más con ellos en las instituciones?
Con los Comuns coincidimos en algunos movimientos y luchas sociales. A menudo votamos las mismas cosas en materia de políticas públicas, salud y educación, tanto en comisiones como en plenario. Sin embargo, desde que están en el gobierno del estado, han acabado avalando políticas que los apartan de cualquier agenda verdaderamente de izquierdas o de cambio: la agenda del 15-M. No es sólo que no defiendan el objetivo de la independencia y que en la práctica hayan renunciado al derecho a la autodeterminación, sino que directamente ya ni hablan de referéndum. En última instancia, siempre salen a rescatar el estado, y el último ejemplo es el CatalanGate, donde están teniendo una posición muy moderada. Parece que, para ellos, eso no es motivo suficiente para impugnar el estado y el régimen.
Con quien hace aguas la relación es con el Govern. Pasaron de ser socios prioritarios a estar excluidos en la reforma de la ley por el catalán, por ejemplo. Al inicio de la legislatura, hace poco más de un año, parecía que tenían que ser los socios prioritarios del ejecutivo...
Nosotros no nos hemos movido del sitio donde estábamos, es el Govern que se ha apartado del discurso inicial el día del debate de investidura. La CUP no es el principal socio del Govern porque con quien la Generalitat pacta la mayoría de sus políticas es con el PSC, y eso dice mucho del enfoque de la legislatura. La CUP tampoco es el principal socio del Govern porque no queremos serlo. No somos socios, somos la alternativa. ¿Quién, si no la CUP, planteará este giro a la izquierda en las políticas públicas de defensa de los servicios públicos, de la educación, en la defensa del territorio, en la redistribución de la riqueza? ¿Quién, si no la CUP, defenderá la agenda de la confrontación con el estado para defender la autodeterminación? ¿Quién, si no la CUP, estará defendiendo el movimiento por la vivienda, luchando contra los desahucios?
¿Así, no volveremos a ver buena relación esta legislatura entre los tres partidos independentistas?
En estos momentos no existe un 52% independentista en el Parlament de Catalunya porque el Govern de Junts y ERC no está desarrollando ninguna agenda independentista ni para la autodeterminación. Al contrario, el Govern no sólo no tiene ninguna agenda para ejercer la autodeterminación, sino que ERC insiste y persiste a pesar del CatalanGate en el diálogo con el estado, mientras que Junts sigue sosteniendo todas sus alianzas con el estado con el fin de defender sus negocios en Catalunya: los Juegos Olímpicos, Barcelona World, la ampliación del aeropuerto...
Instamos a Pere Aragonès a presentar la moción de confianza lo más pronto posible. Los dos años que pedía ya no existen
¿Qué tendría que cambiar para que la CUP no reclame una moción de confianza a Pere Aragonès como se pactó en el acuerdo de investidura?
Si Aragonès ha cambiado el rumbo y ha decidido no cumplir con el acuerdo de investidura, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Lo instamos a presentarla lo más pronto posible, y sabe que no tendría nuestro apoyo en estos momentos. El Govern pedía dos años para presentar los resultados de la mesa de diálogo. Esta mesa ya no existe, así que los dos años se han acabado y es necesaria la cuestión de confianza.
¿Dan por acabado cualquier posible apoyo al Govern?
Somos alternativa y son los otros partidos los que tienen que reflexionar sobre dónde están. Nosotros mantenemos las posiciones, y estamos con la disposición de asumir cualquier responsabilidad con todas las consecuencias represivas, siempre que se trate de llevar estos objetivos hasta las últimas consecuencias.
Con todas las consecuencias. ¿La CUP se ofrecería a asumir la Conselleria de Educació para desobedecer la sentencia del 25%?
Nos ofrecimos a asumir la presidencia del Parlament para desobedecer y no acatar las imposiciones del estado que quería inhabilitar a Pau Juvillà. Siempre hemos dicho que si de lo que se trata es de ruptura democrática con el estado español y defender derechos, estamos dispuestos a asumir todas las responsabilidades con todas las consecuencias.
Durante esta legislatura han puesto en reiteradas ocasiones encima de la mesa la necesidad de preparar un nuevo referéndum. ¿Qué pasa con el 1 de octubre?
Hay que volver a un nuevo ciclo de movilización social masiva, porque fue el ciclo de movilización previo al 1 de octubre el que generó la presión institucional suficiente para que partidos e instituciones se adaptaran a la agenda de la autodeterminación. El 1-O ya lo hicimos y lo ganamos, como también ganamos el 3-O. Pero no es suficiente, tenemos que hacer más, ya que la autodeterminación no se obtiene con un solo acto, sino por una acumulación y suma de múltiples acontecimientos, siendo cada vez más fuertes y potentes para tumbar el tablón de ajedrez a favor nuestro. Necesitamos acumular más revueltas y resoluciones democráticas.
Volver a un nuevo ciclo parece prácticamente imposible hoy día
Tenemos que generar un nivel de conflicto grande, de revuelta e insurrección democrática, que haga irreversible e imprescindible que la única solución sea poder votar. Tenemos que generar un conflicto tan enorme como el 1-O o como el de la lucha contra las sentencias del Supremo, que haga insoslayable e inevitable que una parte suficiente de la comunidad internacional obligue a una solución democrática que tiene que pasar por que la gente vote. Tanto en la defensa del derecho a la autodeterminación, como en la defensa de derechos fundamentales, el catalán en la escuela o el derecho a la vivienda, tenemos que hacer evidente que ni la Constitución ni las normas españolas son marcos, así que tenemos que traspasar los límites que nos impone el Gobierno, el TC y el TSJC, y hay que asumir las consecuencias políticas y represivas que eso comporte. Por suerte, tenemos relevos y somos un movimiento amplio: si nos giran a una, vendrá otra.
¿Cuándo tendremos noticias de la carrera de la CUP a las elecciones municipales de Barcelona?
Nuestro objetivo es volver a entrar en el Ayuntamiento, y la CUP de Barcelona trabaja intensamente desde hace meses. A finales del mes de mayo o comienzos de junio empezaremos a tener buenas noticias sobre una alternativa a Barcelona.